Encierros, hacinamiento y explotación: procesaron al pastor acusado de trata
Bajo los delitos de trata laboral y privación de la libertad, está acusado de aprovecharse a lo largo de 20 años de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La captación de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de tratamientos de rehabilitación de adicciones que implicaban prolongados encierros dispuestos sin ningún tipo de orden judicial o médica para luego avanzar hacia una explotación laboral es la acusación que recae sobre el pastor evangélico que semanas atrás fue detenido en Mar del Plata y que esta semana fue procesado por la Justicia Federal por nueve casos de trata laboral, siete de privación ilegítima de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina, además de comercialización de fauna silvestre y maltrato animal. Investigan posibles casos de abuso sexual.
El caso se conoció a principios de este mes a partir de varios allanamientos llevados adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como parte de la investigación encabezada por la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y del Juzgado Federal N°3 de Santiago Inchausti, quien esta semana procesó con prisión preventiva al pastor de 58 años.
La medida fue dictada por nueve casos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por ser el imputado ministro o autoridad de culto, por mediar engaño y amenazas, por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad y de una persona con discapacidad.
También se le suma la acusación de privación ilegítima de la libertad cometida mediante amenazas en un caso y con fines religiosos en siete casos, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre respecto de 97 animales y maltrato contra 154 animales.
Además de dictar su procesamiento, el juez Inchausti trabó embargo en los bienes del imputado por $27 millones.
Según la acusación sostenida por los investigadores, el imputado -que está cargo de un instituto perteneciente al programa de Institutos Bíblicos por Extensión del Departamento de Educación Cristiana de la Unión de las Asambleas de Dios- captaba y acogía a las víctimas al menos desde el año 2001 a través del denominado Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), conocido como “Hogar” -ubicado en Génova 8149-, y en la iglesia “El Shaddai” de Brumana 2261, donde oficiaba como pastor. Los dos lugares no contaban con habilitación y fueron clausurados al momento de los allanamientos.
¿Quiénes eran las víctimas? “Jóvenes en situación de vulnerabilidad, con consumo problemático de estupefacientes o alcohol, quienes debían realizar venta ambulante de panificados, de productos de limpieza y plantas y la atención comercial de una forrajería, como parte de un tratamiento de rehabilitación”, describieron desde la fiscalía. Previo a ello, explicaron, eran sometidos a un encierro en la institución sin contacto con el exterior por el término de 45 días.
“El encausado actuaba bajo el pretexto de un tratamiento terapéutico destinado a personas con consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, que no era tal en la práctica, imponiendo sus normas y restricciones, y obligándolos a trabajar para su beneficio personal”, definió el juez Inchausti en el procesamiento.
Y en torno a las víctimas describió como elemento común su “situación de vulnerabilidad social, económica y de salud en que se hallaban en virtud del consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, la falta de alternativas laborales y habitacionales, la edad y la falta de vínculos familiares sólidos”.
En torno al accionar del pastor en Mar del Plata, planteó que “bajo el manto de un aparente ‘tratamiento de rehabilitación de adicciones’ inexistente” prohibía el contacto con el exterior de las personas alojadas en el “Hogar” durante 45 días y, transcurrido ese plazo, “comenzaban las salidas laborales (para la realización de actividades en beneficio del nombrado, quien además les administraba el dinero), que siempre debían ser autorizadas por el nombrado, y cumplidas con el acompañamiento de otra de las personas que vivían en el lugar”.
Asimismo, puntualizó que los encierros eran dispuestos por el pastor “sin ningún tipo de orden judicial o médica que los avalara, sin control ni garantías” y en el caso de una de las víctimas señaló que la mantenía en el lugar “bajo la amenaza de recaer en prisión en caso de abandonar el ‘Hogar'”.
Es que uno de los puntos tomados en cuenta en la acusación es que ejercía influencia “por actuar en función de garante y/o referente de ‘contralor’ en procesos penales” seguidos contra las víctimas “de los que dependían cuestiones inherentes a la morigeración de prisiones preventivas, suspensiones de proceso a prueba, u otras alternativas”.
Por ejemplo, en uno de los casos investigados uno de los jóvenes había arribado a una suspensión de juicio prueba en una causa en su contra en el que como regla de conducta se le había impuesto, justamente, realizar un tratamiento para las adicciones en el “Hogar”.
En la continuidad de la investigación, desde la fiscalía a cargo de Laura Mazzaferri adelantaron que se trabaja en base a información obtención en los allanamientos para intentar esclarecer posibles situaciones de abuso sexual.
LA INVESTIGACIÓN
Desde la fiscalía explicaron que la causa se inició con una denuncia presentada el 31 de agosto del año pasado por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en la que se sostenía que parte de los negocios vinculados a la Iglesia “El Shaddai” a cargo del imputado eran una forrajería, una verdulería y un mercado, donde se desempeñaban jóvenes que no recibían pago por el trabajo que realizaban.
También planteaba que el acusado mantenía animales cautivos, especialmente aves y reptiles en peligro de extinción, los cuales comercializaba ilegalmente y que fueron encontradas durante los allanamientos llevados a cabo semanas atrás.
En la primera etapa de la investigación se ordenaron tareas de campo, se recibieron declaraciones testimoniales -incluso con reserva de identidad-, se requirieron informes y se solicitaron intervenciones telefónicas y una primera serie de allanamientos fue realizada en diciembre en el “Hogar”, en la iglesia, en los domicilios particulares del pastor y de un capellán de la congregación de Mar del Plata.
En ese contexto, explicaron, se constató que los lugares donde se alojaba a los jóvenes no tenían las mínimas condiciones de habitabilidad a partir de detectar “falta de espacio -había hacinamiento- y precarias condiciones de seguridad e higiene’, sumado a que este sitio se encontraba al margen de cualquier tipo de habilitación estatal para funcionar como un centro de rehabilitación”.
Tras ese primer allanamiento, continuaron las medidas de prueba y finalmente a principios de agosto el pastor fue detenido en nuevos allanamientos llevados adelante en Mar del Plata, puntualmente en el “Hogar” y en la forrajería donde las víctimas debían desempeñarse.
Las declaraciones de las víctimas, informaron desde la fiscalía, dieron cuenta que los “tratamientos” tenían una duración de nueve meses y que, en los primeros 45 días, no tenían posibilidad de salir a la calle ni de utilizar medios de comunicación con el exterior, como el celular. En ese sentido, el imputado al momento prestar declaración indagatoria dijo que no permitía el uso de dispositivos porque los jóvenes “los utilizaban para comprar droga”.
Las víctimas sumaron que, luego de ese período de aislamiento, comenzaban las salidas para realizar las ventas de los productos y que, al principio, las realizaban en compañía de otra persona y que luego de un tiempo salían solas. En ese contexto también tenían prohibido el acceso al celular.
“Las víctimas tenían largas jornadas de trabajo a cambio de una ínfima porción de las ganancias, que quedaban en su mayor parte en manos del imputado. Además, debían realizar tareas de limpieza y mantenimiento no remuneradas de las instalaciones donde vivían”, describieron los investigadores y afirmaron que el imputado “realizaba descuentos, retención de dinero -entre otros conceptos, por diezmo- y aplicaba una serie castigos pecuniarios que generaban deudas en su favor, incluso respecto del dinero percibido por las víctimas proveniente de subsidios o programas sociales estatales”.
