Espionaje: a la espera de la resolución de la Cámara, un dictamen a favor de Macri
El fiscal José Luis Agüero Iturbe se manifestó en sintonía al pedido de la defensa de Macri por la nulidad del procesamiento dictado en Dolores.
Mientras se espera por la resolución de la Cámara de Apelaciones porteña en torno a la confirmación o no del procesamiento de Mauricio Macri en la causa en la que se lo investiga por el espionaje ilegal sufrido en Mar del Plata por las familias de víctimas de hundimientos -ARA San Juan, Repunte y Rigel- esta semana comenzó con un dictamen de fiscalía en sintonía con la defensa del expresidente: por cuestiones técnicas del proceso, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe se manifestó a favor de la nulidad del procesamiento dictado el 1 de diciembre.
Luego de la última audiencia, en la cual las querellas encabezadas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra pidieron la confirmación del procesamiento de Macri, antes de la resolución de la Cámara en torno al planteo de nulidad realizado por la defensa del exmandatario, se expidió la Fiscalía General.
Su titular, Iturbe, expuso entre sus argumentaciones cuestiones técnicas que se habrían incumplido con el normal desarrollo del proceso, como el no haber sido informado Macri al momento de la indagatoria de los alcances integrales de la imputación que finalmente fue parte del procesamiento. Principalmente, apuntó a la acusación de que el presidente no haya dispuesto el cese de la realización de las tareas de inteligencia ilegal y que las mismas hayan sido en conjunto con los jefes de la AFI.
Al respecto, cabe recordar que antes del traspaso de las actuaciones desde el Juzgado Federal de Dolores al de Comodoro Py, el juez de la ciudad bonaerense Martín Bava había procesado a Macri acusado por la realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público. Concretamente, por “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, al menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018”.
“La extensión de los hechos como la modalidad de su comisión difieren entre la imputación y el procesamiento“, planteó ahora el fiscal. En ese sentido, sostuvo que otros puntos utilizados por el juez de Dolores al procesar a Macri como la derogación del Decreto N°1311/2015 fue “un acontecimiento no reprochado en el acto de declaración indagatoria, siendo por lo demás un acto realizado por fuera del período enrostrado, extremos sobre los cuales el encartado no pudo efectuar su descargo”, planteó.
Es decir, más que la valoración de las pruebas y los hechos investigados, la postura del fiscal en torno al procesamiento en sí se centra en cuestiones técnicas y jurídicas por las cuales considera que se alteró la capacidad de defensa del imputado al haber “ampliado” en el procesamiento los alcances de la imputación por la que había sido indagado: “De la lectura del acta de declaración indagatoria surge que no se les informó acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes en su contra”, continúa el escrito.
Es por eso que, para el fiscal, las actuaciones de Bava al momento de procesar a Macri “acarrea la nulidad del ultimo acto por violentar el derecho de defensa“.
Frente al potencial fallo a favor de la nulidad, en opinión el fiscal general el juez a cargo actualmente de la causa –Julián Ercolini– es quien debería evaluar si procede a ampliar la declaración indagatoria de Macri con la imposición de las pruebas existentes y luego sí continuar con el proceso (un nuevo procesamiento, por ejemplo) pero de forma que “cumpla con las mandas procesales y constitucionales aquí violentadas”, apuntó.
Tras el dictamen emitido por el fiscal, ahora deberá resolver la Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia- si confirma o revoca el procesamiento del expresidente en la causa que empezó a investigarse en Mar del Plata, siguió en Dolores y ahora quedó finalmente radicada en Capital Federal.
