Espionaje a víctimas de hundimientos: el CELS insiste en ser parte de la causa
El Centro de Estudios presentó un recurso ante la Corte Suprema. Denunciaron a uno de los jueces que debe decidir si confirma o revoca el sobreseimiento de Macri.
A dos semanas de la audiencia previa a la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal en torno a los sobreseimientos dictados -entre ellos del expresidente, Mauricio Macri- por el espionaje ilegal contra las familias víctimas de los hundimientos del submarino ARA San Juan, del Repunte y del Rigel, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reiteró su pedido de ingresar a la causa como amicus cuirae, es decir, “amigo del tribunal”. Uno de los jueces que debe decidir fue denunciado por un polémico viaje a Bariloche.
El próximo 21 de diciembre se llevará a cabo una audiencia convocada por los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, en la que antes de la definición de la sala II, las querellas y la fiscalía expondrán sus argumentos para que los jueves revoquen el sobreseimiento de todos los acusados y reimpulsen la investigación que se inició originalmente en Mar del Plata, en tanto que las defensas insistirán con la confirmación de la resolución.
Antes de convocar a la audiencia, el tribunal había dictado otra resolución: el rechazo al ingreso del CELS a la causa por espionaje, luego de que el organismo se presentara ante Casación como “amigo del tribunal” al plantear que el fallo que sobreseyó a todos los acusados “viola derechos constitucionales”.
Esta semana, según pudo saber Qué digital, el CELS reiteró su pedido de ingresar a la causa como “amigo del tribunal” y, para lograrlo, formalizó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
La causa se inició cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta del espionaje ilegal -que al entender de los jueces de la Cámara porteña no fue tal- desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.
Cabe recordar que luego del paso de la causa desde Mar del Plata y luego desde Dolores a los tribunales de Comodoro Py, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires dictó en julio el sobreseimiento de todos los acusados. Luego, en la misma línea de los abogados querellantes y del fiscal ante la Cámara de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, que solicitaron anular la resolución considerando que la causa “debe ser investigada” y no “cerrada caprichosamente”, la semana pasada el fiscal ante Casación, Raúl Pleé, hizo lo propio y también requirió que se revoquen los sobreseimientos.
Ahora, la Cámara de Casación debe resolver si confirma o revoca el sobreseimiento de Macri y de todos los acusados en la investigación: los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI-, dos exjefes de Contrainteligencia y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.
La Justicia Federal con asiento en Bariloche tramita una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas en la que está involucrado Carlos Mahiques, uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación, quien protagonizó un viaje al latifundio del terrateniente británico Joe Lewis, junto a otros jueces porteños, autoridades del Grupo Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, sobre lo cual en los últimos días trascendieron chats en los cuales se organizaba el encubrimiento de la visita al británico.
Las actuaciones se iniciaron el 24 de octubre, luego de que el viaje trascendiera por primera vez y sin tantos detalles la existencia de ese viaje “exclusivo” de jueces, políticos y autoridades mediáticas a través de una nota de Página 12. Tras esa primera filtración, la abogada querellante en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas de hundimientos, Valeria Carreras, sumó el viaje a un pedido previo que había realizado para la recusación del juez por “sus vínculos con el macrismo”, aunque de todos modos no prosperó.
En ese marco, la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de María Cándida Etchepare, solicitó en un dictamen de requerimiento de inicio de instrucción a la jueza Silvina Domínguez que se declare competente en la investigación del viaje expuesto mediáticamente y propuso una serie de medidas de prueba.
