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07/11/2022

Espionaje a víctimas de hundimientos: otro pedido para anular los sobreseimientos

El Centro de Estudios Legales y Sociales se presentó como “amigo del tribunal” ante la Cámara de Casación, que debe resolver el futuro de la causa que se inició en Mar del Plata

Espionaje a víctimas de hundimientos: otro pedido para anular los sobreseimientos
(Foto: archivo / Qué digital)

A casi cuatro meses de dictado el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y del resto de los acusados por el espionaje ilegal llevado a cabo en Mar del Plata contra las familias de víctimas de hundimientos -ARA San Juan, Repunte y Rigel-, la Cámara Federal de Casación Penal es la que debe resolver el destino de la causa: si confirmará la decisión de la Cámara de Apelaciones porteña o si la revertirá tal como piden las víctimas. Y a la espera de esa decisión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó como “amigo del tribunal” para fortalecer los argumentos que tiendan a anular la decisión.

El 15 de julio los jueces porteños Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron anular el procesamiento y sobreseer tanto a Macri como a todos los acusados en la investigación: los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI-, dos exjefes de Contrainteligencia y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.

El argumento sostenido por los integrantes de la Cámara porteña para tomar esa decisión fue que no hubo delito alguno en las maniobras de espionaje llevadas adelante al asegurar que los informes de inteligencia desarrollados eran acciones contempladas en las “avanzadas” que cuidan el entorno completo de la seguridad presidencial en contraposición a lo actuado hasta ese momento por fiscales y jueces de Mar del Plata y Dolores, donde se tramitó durante buena parte de su instrucción la causa.

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Contra esa decisión se presentaron ante la Cámara de Casación tanto las familias representadas por sus abogados Valeria Carreras como Luis Tagliapietra y en el mismo sentido lo hizo el fiscal general adjunto ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, quien presentó un recurso para anular la resolución ya que entendió que se trata de una denuncia que “debe ser investigada” y consideró que “no puede ser cerrada caprichosamente” y sin analizar “el avasallamiento del derecho de las víctimas“.

Pasados los meses, y mientras se espera la decisión que deberá tomar -según publico Página 12- la sala II de Casación integrada por Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, en las últimas horas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que se presentó como “amicus curiae” (“amigo del tribunal”) para ser parte del proceso.

Así, desde el organismo confirmaron que buscan que se revierta la resolución ante la gravedad que implica la decisión en torno a la política de inteligencia. “Cuando la Cámara sobreseyó a Macri y a la cúpula de la AFI sostuvo que no fue ilegal la inteligencia que le hicieron a les familiares porque estaba involucrada la seguridad presidencial. El fallo es grave”, calificaron inicialmente desde el CELS.

Y así consideraron que en esa decisión “la Cámara convierte a la ley de Inteligencia en letra muerta” ya que “habilita a la AFI a realizar seguimientos sobre cualquiera que pretenda afectar la rutina presidencial con reclamos”. “El rol del Poder Judicial es controlar que no se cruce esta raya. No está para justificar la inteligencia ilegal que pretendió proteger al ex presidente. Lo que está protegida es la protesta social frente al espionaje estatal”, definieron en el mismo sentido.

Asimismo, reforzaron que “solo el riesgo concreto para la defensa nacional o el orden constitucional habilita las intervenciones de la AFI”.

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LA CAUSA

La causa fue derivada en febrero a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el juez de Dolores, Martín Bava, a partir de un fallo dictado a fines de diciembre la Cámara de Casación que ordenó el envío hacia esa jurisdicción de una causa conexa, es decir vinculada también al espionaje ilegal, y el mismo camino siguieron las restantes entre ellas la que se centra en las víctimas de hundimientos.

La causa se inició cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA. Esos archivos encontrados dieron cuenta del espionaje ilegal -que al entender de los jueces de la Cámara porteña no fue tal- desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte

El expresidente estuvo procesado por la realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público. Concretamente, por “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, al menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018”.

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