Espionaje: como pidió Macri, las causas se van del juzgado de Dolores a Comodoro Py
Tras un fallo de diciembre de la Cámara de Casación, el juez Bava envió los expedientes vinculados a las familias de víctimas de hundimientos y al denominado “Proyecto AMBA”.
La causa que investiga las acciones de espionaje ilegal realizadas en Mar del Plata sobre familiares de víctimas del submarino ARA San Juan y de los buques pesqueros Repunte y Rigel y la que se centra en el denominado “Proyecto AMBA” dejaron este martes el Juzgado Federal de Dolores y pasarán a tramitarse ahora en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, tal como solicitó el expresidente Mauricio Macri, que desde el 1° de diciembre está procesado en el primero de los casos junto a otros once acusados, entre ellos el ex jefe de la base marplatense de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Nicolás Iuspa Benítez.
El envío de las causas a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue resuelto este martes por el juez a cargo del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, a partir de un fallo dictado a fines de diciembre la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó el envío hacia esa jurisdicción de una causa conexa, es decir vinculada también al espionaje ilegal, en la que se encuentran acusados, entre otros, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli.
Días después Bava había enviado esa causa pero no hizo lo mismo con otras dos en las que también se investiga espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri: la que se centra en las víctimas de hundimientos y la conocida como “Proyecto AMBA”, que implicó múltiples acciones de espionaje social, sindical y político en distintas ciudades bonaerenses, entre ellas Mar del Plata.
Según informó la agencia Télam, este martes, terminada la feria judicial, el juez Bava formalizó el envío de esos dos expedientes para que todos juntos se tramiten en Comodoro Py, tal como venía insistiendo la defensa de Macri y otros acusados vinculados a su gestión. Las dos causas pasarán a manos del juez federal Julián Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio.
La causa en la que se investiga el accionar de la AFI durante el macrismo contra familiares de hundimientos se inició cuando la actual interventora del organismo presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta de un espionaje ilegal desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.
Tras el paso de la causa al Juzgado Federal de Dolores, que es subrogado por Martín Bava, desde julio del año pasado se produjeron distintas declaraciones indagatorias, entre ellas las de la cúpula de la AFI: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, quienes ya fueron procesados al igual que Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI- y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata. Algunos meses después también se sumaron como procesados dos exjefes de Contraintelidencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. Y finalmente el 1° de diciembre se revolvió el procesamiento del propio Macri.
El expresidente está acusado por la realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público. Concretamente, por “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, al menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018”.
La otra causa que también tiene fuerte vinculación con Mar del Plata se centra en el “Proyecto AMBA” que consistió en la instalación de seis bases de la AFI en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados de 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas de las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI durante 2017.
Hasta el momento en esta causa se encuentran procesadas 27 personas, entre ellas los ex funcionarios Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que encabezaron la AFI durante el gobierno de Macri, y también Iuspa Benítez de la base de la AFI en Mar del Plata.
