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19/11/2022

Espionaje ilegal: la fiscalía ratificó el pedido de revocar los sobreseimientos

El fiscal ante Casación consideró que la resolución que favoreció en julio a Macri y al resto de los acusados fue “prematura” y “carente de fundamentación”.

Espionaje ilegal: la fiscalía ratificó el pedido de revocar los sobreseimientos

Mientras se espera la definición de la Cámara Federal de Casación sobre si revocará o no el sobreseimiento dictado para el expresidente Mauricio Macri y el resto de los acusados en la causa por el espionaje ilegal realizado sobre familiares de víctimas de hundimientos, el fiscal ante esa instancia, Raúl Pleé, sumó su pedido para que se revierta la decisión tomada en julio al considerar que fue “prematura” y “carente de fundamentación”.

Luego del paso de la causa iniciada en Mar del Plata y seguida en Dolores a los tribunales de Comodoro Py, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires dictó en julio el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y todos los acusados de realizar el espionaje contra familiares del submarino ARA San Juan y de los pesqueros Repunte y Rigel.

Y en la misma línea de los abogados querellantes y del fiscal ante la Cámara de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, que solicitaron anular la resolución considerando que la causa “debe ser investigada” y no “cerrada caprichosamente”, en las últimas horas el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, hizo lo propio y también requirió a los integrantes de la sala II de Casación que revoquen el sobreseimiento de Macri y de todos los acusados en la investigación: los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI-, dos exjefes de Contrainteligencia y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.

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Según informó la agencia oficial Télam, en su dictamen el fiscal Pleé consideró que la decisión de los camaritas porteños Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fue “a todas luces prematura” y planteó que la investigación “ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación” sobre los familiares y, a su vez, no logró acreditarse que esas tareas hayan sido desplegadas para neutralizar un potencial riesgo a la seguridad presidencial, tal como argumentaron los magistrados en su decisión tomada en julio.

“Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraba reunida para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”, sostuvo el fiscal.

Al sostener la apelación presentada originalmente por su par Agüero Iturbe, Pleé remarcó que la investigación desarrollada en buena parte en Mar del Plata -hasta los cambios de jurisdicción-  “ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación sobre el grupo de allegados y familiares de las víctimas de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados Rigel y El Repunte y, en particular, del submarino ARA San Juan”.

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Y reiteró que “no ha logrado acreditarse”, como sostuvieron los jueces, que se estuviera “frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad”.

Así, el representantes del Ministerio Público Fiscal calificó la decisión de los jueces como “carente de toda fundamentación” al haber soslayado “el análisis de la totalidad de las circunstancias comprobadas en la causa que permiten quebrantar la certeza negativa requerida para el dictado de un sobreseimiento”.

Con el dictamen del fiscal ya formalizado, ahora los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma deben decidir si ratifican o revocan los sobreseimientos. Inicialmente, hace unos días rechazaron el ingreso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la causa como amicus curiae o “amigo del tribunal”.

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Desde el organismo buscaban sumar aportes para que se revierta la resolución ante la “gravedad” que implica la decisión en torno a la política de inteligencia al entender que la decisión de la Cámara porteña “habilita a la AFI a realizar seguimientos sobre cualquiera que pretenda afectar la rutina presidencial con reclamos”. “El rol del Poder Judicial es controlar que no se cruce esta raya. No está para justificar la inteligencia ilegal que pretendió proteger al ex presidente. Lo que está protegida es la protesta social frente al espionaje estatal”, definieron.

La causa se inició cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta del espionaje ilegal -que al entender de los jueces de la Cámara porteña no fue tal- desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte

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