Jueves 25 de abril | Mar del Plata
08/06/2023

Espionaje: más cambios entre los camaristas que deben revisar sobreseimientos

La Cámara de Casación apartó a Alejandro Slokar de la causa que investiga el seguimiento a familiares de víctimas de hundimientos.

Espionaje: más cambios entre los camaristas que deben revisar sobreseimientos
(Foto: archivo / Qué digital)

A poco más de un mes de su designación, el camarista Alejandro Slokar fue apartado del tribunal de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que debe revisar los sobreseimientos de los acusados, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, en la causa que investiga el espionaje perpetrado contra familiares de los hundimientos del ARA San Juan, Rigel y Repunte ocurridos en Mar del Plata durante 2018.

En julio de 2022, al considerar que las acciones se produjeron dentro de los márgenes de la “seguridad presidencial e interior”, la Cámara Federal de Apelaciones porteña resolvió sobreseer a todos los imputados que habían sido procesados en primera instancia por las tareas de seguimiento realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre familiares de hundimientos que buscaban respuestas del gobierno nacional.

Desde entonces se espera que la Sala II de la Cámara Federal de Casación analice y confirme o no si corresponde el dictado de sobreseimientos, una decisión que se demora por una serie de cambios en la conformación del tribunal que debe decidir.

Es que en primer término, el juez Carlos Mahiques fue apartado de la Sala II por pedido de las víctimas a partir de una investigación que recae sobre el juez por sus vínculos con funcionarios del PRO, entre los que se encuentra el propio Mauricio Macri. Entonces, fue designado en su lugar el juez Alejandro Slokar para integrar el tridente que debe resolver este caso por parte de la Sala II, junto a Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Slokar también fue apartado, en este caso por pedido de los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, según publicó la agencia Télam, por entender entre otras razones, que ya había sido apartado de una causa conexa que investiga maniobras del “falso abogado” Marcelo D’Alessio.

Si bien Slokar había rechazado su recusación, finalmente Ledesma y Yacobucci (junto a Daniel Petrone) consideraron que había razones suficientes para que no sea parte de la causa. Ahora, para que la Sala II finalmente pueda resolver en torno a los sobreseimientos del expresidente, los exfuncionarios y agentes de inteligencia, deberá volver a designarse ese tercer integrante.

ESPIONAJE A VÍCTIMAS DE HUNDIMIENTOS

La causa se inició cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta de maniobras de espionaje desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.

En la causa, además de Macri, están acusados los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI-, dos exjefes de Contrainteligencia y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.

Todos ellos habían sido procesados el 1 de diciembre de 2021 por el titular del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, pero después ante un pedido de los acusados -entre ellos Macri- la causa pasó a tramitarse en Capital Federal y así fue que la Cámara Federal de esa jurisdicción dejó sin efecto los procesamientos al argumentar que las acciones de seguimiento, registro de imágenes y monitoreo de las redes sociales de los familiares de víctimas de hundimientos no implicaron un delito sino que fueron actividades desplegadas en relación a la “seguridad presidencial e interior”.

Contra esa decisión fue que tanto el Ministerio Público Fiscal como las víctimas impusieron sus recursos de Casación que ahora esperan ser resueltos.

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08/06/2023