Espionaje: otro intento de apartar al juez y un nuevo rechazo antes de la indagatoria de Macri
El juez de Dolores Martín Bava rechazó la nueva presentación y deberá volver a ser analizada por la Cámara de Mar del Plata. La declaración sigue programada para el miércoles.
La causa que investiga el espionaje ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Mar del Plata a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan y de los pesqueros Repunte y Rigel se mantiene envuelta en los intentos del expresidente Mauricio Macri de apartar al juez federal de Dolores, Martín Bava, del proceso: a dos días de la nueva citación para concretar su declaración, formalizó un nuevo planteo de recusación que esta misma jornada fue rechazado por el magistrado. Una vez más, será la Cámara Federal de Mar del Plata la que deberá analizar el pedido. Mientras tanto, y tras las dilaciones, sigue prevista para el miércoles la indagatoria.
Según informó la agencia oficial Télam, Bava -a cargo del Juzgado Federal de Dolores desde diciembre tras la salida de Alejo Ramos Padilla para ocupar un juzgado en La Plata- volvió a rechazar este lunes, tal como ya lo había hecho la semana pasada, un planteo de recusación con el que Macri intenta apartarlo del caso. Esta vez el argumento de la defensa del expresidente fue el episodio de la semana pasada en la que por no haber sido relevado previamente del secreto de inteligencia finalmente terminó por suspenderse la indagatoria.
El abogado Pablo Lanusse en su presentación sostuvo que existe “parcialidad” del juez, falta de “independencia” y “prejuzgamiento” y que ello derivó en la situación del jueves. Sin embargo, el juez rechazó esos argumentos al aclarar que si citó a Macri a indagatoria sin antes solicitar que le levantaran el deber de mantener secreto de inteligencia es porque, a su criterio, no era necesario hacerlo, pero que luego lo solicitó ante el pedido formal de la defensa.
“Sobre la cuestión traída en este incidente y respecto la necesidad del relevamiento del secreto al expresidente, vale resaltar que del propio decreto dictado por el actual titular del Poder Ejecutivo surge, conforme el criterio que era sostenido por el suscripto que, al investigarse la comisión de delitos de inteligencia prohibidos por la ley y no actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional, no resultaba necesario el relevamiento en cuestión“, escribió el juez, según difundió Télam. También, entre diversos otros argumentos, sostuvo que “no ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri”.
Con el rechazo formalizado por Bava, la defensa quedó en condiciones de acudir a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, desde donde la semana pasada ya se rechazó el primer intento por apartar al magistrado del caso. Mientras tanto, para este miércoles al mediodía sigue prevista la audiencia en la que finalmente se formalizaría la declaración indagatoria del expresidente. En caso de que eso ocurra el juez quedará así en condiciones y con un plazo de dos semanas de dictar o no su procesamiento.
LA ACUSACIÓN Y PEDIDO DE NUEVAS MEDIDAS
Al expresidente Macri se lo acusa de hacer ordenado y posibilitado por lo menos entre diciembre de 2017 y finales de 2018 “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por ley consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.
La causa se inició cuando la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó en septiembre del año pasado ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos de la AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como “Proyecto AMBA”. Esos archivos encontrados dieron cuenta de un espionaje ilegal desarrollado contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes del buque pesquero Rigel y del Repunte.
Tras el paso de la causa al Juzgado Federal de Dolores desde julio se produjeron distintas declaraciones indagatorias, entre ellas las de la cúpula de la AFI: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, quienes ya fueron procesados por el juez al igual que a Eduardo Winkler -por entonces director de Reunión Interior de la AFI- y a un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata y que son identificados sólo con sus iniciales (J. J. V. C., P. J. A., A. P., C. J. G. y S. P) ya que continúan prestando servicios en la AFI.
Teniendo en cuenta que al momento de prestar indagatoria algunos de los acusados -y también Macri en declaraciones públicas- plantearon que las tareas realizadas formaban parte de la seguridad presidencial que se desplega en conjunto con la Casa Militar en lugares a los que se dirigirá el primer mandatario, la semana pasada el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, pidió nuevas medidas de prueba al juez.
Concretamente, según informó Télam, requirió que se remita “toda la normativa que regule la vinculación” entre la Casa Militar de Presidencia de la Nación y la AFI y que de “modo específico” se brinden “las explicaciones del caso -en la medida que no existan obstáculos para ello- respecto al modo en el que se operativiza la coordinación entre la referida Casa Militar y el organismo de inteligencia nacional”
Además le pidió al juez que tras recibir los elementos de prueba y de considerarlo necesario cite como testigos a las ex máximas autoridades de la AFI desde 2001 a la actualidad, a excepción de los procesados en la causa Gustavo Arribas y Silvia Majdalani “a los efectos de poder contextualizar de un modo más acabado el escenario en el que se enmarcan los hechos aquí investigados, sino también para comprobar la extensión del daño causado y, en su caso, individualizar otros autores, partícipes, encubridores o instigadores que pudieran haber tenido algún tipo de intervención”.
En concreto el fiscal pide que se detalle “el lugar que ocupa dentro de la estructura orgánica el área identificada como “Avanzada Presidencial” y cuándo se dispuso su creación”
