Jury a los jueces del caso Lucía Pérez: convocan a una audiencia preliminar
El 23 de noviembre se evaluará la acusación contra los jueces Viñas y Gómez Urso como paso previo al jury y a una suspensión de sus cargos por su desempeño.
Además del pedido de justicia, la familia de Lucía Pérez está abocada al juzgamiento de los integrantes del tribunal de Mar del Plata que absolvieron a los acusados de femicidio, en una sentencia luego revocada y por lo cual ahora se espera por la realización de un nuevo juicio. En esa búsqueda, este miércoles confirmaron que el 23 de noviembre se realizará una audiencia preliminar en la que se analizará la acusación contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas como paso previo a iniciar el jury y una suspensión de sus cargos.
Este primer paso del juicio político a los integrantes del tribunal -el tercer juez, Aldo Carnevale, se jubiló en 2019- fue confirmado por la Campaña Nacional Somos Lucía. Ese día, la audiencia se realizará desde las 11 y en el Salón Dorado del Senado Bonaerense.
Según expusieron, el Jurado de Enjuiciamiento conformado por altos funcionarios judiciales, legisladores y abogados, convocó a la audiencia en la cual se recibirá formalmente la acusación presentada por el Procurador General de la Provincia, la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense, el Defensor del Pueblo de la Provincia y la familia de Lucía Pérez.
Una vez recibida la acusación, el jurado -integrado por autoridades de la Suprema Corte y legisladores bonaerenses- deberá definir la admisibilidad o el archivo de la misma y, en caso de admitirla, comenzará el enjuiciamiento durante el cual, los magistrados pueden ser suspendidos de sus cargos hasta definir si continúan en él.
Los integrantes del TOC N°1 a cargo de la sentencia en 2018. (Foto: Qué digital)
Un “jury de enjuiciamiento” o “enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales” tiene el objetivo de investigar la conducta de los jueces y funcionarios de las instancias inferiores. Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el juez o funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, al “verificar” si subsiste la “buena conducta” que la Constitución Nacional requiere para continuar en el ejercicio de la función.
En este caso, la acusación contra Viñas y Gómez Urso se centra en la sentencia del juicio llevado adelante en 2018, en la que absolvieron de la acusación de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio a los dos acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani, aunque sí los condenó a 8 años de prisión por venta de drogas. Alejandro Maciel que estaba imputado por encubrimiento agravado y fue absuelto, murió en julio de 2020.
Sin embargo, la sentencia fue recurrida tanto por la familia de Lucía Pérez y la Fiscalía General de Mar del Plata, tras lo cual el Tribunal de Casación bonaerense decidió anular las absoluciones y ordenar realizar un nuevo juicio centrado en esa acusación, el cual estará a cargo de los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, aún sin fecha definida.
En lo que respecta al rol de los magistrados, en una de las presentaciones realizadas por parte de legisladores nacionales y la familia de Lucía contra Gómez Urso y Viñas, se acusó a los jueces de tener un temperamento “incompatible con nuestro bloque constitucional y con las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea en relación con la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales”.
Asimismo, se planteó que los jueces “han dado, como resultado, una sentencia arbitraria, en clara violación a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley 26.485″.
Luego, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura bonaerense -con competencia de jurisdicción e integrada por cinco senadores y siete diputados- hizo lo propio al formalizar una acusación en la que citan la impugnación impuesta a la sentencia por el Tribunal de Casación, y señalaron que en ella queda a la luz la utilización de “de numerosos prejuicios, estereotipos, lograda la sentencia con un carácter androcéntrico, que hace foco en la conducta de la menor prescindiendo de la correcta aplicación” de las normativas vigentes.
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