La cárcel de Batán, colapsada: prohibición de nuevos ingresos y un plan de obras
La medida fue dictada para la Unidad Penal N°15 por el crítico estado edilicio y de hacinamiento. Intimaron al gobierno provincial a brindar soluciones.
Casi 1600 personas detenidas en una cárcel que fue inaugurada hace 42 años para una capacidad de 746 y que con el paso de los años no acompañó con obras ese masivo ingreso. Pasillos y celdas sin iluminación natural e ingreso de aire, instalación eléctrica deficiente y carente de elementos de protección, baños destruidos e inutilizables, red de gas con instalaciones precarias y antirreglamentarias, instalación de lucha contra incendio totalmente inadecuada y puertas de emergencia obstaculizadas.
Esa es parte de la realidad que fue relevada por peritos de Ingeniería y Arquitectura de la Suprema Corte de Justicia en la Unidad N°15 del Complejo Penitenciario de Batán y es lo que llevó a que una jueza iniciara un habeas corpus correctivo de oficio, reuniera a múltiples actores en una audiencia y dictara una resolución con dos puntos fundamentales: intimó al gobierno de Axel Kicillof para que en no más de un mes presente un “plan de reconstrucción” y prohibió a través de una medida cautelar el ingreso de nuevas personas detenidas o condenadas.
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“Los seres humanos que se encuentran a disposición de los magistrados cumpliendo las sanciones o medidas coercitivas que se les imponen gozan del derecho a ser sometidos a condiciones carcelarias que no vulneren estándares mínimos de habitabilidad y que se correspondan con el debido proceso, en orden al trato que el Estado debe imponer, garantizando la situación de encierro carcelario, que debe imperiosamente favorecer la realización de su finalidad resocializadora por manda constitucional”, definió la jueza Mariana Irianni, desde hace algunos meses a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata y con previo paso por dos de los tribunales de juicio de mayores.
La definición la volcó en la resolución tomada la semana pasada como parte de la tramitación de un habeas corpus correctivo que ella misma inició de oficio al observar el crítico estado de la Unidad Penal Nº15 (que forma parte del complejo penitenciario de Batán junto a la Alcaidía Penitenciaria y la Unidad N°50) en diversas recorridas y actividades desarrolladas.
En esa resolución intimó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Política y Gestión Penitenciaria, a que en un plazo no mayor a 30 días (a más tardar el 3 de octubre) presente un “plan de reconstrucción” de la Unidad Penal Nº15, es decir un plan de trabajo de puesta en valor en el que se destaquen las prioridades y un cronograma de obras que se extienda a lo largo del tiempo y que permita acondicionar la unidad penal “con determinación de las empresas e instituciones que deberán intervenir en la reconstrucción y/o refacción”.
Ese plan de obras, ordenó la jueza, deberá contar con prioridades: terminar con las filtraciones de agua, demoler en el sector talleres una parte que quedó en pie tras un desmoronamiento y que presenta “compromiso estructural”, rehacer la instalación eléctrica y de gas, reforzar el sistema contra incendios y reacondicionar la red cloacal.
Y mientras eso ocurra la magistrada dispuso de manera cautelar la prohibición de ingreso de nuevos detenidos o condenados a la Unidad Penal Nº15 “teniendo en cuenta el sobrecupo existente y la cantidad de plazas disponibles”, las cuales deben ser “reducidas paulatinamente hasta un cupo a determinar” en una próxima audiencia.
Asimismo, dispuso lo mismo de manera particular para el ingreso de detenidos “que padezcan enfermedades contagiosas o que pongan en peligro la vida de las más de 2000 personas que están alojadas y/o laboran diariamente en el predio”. Es que desde la Defensoría General repararon en la existencia actualmente de tres casos de tuberculosis.
Asimismo, Irianni requirió al Jefe de la Unidad Penal Nº15 un informe del estado y evolución de los detenidos que padecen enfermedades infectocontagiosas.
“El resultado de la pericia de arquitectura y el riesgo de las condiciones de habitabilidad, hacen necesario limitar el ingreso de detenidos conforme persistan las condiciones de habitabilidad actuales y no se proyecte ordenadamente una extensión de los cupos habilitados sanitariamente. El límite se refiere al ingreso de nuevos detenidos y, especialmente, a quienes se encuentren cursando enfermedades infecciosas o infecto-contagiosas, que potenciadas por el hacinamiento podrían devenir en consecuencias indeseables”, explicó la jueza.
EL ORIGEN
Las actuaciones de oficio por parte de la jueza Irianni se iniciaron en octubre del año pasado el constatar el “deteriorado estado de habitabilidad de gran parte de la estructura edilicia” de la Unidad Penal Nº15 en el marco de una recorrida espontánea realizada y de visitas periódicas desarrolladas como parte de un programa orientado a la resocialización.
La jueza relevó, a simple vista, profundas perforaciones en los pisos de los pabellones, fisuras en los techos, derrumbes de la estructura del muro de una de las alas del sector de los talleres, pérdidas de agua, baños en un estado “de decadencia absoluta”, tendido eléctrico a la vista, caída de mampostería y rotura de vidrios.
Iniciado el habeas corpus, y también con intervención de la titular de la Defensoría General, Cecilia Boeri, se dispuso la realización de un estudio técnico que se concretó el 21 de diciembre y estuvo a cargo de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El resultado y las conclusiones se conocieron el 8 de julio y expusieron la existencia de un “deterioro generalizado de la estructura y condiciones de habitabilidad” de la unidad y señalaron distintas cuestiones a resolver de manera “urgente”
Esa urgencia derivó en la convocatoria a una audiencia concretada el 1º de septiembre en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 con participación de múltiples actores: Defensoría Oficial, Fiscalía General, sección Ingeniería y Arquitectura de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y Servicio Penitenciario Bonaerense.
También hubo representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, Obras Sanitarias, Concejo Deliberante, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, Colegio de Arquitectos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Tecnológica Nacional, y Comisión Provincial por la Memoria.
EL DIAGNÓSTICO
El estudio realizado por los peritos de la Suprema Corte bonaerense reparó en la sobrepoblación que presenta la Unidad Penal Nº15 al exponer que el edificio fue inaugurado en noviembre de 1980 para una capacidad de 746 detenidos y que en la actualidad, sin que el aumento haya estado acompañado de mayores espacios e instalaciones complementarias, se alojan allí alrededor de 1600 internos.
También calificó como “insuficiente y deficiente” el mantenimiento general con el siguiente detalles:
- Los pasillos de circulación general, las celdas y los locales de duchas y cocina carecen de elementos que permitan la iluminación natural y el ingreso de aire
- Las cubiertas de los pasillos de acceso al complejo, de los pabellones y de las circulaciones que los vinculan presentan pendientes inadecuadas o bien la membrana impermeable que cubre las losas han cumplido su vida útil
- Los desagües pluviales se encuentran tapados a nivel de cubierta, con crecimiento de arbustos y las piletas de piso ubicadas en los laterales de los pabellones (en los patios de recreación) carecen de las rejillas o tapas
- Los muros exteriores carecen de la impermeabilización necesaria que permita evitar filtraciones de agua a través de rajaduras y fisuras
- La instalación eléctrica presenta deficiencias y carencias importantes en los elementos de protección
- La instalación sanitaria cuenta con faltantes y roturas
- En la mayoría de los pabellones se instalaron en la cubierta dos equipos de calefacción, los cuales permitían el ingreso de aire caliente a través de lucarnas ubicadas en la circulación central de los mismos, sistema que cayó en desuso por falta de repuestos y el mantenimiento adecuado
- La red de gas cuenta con instalaciones precarias y antirreglamentarias en cuanto a conexiones y los artefactos de cocina se encuentran destruidos
- La instalación de lucha contra incendio es totalmente inadecuada, los hidrantes carecen de presión de agua, muchos de los extintores se encuentran vencidos, la señalización es escasa y las puertas de emergencia del lado interior presentan obstáculos que impiden una rápida salida y del lado exterior cerramientos que no permiten un rápido accionamiento.
Los peritos señalaron que desde 2008 se realizan informes sobre la unidad y señalaron “cómo paulatinamente se iba degradando la edificación a causa de la inacción en relación a la falta de mantenimiento y obras, que hubieran permitido la conservación de los materiales y las instalaciones”.
En cuanto al servicio de agua y de cloacas, desde la empresa municipal Obras Sanitarias expusieron en la audiencia llevada a cabo en el juzgado que la unidad no se encuentra conectada a las redes municipales y puntualizaron que la provisión del servicio depende de la Autoridad del Agua bonaerense.
En este contexto, la jueza Irianni reparó en la “gravedad de las condiciones de habitabilidad” en la unidad y en la necesidad de avanzar en un plan de trabajo urgente “que evite otros derrumbes o pérdidas de vidas humanas, que se extienda a lo largo del tiempo y que permita poner en valor el establecimiento penitenciario y establecer las posibilidades diversas en orden a los proyectos, con determinación de las empresas e instituciones que deberán intervenir en la reconstrucción o en la construcción de la unidad”.
