La Cueva: un pedido de “no innovar” para preservar el ex centro clandestino
La Fiscalía Federal requirió la realización de una inspección y que se disponga una cautelar para evitar modificaciones en la construcción ubicada en la Base Aérea de Mar del Plata.
Ante la advertencia realizada meses atrás por organismos de derechos humanos de Mar del Plata por posibles modificaciones en las instalaciones del ex radar de la Base Aérea, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Cueva, la Fiscalía Federal requirió el dictado de una medida cautelar de “no innovar” para preservar el espacio así como también la realización de una nueva inspección judicial y que se consulte a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación si se realizan tareas para su recuperación.
El pedido fue elevado días atrás por el nuevo titular de la Fiscalía Federal N°2, Santiago Eyherabide, y la fiscala Laura Mazzaferri, quien tiene a cargo de la Oficina de coordinación para causas por violaciones a los derechos humanos, a partir de una presentación realizada en marzo por representantes de distintos organismos de derechos humanos como la organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; el Colectivo Faro de la Memoria; Abuelas de Plaza de Mayo; Comisión Abierta Memoria, Universidad y Sociedad (Camus) y la Asociación ex detenidos de Mar del Plata.
En este escrito, desde los organismos advirtieron por posibles modificaciones en las instalaciones del ex radar de la Base Aérea local, donde funcionó La Cueva y requirieron una inspección para constatar su estado y que no se hayan realizado modificaciones que puedan interferir en la producción de pruebas durante las investigaciones que siguen en curso tras los tres tramos de la megacausa “La Cueva” que ya fueron juzgados.
De esta manera, los fiscales pidieron que se disponga una inspección judicial y de reconocimiento del predio, que se decrete una medida de “no innovar” -ya que de acuerdo a las constataciones no hay ninguna vigente actualmente- y que se libre un oficio a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, puntualmente a la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, para que informe si, en el marco de sus competencias administrativas, se han llevado a cabo tareas de preservación o de recuperación del predio.
Al contestar un pedido de la fiscalía, desde el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata respondieron no tener registros de la vigencia de una medida cautelar de ese tipo sobre el predio como así tampoco solicitudes de autorizaciones por parte de la Fuerza Aérea para la realización de modificaciones edilicias.
“Es innegable el valor probatorio que tiene el predio”, plantearon los fiscales y señalaron que “aun cuando el edificio haya sido reconocido por numerosas víctimas en varios procesos y existan sentencias a su respecto, resulta necesaria su preservación para la reconstrucción de los hechos” que siguen bajo investigación al reparar en que desde la primera inspección realizada en 2002 “se han presentado una multiplicidad de víctimas que no pudieron establecer el lugar en que sufrieron su cautiverio”.
Por otro lado, remarcaron la importancia de los sitios y documentos históricos de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos “como parte de la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria, sobresaliendo aquí la necesidad de conservar todo material probatorio que pueda al contribuir al conocimiento de la verdad” y para que funcionen “como medio para que la sociedad pueda conocer lo ocurrido”.
LA CUEVA Y EL PASO DE AL MENOS 200 VÍCTIMAS
El espacio, ubicado a más de 1500 metros de la entrada a la Base Aérea de Mar del Plata sobre la Ruta 2, funcionó como centro de detención clandestino desde fines de 1975 y en 1976 fue cedido por la Fuerza Aérea a la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) que a su vez estaba a cargo de la Subzona militar 15. Su nombre, La Cueva, fue impuesto debido a que se trata de una construcción subterránea sobre la que se erigía un viejo radar.
De acuerdo a las constancias judiciales, más de 200 víctimas pasaron por ese lugar, a las que se alojaba directamente allí o se trasladaba de manera transitoria y eran sometidas a toda clase de vejaciones físicas, psíquicas y morales, con el propósito de obtener información o de quebrar sus voluntades.
“Eran detenidas en condiciones inhumanas, se las mantenía encapuchadas por varios días o semanas, atadas de pies y manos o encadenadas, y fueron objeto de los golpes de puño, puntapiés, amenazas de muerte, amenazas de ser enterrados vivos, golpes con palos y bastones en todos los lugares del cuerpo, simulacros de fusilamientos, quemaduras de cigarrillos y por supuesto picana eléctrica”, describieron los fiscales.
El último juicio realizado sobre crímenes cometidos en “La Cueva” terminó en junio de 2021 con la absolución de los tres imputados: Guillermo Emilio Nani, Miguel Ángel Ruiz y Eduardo Salvador Ullúa. Se trató del tercer tramo de la megacausa “La Cueva” teniendo en cuenta que en 2012 nueve represores ya habían sido condenados, en tanto que otros también recibieron penas en el segundo tramo en un juicio que fue acumulado además con casos de las causas “Base Naval” y “Subzona 15” que terminó en abril de 2020.
