La Fiscalía General crea un cuerpo especial para controlar prisiones domiciliarias
Fue resuelto a partir de los pedidos de morigeración presentados por la pandemia del coronavirus. Y funcionará cuando no puedan ser habilitados los sistemas de monitoreo oficiales.
Las condiciones en las que se encuentran hace años las cárceles bonaerenses llevaron a que hace un mes el Tribunal de Casación Penal ordenara otorgar prisión domiciliaria a aquellos detenidos por delitos leves de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupos de riesgo ante el posible contagio del coronavirus. A partir de allí el debate social al respecto fue en crecimiento, y en ese marco desde la Fiscalía General de Mar del Plata decidieron crear un cuerpo especial de funcionarios para realizar un control del cumplimiento de las medidas que sean otorgadas en la ciudad cuando no puedan ser habilitados los sistemas de monitoreo oficiales, como las tobilleras electrónicas.
El pasado 9 de abril la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense -a cargo de Víctor Violini– hizo lugar a un habeas corpus presentado por los defensores oficiales bonaerenses, entre ellos la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, y dispuso “hacer lugar durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, al arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias”.
Asimismo, estableció que las resoluciones deben implementarse desde el juzgado o tribunal que tiene a su cargo a cada detenido. A partir de esa resolución, en Mar del Plata -al igual que en los distintos departamentos judiciales bonaerenses- los defensores oficiales (y abogados particulares) comenzaron a elevar los pedidos a los juzgados o tribunales correspondientes.
En ese marco, y luego de una semana en la que el debate social en el país escaló de nivel con intervención de numerosos actores políticos y judiciales, este domingo la Fiscalía General a cargo de Fabián Fernández Garello dispuso la conformación de un grupo de funcionarios del Ministerio Público Fiscal “que permita el control del efectivo cumplimiento de las condiciones fijadas a los beneficiarios” a través de un seguimiento y contactos periódicos mediante llamadas o videollamadas por celulares que, además, tengan instalado un sistema de georreferenciación.
En la instrucción general emitida este domingo el fiscal Fernández Garello reparó en que el dictado de la medida se realiza “sin perjuicio de la labor que se desarrolla desde el Patronato de Liberados, dependencia con la que se coordinarán las actividades, si fuere posible”.
La decisión encontró fundamento en los pedidos “de prisión domiciliaria que se han solicitado en el ámbito de este departamento judicial y los que se encuentran pendientes de resolución por los órganos jurisdiccionales competentes, ante los incidentes de morigeración promovidos por los interesados, en razón de la emergencia por la pandemia generada por el Covid-19″.
Si bien desde la Fiscalía General entendieron que “en principio, cabe que este Ministerio Público Fiscal se oponga -en términos generales- a medidas de carácter general, que no encuentran suficiente razonabilidad en los casos individuales, por el solo hecho de poseer sus eventuales beneficiarios patologías de riesgo previas o edades superiores a las recomendadas para realizar aislamientos voluntarios” repararon en que “en casos puntuales, la situación planteada por el aislamiento social amerita que el Ministerio Público Fiscal adopte las medidas que estén a su alcance para colaborar con los señores jueces y que permitan el control del efectivo cumplimiento de las condiciones fijadas a los beneficiarios”.
En la instrucción se sostiene que “no constituye una función propia de este Ministerio realizar un control de esta naturaleza, pero, frente a obligaciones de carácter general que se desprenden de una interpretación armónica de la asistencia a quiénes han sido víctimas de injustos, huelga extremar nuestra acción institucional en orden al mantenimiento de la paz social en las particulares circunstancias por las que atraviesa la República”.
En detalle, el documento emitido por la Fiscalía General recomienda a los fiscales que cuando les corresponda dictaminar ante los pedidos de las defensas “exijan como condición de compromiso en el otorgamiento de beneficios de prisión domiciliaria o medidas alternativas que se soliciten, el expreso requerimiento de sistemas de monitoreo provistos por el Estado provincial”.
Y plantea que para los casos en los que “el sistema de monitoreo oficial no pueda ser habilitado, se procederá a solicitar a la jurisdicción, la aplicación de dispositivos de localización en los celulares de la persona a la que se morigera o envía a su domicilio para la ejecución de su condena o prisión preventiva”.
Inicialmente, para realizar el seguimiento y control de los detenidos a los cuales se les morigere la ejecución de sus penas a partir de las medidas judiciales dictadas en el marco de la pandemia del coronavirus, Fernández Garello designó a dos instructoras judiciales, un secretario y un auxiliar letrado quienes deberán “llevar a cabo los controles periódicos”.
“Esta medida será extensiva, tanto para quienes hubieren resultado beneficiarios con anterioridad a la firma de la presente, como para aquellos que lo obtuvieren con posterioridad a la misma y mientras dure la emergencia sanitaria”, puntualizó.
CÓMO SERÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS
De acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía General, los funcionarios designados para la tarea “trabajarán de manera remota desde sus domicilios y mediante la utilización de teléfonos móviles oficiales que ya se han requerido, desde los que procederán a contactarse periódicamente con los beneficiarios, para verificar el cumplimiento de las responsabilidades asumidas”.
En un “modelo de compromiso” sugerido para requerir a los juzgados que intervengan en los casos en los que no se cuente con el sistema de monitoreo oficial, se estipula que el detenido que reciba la prisión domiciliaria deberá mantener encendido las 24 horas su celular, previamente identificado y en el que permitirá la instalación de una aplicación de georreferencia.
“El beneficiado recibirá llamados o videollamadas de manera aleatoria cotidianamente, a los que deberá responder inmediatamente, identificándose mediante los mecanismos que le serán indicados por los letrados que efectúen el control”, puntualiza, entre diversos ítems, el protocolo confeccionado.
