Jueves 20 de junio | Mar del Plata
08/06/2024

“La policía paralela de Segovia”: para la fiscalía, así actuaba la asociación ilícita

Los detalles de los investigadores al pedir la prisión preventiva de los acusados, entre ellos el ex jefe de la Departamental.

“La policía paralela de Segovia”: para la fiscalía, así actuaba la asociación ilícita
(Fotos: archivo / Qué digital)

Para la Fiscalía General, el detenido jefe de la Estación de Policía Departamental de Mar del Plata, José Segovia, diagramó, armó y ejecutó una “policía dual” que constaba de funcionarios policiales “honestos y eficientes”, por un lado, y de otros que cumplieran sus órdenes y formaran parte de actividades ilícitas, por el otro. Así, entienden los investigadores, llegó a construir una “policía paralela” de la que, en cambio, se exhibía públicamente como un eficiente jefe.

Para ello, sostienen, armó una “enorme y colosal red de contención” para conducir una asociación criminal que desviaba investigaciones y extorsionaba a autores de robos para que les entregaran dinero a cambio de procurarles impunidad y que manejaba un “aceitado sistema de corrupción” en la compraventa informal de dólares en la zona de Luro e Independencia, el corazón de la ciudad.

Ese es el núcleo de la investigación que lleva adelante el fiscal general adjunto, Marcos Pagella, y así lo exhibió en el pedido de prisión preventiva que formuló esta semana para Segovia y los otros seis detenidos: el abogado penalista Lautaro Resúa, Gastón Moraña (policía bonaerense), Nicolás Rivademar (policía federal), Javier González (ex policía bonaerense y ex agente de la Patrulla Municipal), Cristian Holtkamp (ex policía bonaerense) y el civil Jorge Toletti.

Será el titular del Juzgado de Garantías N°1, Daniel De Marco, quien la semana que viene definirá si los acusados seguirán o no detenidos como lo están desde hace un mes cuando estalló la crisis y el escándalo en la Policía de Mar del Plata.

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La acusación del fiscal se sostiene sobre la base de siete hechos individualizados en la causa. El primero -y principal- es el que engloba a los seis restantes ya que se trata de la conformación de la asociación ilícita.

En ella -según los acusadores- actuaban los siete detenidos mientras se investiga la participación de otras personas -al menos tres- que podrían llegar a ser imputadas en un futuro y que tendrían un “menor grado de importancia en el escalafón de la banda” ya que “realizaban tareas secundarias y participaron, en menor medida, de sus beneficios económicos”.

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Entre ellos, de todas maneras, ya sí se encuentra imputado otro ex policía, Javier Rubén Collova, quien a su vez es uno de los tres detenidos (junto a Holtkamp y Toletti) de una causa paralela a cargo de la Fiscalía N°1, encabezada por Florencia Salas, en la que se acusa a policías de haber participado del secuestro y extorsión del autor de un millonario robo en un edificio de Cabo Corrientes para exigirle altas sumas de dinero a cambio de no difundir pruebas que lo incriminaban.

LA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y EL ROBO EN CABO CORRIENTES

Para el fiscal Pagella, no hay dudas de que Segovia -desde su jefatura en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) hasta su conducción en la Estación Departamental- fue quien lideró la asociación ilícita al tomar las decisiones y asignar los roles. El resto de los acusados, sostiene, eran “brazos ejecutores directos” de esas maniobras delictivas dirigidas por Segovia.

En cuanto a los hechos acusados, cinco se relacionan también con el millonario robo concretado en el edificio de Cabo Corrientes el 19 de diciembre de 2020. En primer lugar, la acusación se inicia cuando algunos de los miembros de la banda conocieron que se concretarían distintos robos por importantes sumas de dinero y, ante eso, no sólo no los denunciaron ni previnieron sino que exigieron a quienes serían sus autores una parte importante de lo robado prometiéndoles su impunidad.

En segundo término la fiscalía sostiene que la banda utilizaba información policial como “moneda de cambio”, es decir, filtrándola a otros integrantes o a terceras personas en busca de una contraprestación. Esa información, por ejemplo, se refería al inicio o avances de investigaciones con la finalidad de obtener dinero de las personas involucradas.

En ese sentido, otro de los hechos imputados se centra en que miembros de la organización, con la dirección de Segovia, llegaron a desviar la investigación judicial del robo en Cabo Corrientes mediante la utilización de pruebas falsas para, en paralelo, exigir dinero tanto al verdadero autor como al que acusaban a sabiendas de que no había participado.

El fiscal general adjunto, Marcos Pagella (Foto: archivo / Qué digital)

El fiscal Pagella en su pedido de prisión preventiva remarca en varias oportunidades que ese accionar hasta llevó a incurrir en el error a autoridades judiciales (fiscales y jueces) que llegaron a conceder detenciones en función de las pruebas falsas plantadas en ese entonces por los agentes de la DDI involucrados.

A su vez, otro de los hechos individualizados -siempre con relación al robo en Cabo Corrientes- se centra en que Segovia, mientras era titular de la DDI, “ejerció presión respecto de sus subalternos e integrantes de los gabinetes de Tecnologías Avanzadas y Robos Calificados a Comercios” y, ante el hallazgo de información sensible en función de sus intereses, “los culpó de la filtración de la información, ejerciendo arbitrariamente su poder en función de la jerarquía que detentaba, desarticuló el grupo de investigación disponiendo el traslado de todos ellos, asignándoles previamente tareas impropias y degradantes”.

Por esas acusaciones, sobre todos los detenidos recae la imputación del delito de asociación ilícita mientras que a Segovia se le suman: exacciones ilegales agravadas y encubrimiento agravado, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes a su cargo, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el caso del abogado penalista Resúa, además de integrar la asociación ilícita, también se lo acusa de los delitos de prevaricato y encubrimiento por haber ejercido la defensa de personas imputadas en diversos hechos delictivos que guardaban intereses contrapuestos entre sí “con la finalidad de controlar de manera directa las constancias probatorias reunidas y diligencias procesales adoptadas en cada una de las pesquisas” que eran de interés para la asociación ilícita.

ARBOLITOS: UN “ACEITADO SISTEMA DE CORRUPCIÓN”

Una parte importante de la acusación se centra también en la “participación activa” de los integrantes de la asociación ilícita en la compraventa ilegal de moneda extranjera con diversas ramificaciones tales como la puesta en circulación de billetes falsos, el lavado de activos y la explotación de juegos de azar no autorizados, por ejemplo, permitiendo a los autores directos de esas maniobras su concreción a cambio de exigirles periódicamente el pago de dinero.

En detalle, para la Fiscalía General, desde finales de 2019 hasta abril de 2024 todos los integrantes de la asociación ilícita realizaron distintas maniobras para centralizar y controlar toda la actividad mediante la fijación de “aranceles” a cambio de silencio y protección.

En palabras del fiscal Pagella, llevaron a cabo un “aceitado sistema de corrupción institucional, organizado jerárquicamente, que brindaba y garantizaba protección e impunidad ante la Justicia Federal y Provincial a cambio del pago periódico de sumas de dinero”.

Allanamiento realizado en 2016 contra “arbolitos” en la zona de Luro e Independencia en una causa de la Justicia Federal (Foto: archivo / Qué digital)

El punto central de este hecho se basa en el bar “El 10 Sutton”, de la zona de Luro e Independencia, que era explotado en conjunto por Toletti y el expolicía Holtkamp. La investigación sostiene que desde allí era desde donde se monopolizaba el control del negocio de la compraventa ilegal de dólares en la zona, organizando a los denominados “arbolitos” y funcionando como nexo entre ellos y los policías que exigían el pago de cánones ilegales a cambio de protección. Sobre Holtkamp y Toletti, además, pesa la acusación de haber llevado adelante desde allí actividades de juego clandestino.

Por su parte, los investigadores sostienen que los acusados González y Moraña funcionaban como agentes “recaudadores” de Segovia, que cuando pasó de jefe de la DDI a la Estación Departamental (en marzo de 2021)  “elevó notablemente los cánones espurios que se exigían a los ‘arbolitos’ para darles protección y permitirles el ejercicio de su actividad ilegal”.

Como parte de esa protección, sostienen los investigadores, es que se montaban operativos policiales de prevención de ilícitos que en definitiva “significaron el ‘barrido’ de los vendedores de moneda extranjera, con la clara finalidad de amedrentarlos y subordinarlos a su nueva organización ilegítima”.

En la estructura, reconstruyeron los investigadores, el oficial de la Policía Federal Rivadenar ejercía también la función de “recaudador” y “aseguraba la protección en el ámbito de los delitos que eventualmente resultaran de competencia federal”.

En cuanto al rol de Collova, el octavo acusado en la causa, la fiscalía detalla que “realizaba pequeñas tareas y reportaba a Holtkamp y Toletti” y con respecto al abogado Resúa plantean que al tener una relación previa con Toletti y Holtkamp “vinculó a ambos en la asociación ilícita, diciéndole al primero que Holtkamp le serviría como nexo y de ‘cobertura’ con los jefes policiales”.

Así, los ocho acusados en este caso se enfrentan a los delitos de intermediación financiera no autorizada, expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, compraventa de divisas de origen ilícito, explotación, administración y operación de juegos de azar sin autorización y encubrimiento. En el caso de Segovia, Moraña y Rivademar se le suman los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales.

DOS CARAS DEL “EFICIENTE” JEFE POLICIAL

En el escrito que el fiscal Pagella le presentó al juez De Marco se menciona la existencia de “múltiples obstáculos” que se han tenido que sortear desde la Fiscalía General para poder encausar la investigación teniendo en cuenta que el principal investigado era el “máximo jefe policial del distrito, quien ha perdurado en esa condición más de tres años”.

Es que enfatizó que Segovia “ha logrado construir una enorme y colosal red de contención para conducir, como jefe, una asociación criminal, a la par que, en algún aspecto, ha logrado evadir el accionar de la Justicia”.

El fiscal traza un análisis sobre la imagen que muchas personas tenían de Segovia como “policía ejemplar” y plantea incluso que mantenía un “deferente trato con funcionarios judiciales de distintas jerarquías, siempre pretendiendo aparecer como el solícito policía abnegado y preocupado por la seguridad y la obtención de elementos útiles en investigaciones penales”.

Al repasar su carrera policial, desde su ingreso a la DDI en 2013 hasta el nombramiento como jefe de la Estación Departamental, el fiscal consideró que Segovia “diagramó, armó y ejecutó como jefe una policía dual”. Y describió: “Con una apariencia de eficiente jefe policial, por un lado, y un manejo ilegal de los procedimientos policíacos, por otro. Con funcionarios policiales honestos y eficientes, por un lado, y con otros que cumplieran sus órdenes y formaran parte de los eslabones ilícitos, por el otro”.

policía josé segovia

Segovia, al frente de la DDI (Foto: archivo / Qué digital)

Para sustentar ese perfil del principal acusado, el fiscal se apoyó en declaraciones prestadas en la causa por diversos oficiales que se desempeñaron con él y por fiscales como Mariano Moyano (a cargo de la fiscalía temática de robos en viviendas) y Leandro Arévalo (titular de una de las de turno). Y reparó en que estaba pendiente de cada detalle y de cada una de las causas.

En esa línea, también se detuvo en analizar la creación cuando llegó al mando de la Estación Departamental de un grupo especial para llevar adelante investigaciones con personas de su confianza denominado Grupo de Respuesta Inmediata (GRI).

“Le era funcional para tener el control de lo que sucedía en las comisarías bajo la pantalla de colaborar con causas graves que estuvieran en las distintas comisarías, y a requerimiento de los fiscales. Esto no es ni más ni menos que la policía paralela que Segovia armó para demostrar su eficiencia y mantener el control. Tan paralela era esa policía de Segovia, que el grupo fue ‘armado’ por fuera de los nomencladores policiales y/o de cualquier estructura funcional en el ámbito del Ministerio de Seguridad”, concluyó el fiscal.

CELULARES BORRADOS Y UN SILLÓN MASAJEADOR

Tras las detenciones concretadas hace un mes y con el avance de la causa, los investigadores detectaron dos elementos que también ponderaron en el pedido de prisión preventiva: el borrado de datos de los celulares de buena parte de los acusados semanas antes de ser detenidos y el patrimonio de Segovia.

Con respecto al análisis de los celulares que les fueron secuestrados a los acusados, el fiscal Pagella advirtió a partir de los primeros informes periciales que “manipularon parte de los archivos digitales de sus teléfonos” en una fecha similar a la que empezaron a tener datos de que estaban siendo investigados, a partir de filtraciones de la causa y de la mano de “consultas frenéticas” de algunos abogados en su representación.

En detalle, el fiscal señaló que en el celular de Segovia no se encontraron mensajes anteriores al 13 de abril mientras en el de Moraña, por ejemplo, antes del 15 de abril.

“Esta llamativa desaparición de conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto y demás documentos se debió a las distintas maniobras que efectuaron los nombrados tendientes a suprimir información que tenían en sus dispositivos móviles que pudieran incriminarlos”, entendió Pagella.

De todas maneras, explicitó que pese al borrado de información sí se encontraron en el de Segovia elementos de interés mientras que en el dispositivo de González no se advirtió la eliminación de datos y a partir de allí se detectó, por ejemplo, un contacto con Moraña y Segovia “para hacer desaparecer prueba en una reunión presuntamente ocurrida el día 9 de abril”.

La sede de la Estación de Policía Departamental  (Foto: Qué digital)

Respecto a la situación patrimonial del exjefe Departamental, el fiscal reparó en que si bien está pendiente la realización de una amplia pericia contable, en los allanamientos y registros de su casa surgieron “claros e importantes indicios de que tenía acceso a importantes sumas de dinero en efectivo de las que no pudo justificar su origen“.

Y, entre varios detalles enumerados, deslizó un “dato de color”: en las habitaciones que tenía acondicionadas para descansar en la propia sede de la Estación de Policía Departamental se encontró un sillón masajeador con un valor cercano a los 6 mil dólares.

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