Lesa humanidad: Casación confirmó el sobreseimiento del juez Hooft
La Sala II declaró inadmisibles los recursos presentados por la fiscalía y las querellas contra la decisión de la Cámara de Apelaciones marplatense.
La Cámara Federal de Casación confirmó este jueves el sobreseimiento del juez provincial Pedro Hooft, que había sido dispuesto en 2020 en la causa por delitos de lesa humanidad, al declarar inadmisibles los recursos elevados por el Ministerio Público Fiscal y las querellas en contra la decisión que había tomado en marzo la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata en igual sentido.
La decisión fue tomada este jueves por mayoría la Sala II con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, con la disidencia de Ángela Ledesma, contra los recursos que habían elevado el fiscal Horacio Azzolin y las querellas representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, la Asamblea Permanente por los Derechos de Humanos y la hija de una de las víctimas en particular.
Los camaristas consideraron que las impugnaciones presentadas “no reúnen los requisitos formales exigidos por la ley procesal” al sostener que “no han logrado demostrar los yerros que invalidarían la resolución cuestionada y limitan la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio”. Básicamente, entendieron que los argumentos expuestos no alcanzan “para desvirtuar el razonamiento que realizó la Cámara de Apelaciones” por lo que no se adentraron en analizar los planteos y los declararon inadmisibles.
Había sido en marzo cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (integrada para este caso en particular por Alejandro Tazza y Santiago Martín) confirmó el sobreseimiento que en diciembre de 2020 había dispuesto el Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata, a cargo de Martín Bava para este caso.
En esa decisión, Bava había vuelto a sobreseer por segunda vez al juez Hooft luego de que un año antes la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata resolviera revocar el sobreseimiento y ordenara que se emitiera un nuevo pronunciamiento al reparar en “la falta de fundamentos” expuestos en aquella resolución, más allá de hacer referencia a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que en 2014 absolvió a Hooft en ese proceso y le permitió seguir al frente del Juzgado Correccional Nº4, cargo que sigue ocupando en la actualidad.
La misma decisión -que alcanza ahora la resolución de Casación- tomó para el resto de los imputados en la investigación –funcionarios y empleados judiciales– por sus actuaciones laborales en el marco de la denominada “Noche de las Corbatas”: Federico Gastón Amadeo L’Homme, Rodolfo Bernardino Morales Ridecos, Edgardo Osvaldo Bernuzzi, Carlos Enrique Reinaldo Haller; Jorge Horacio Gabriel García Collins, Alicia María Teresa Ramos de Fondeville y Alicia Morrell.
Cuando el juez Bava tomó la decisión de volver a sobreseer a Hooft por segunda vez sostuvo que lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación al ratificar la absolución de Hooft en el jury de enjuiciamiento que se llevó adelante en 2014 “no puede ser ignorado”, y remarcó que esa resolución del máximo tribunal de Justicia “confirma novedosos criterios de apreciación para los hechos investigados en la presente causa; unifica la perspectiva de lo que debe ser calificado como ‘delito de lesa humanidad’; y determina específicamente cómo debe ser la interpretación de la actividad judicial en el período 1976-1983”.
En su momento, al analizar el fallo dictado por Bava, los jueces Tazza y Martín analizaron que el juez en su nuevo fallo, ante los secuestros, torturas y asesinatos llevados adelante en la “Noche de las Corbatas”, “expuso algunas de las pruebas que presumen que el Dr. Hooft canalizó los medios a su alcance para esclarecer lo sucedido y tramitó los habeas corpus que en algunos casos han presentado los familiares o allegados a las víctimas para alcanzar la aparición de quienes habían sido chupados“.
Hooft está desde 2006 -momento de la presentación de la denuncia en su contra a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- acusado de tener participación en la “Noche de las Corbatas”, el megaoperativo represivo perpetrado por las fuerzas armadas y con la colaboración de integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre junio y julio de 1977 contra un grupo de abogados laboralistas.
Allí Norberto Centeno fue asesinado y Jorge Candeloro, Salvador Arestín, Hugo Alais, Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, María Esther Vazquez y su marido Néstor Enrique García fueron desaparecidos. Por su parte, Carlos Bozzi, Camilo Ricci, Marta García -esposa de Candeloro-, José María Verde y su pareja Ana María de la Arena lograron sobrevivir.
Según las denuncias, el magistrado “cajoneó” los habeas corpus presentados por familiares de los abogados y también ocultó el asesinato de Candeloro.
En el marco de la tramitación de la causa judicial en su contra, Hooft fue sometido a jury de enjuiciamiento en 2014 y finalmente resultó absuelto. Dos años más tarde, la Suprema Corte de Justicia, respaldó la absolución en ese jury y luego, en marzo de 2018, la Corte Suprema de la Nación hizo lo propio.
