Martes 28 de mayo | Mar del Plata
24/02/2023

Lucía Pérez: tras las críticas, la Fiscalía General salió a defender su actuación

En un oficio enviado al Tribunal del juicio cuestionaron los dichos del fiscal Arévalo sobre los errores cometidos por la primera funcionaria judicial que intervino en el caso.

Lucía Pérez: tras las críticas, la Fiscalía General salió a defender su actuación
El fiscal general Fabián Fernández Garello (Fotos: Qué digital)

El accionar del Poder Judicial de Mar del Plata en torno al caso de Lucía Pérez está envuelto en una polémica que parece no tener fin. Después de que el fiscal del segundo juicio, Leandro Arévalo, cuestionara en duros términos la instrucción realizada por su par María Isabel Sánchez por diversos errores cometidos, desde la Fiscalía General salieron a responderle, a rechazar sus dichos y a acusar una “posible transgresión de las normas que rigen el decoro y comportamiento” de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, envió este viernes un oficio al Tribunal Oral en lo Criminal N°2, donde se desarrolla el segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez. Lo hizo a modo de respuesta de los dichos del titular de la Fiscalía N°7, Leandro Arévalo, quien en su alegato se tomó un buen tiempo para señalar errores cometidos por la primera fiscal del caso y pedir “disculpas” por ese accionar.

Toda la investigación inicial la llevó adelante la por entonces titular de la Fiscalía N°8, María Isabel Sánchez, y -con ella desplazada- el primer juicio tuvo la representación de Daniel Vicente y el segundo que se desarrolla actualmente está a cargo de Arévalo.

Lo que Arévalo expuso, en definitiva, son críticas que han compartido diversos actores judiciales hacia la actuación de Sanćhez: desde la Justicia de Garantías hasta el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 en el primer juicio.

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Pero esta vez que un propio integrante del Ministerio Público Fiscal lo haya hecho visible generó la respuesta del fiscal general. Así, Fernández Garello sostuvo que en sus dichos Arévalo se refirió a una “supuesta inexistencia de actuaciones administrativas por lo que ha interpretado como disfuncionalidades de la agente discal María Isabel Sánchez, en oportunidad de llevarse a cabo la etapa preparatoria en la causa”.

Fernández Garello intentó defender la actuación de la Fiscalía General ante esas circunstancias. En ese sentido, primero dijo que tiempo atrás se inició un expediente en el ámbito del Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General “para analizar el desempeño de la mencionada agente fiscal” y que desde ese organismo “se han realizado distintas diligencias” y que esas “actuaciones se encuentran activas”.

También dijo que se inició una investigación penal -que había sido requerida por el Tribunal del primer juicio- que, explicó, fue asignada por la Procuración al Departamento Judicial de Necochea.

“En ningún momento el agente fiscal Arévalo ha efectuado consulta alguna sobre estos antecedentes, interpreto, atento la ignorancia y consecuente imprudencia de sus manifestaciones sobre este tópico”, cuestionó Garello.

El fiscal Leandro Arévalo

Y también afirmó que como la Fiscalía General a su cargo ha tenido “activa participación” al presentar los recursos de Casación que después derivarían en este segundo juicio “la investigación administrativa” sobre Sánchez -que hoy se desempeña en la Fiscalía de Flagrancia- “ha sido realizada por la Procuración General, y no por esta Fiscalía General”.

Finalmente, en su oficio Garello aseguró “lamentar que alguno de los dichos del fiscal, que no han sido convalidados en el ámbito jurisdiccional, puedan ser erróneamente utilizados por la defensa de los imputados en lo sucesivo y sin perjuicio de la sentencia a dictar por parte de ese organismo”.

También adelantó que comunicará a la Procuración la situación “a los fines de evaluar en ese nivel funcional una posible transgresión por parte del fiscal Leandro Arévalo de las normas que rigen el decoro y comportamiento de los miembros de este organismo requirente en el ejercicio de sus funciones”.

LOS CUESTIONAMIENTOS A SÁNCHEZ

“Se impone hacer un pedido de disculpas en el nombre del Ministerio Público Fiscal”. Esa fue la primera definición que dio este jueves en su alegato en el segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez el fiscal Arévalo. “Gran parte de los errores con que tanto el doctor Vicente como yo hemos tenido que lidiar y tratar de solucionar en la etapa de juicio derivaron en un perjuicio para el conocimiento del hecho”, planteó y, sin nombrar a Sánchez, reconoció que el Ministerio Público Fiscal “tuvo sus falencias y estas falencias afectaron las pretensiones de la familia de la víctima”.

Entre los diversos cuestionamientos el fiscal apuntó que “de manera inconcebible” la fiscal Sánchez permitió que el principal acusado, Matías Farías, presentara un escrito -aconsejado por la defensa- como declaración indagatoria sin que se le hicieran preguntas básicas por más que no las respondiera. Sobre ese aspecto subrayó que la Fiscalía General y la Procuración “tampoco dijeron nada”.

Las críticas más fuertes que recayeron sobre Sánchez a lo largo de la causa se centraron en una conferencia de prensa que dio -de manera inusual- a las pocas horas del hecho en la que afirmó que el causal de muerte de Lucía había sido el dolor que le había provocado un “violento abuso sexual infrahumano” con un objeto y aseguró que, tras el crimen, el cuerpo había sido lavado. Es que luego esa postura fue descartada tras la realización de la Junta Médica con la Asesoría de la Suprema Corte en la que se definió que el fallecimiento de Lucía se produjo a partir de una “asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar” y se descartó una instancia de “lavado” del cuerpo.

Los jueces -ahora en proceso de jury- que llevaron adelante el primer juicio de 2018, en el que se absolvió a los acusados por abuso sexual y femicidio y se los condenó por venta de drogas, definieron que la fiscal se desempeñó con “falta de compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad”. E incluso resolvieron enviar la resolución a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para que se evaluara el “posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”.

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24/02/2023