Megacausa Anses: 36 procesados, más investigados y un fraude de $90 millones
La investigación iniciada a principios de 2018 sumó a otros dos procesados por formar parte de la asociación ilícita. Un repaso por la causa que analiza 380 jubilaciones fraudulentas.
Lo que en abril de 2018 empezó con la detención de cuatro abogados a partir de maniobras irregulares en el otorgamiento de prestaciones previsionales, retiros por invalidez y certificaciones de servicios ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se convirtió a medida que pasaron los meses en una megacausa en la cual la Justicia Federal de Mar del Plata ya procesó a 36 personas -a las últimas dos días atrás- e investiga a otras 39 en el marco de una defraudación que, tal como se anticipaba en el origen de la causa, ronda los $90 millones. El objeto procesal del caso se encuentra conformado por más de 380 casos de jubilaciones fraudulentas.
A partir de una última resolución tomada por el juez Santiago Inchausti días atrás, actualmente son 36 las personas que están procesadas en el marco de la megacausa: 15 de ellas son acusadas de formar parte de la organización delictiva -asociación ilícita- que impulsaba y realizaba beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, llevaron a un perjuicio patrimonial para la administración pública de alrededor de $90 millones; en tanto que los otros 21 procesados son beneficiarios de las jubilaciones y los retiros transitorios por invalidez tramitados de manera irregular.
Según explicaron desde el Juzgado Federal N°3, que lleva adelante la investigación con la Fiscalía Federal N°2 actualmente subrogada por Carlos Martínez, además de las por ahora 36 personas procesadas actualmente se le está recibiendo declaración indagatoria a otras 39. Asimismo, puntualizaron que el objeto procesal se encuentra conformado por más de 380 casos de jubilaciones fraudulentas. Hasta el momento, concretamente, la investigación logró establecer provisoriamente un perjuicio económico de $33.401.969, aunque a partir de la totalidad de los hechos en investigación el monto ascendería a los $90 millones.
LOS PROCESADOS Y LAS ACUSACIONES
En el marco de la causa iniciada con cuatro detenciones concretadas en abril de 2018 y otras cuatro provocadas días después, el juez Inchausti ya ha establecido que en el estudio jurídico situado en la avenida Paso 2882 y 2890 funcionaba una organización delictiva denominada “Organización Jurídico Previsional”, integrada, en principio, por Roberto Luís Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez.
Ello cuatro recibían la colaboración de los médicos José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández, Rodrigo Néstor Jones, Luis Alberto Funes y Ariel José Fati más la contadora Daniela Andrea Livi, Alejandro De la Torre Kriskovich y Ramón Gerardo Tula.
La organización, de acuerdo a lo estipulado en la causa, en forma continuada tuvo como fin, entre otras cosas, realizar y tramitar beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial para la administración pública.
Las maniobras consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa a los efectos de generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que luego resultaron ser los beneficiarios, con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.
En ese contexto, teniendo acabado conocimiento de los sistemas de la AFIP y Anses y utilizando el CUIT de aquellos supuestos empleadores falsos, se declararon servicios apócrifos en relación de dependencia, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas en la medida en que las contribuciones fijadas por la ley para aquellos trabajadores dependientes fueron reflejadas fuera de término y dentro de un mismo período.
Es así que en muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional, proporcionando haberes que superaron el monto mínimo legal, y no realizando sobre dichos servicios el pago de los aportes y contribuciones correspondientes.
Para ello, según se estipula en la causa, la organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para tal fin -lo que indicaría la capacidad e incidencia de esta organización para lograr dictámenes favorables en la Comisión Médica nº 12 que conllevaron a elevar el porcentaje de invalidez para habilitar la procedencia del beneficio a realizar- y ofrecimientos de dinero a médicos de aquella dependencia como modalidad para el caso de que tuvieran que intervenir sobre algún expediente de su estudio.
A las trece personas que fueron procesadas bajo la acusación de pertenecer a la organización delictiva días atrás se sumaron otros dos: el abogado Rodolfo Rubén Barone -quien fue procesado sin prisión preventiva- y un exempleado de Anses, Héctor Adolfo Seri -procesado con prisión preventiva, luego e haber sido detenido en el Aeropuerto de Ezeiza-.
Según los investigadores, el primero sería el encargado de confeccionar los recibos de sueldo apócrifos utilizados por la asociación ilícita en el subsuelo del estudio jurídico mediante la utilización de máquinas de escribir con distintas tomas y sellos, mientras que el segundo era uno de los contactos que la banda tenía en Anses y quien le llevaría a uno de los principales abogados involucrados los expedientes de Anses para sacarles hojas, ponerle lo que ellos necesitaban -con los mismos sellos de Anses-, y luego los devolvía al organismo.
Por otro lado, y por fuera de la integración de la asociación ilícita, en el marco de la megacausa también han sido procesados por defraudación contra la administración pública hasta ahora 21 beneficiarios de jubilaciones y retiros transitorios por invalidez irregulares: Walter Román Dubos, Eduardo Oscar Fernández, Enrique Rafael Hernández, Osvaldo Pedro Martiarena, Marcelo Daniel Migliano, Adriana Campodónico, Daniel Casamayor, Graciela Edith Urbao, Ignacio Fernando Feijoo, Dolores de Jesús Hidalgo, Olga Susana Tonón, Elsa Leonor Etchegaray, Mirta Noemí Franzón, Luis Alfredo Isaak, Raúl Alejandro Parodi, Nicasio Velázquez, Mirta Viviana Beramendi, Carolina Raquel Cuenca, Beatriz Concepción Pappalardo, Ricardo Manuel Balbuena y Julio Damián Vega.
La acusación en sus casos recae en el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal, que prevé penas de dos a seis años para quien cometiere fraude en perjuicio de la administración pública.
