Nueva toma en Las Heras: el fiscal pidió que se ordene el desalojo
Requirió la medida a la Justicia de Garantías después de que fracasara una instancia de mediación entre los vecinos, los dueños de las tierras y el gobierno municipal.
A una semana de iniciada la nueva toma de terrenos en el barrio Las Heras en marco del crónico déficit habitacional que vive en Mar del Plata, el titular de la Fiscalía N°12, Juan Pablo Lódola, pidió a la Justicia de Garantías que ordene el desalojo del predio -tal como ocurrió el año pasado en otro terreno- después de haber fracasado una instancia de mediación llevada adelante entre las y los vecinos que iniciaron la ocupación, los dueños de las tierras y el gobierno municipal.
La toma sobre la avenida Fortunato de la Plaza y Tetamanti -a unas diez cuadras de la anterior– empezó en el inicio de la semana pasada y con el correr de los días se fue ampliando. El jueves empezó a trascender en los medios a partir del importante número de familias que comenzó a instalarse y desde allí también se inició la intervención judicial impulsada por una presentación realizada por el intendente Guillermo Montenegro.
Como parte de esa causa a cargo de la Fiscalía N°12, que se dedica a los casos vinculados a usurpaciones, se abrió una instancia de mediación penal entre las y los vecinos, los dueños de las tierras y el gobierno municipal. Sin embargo, esa instancia fracasó este lunes.
Y a partir de allí el fiscal Lódola formalizó este lunes un pedido para que la Justicia de Garantías ordene el desalojo de las familias que allí permanecen a la espera de soluciones habitacionales. Ahora será el juez el que deberá resolver si ordena o no la medida de desalojo.
Como parte de la acusación, el fiscal afirma en su escrito elevado al juez que entre la tarde del martes 14 y el miércoles 15 “un grupo aproximado de 94 personas, previo retiro de cartelería inmobiliaria de venta de lotes, ingresaron a los terrenos ubicados entre las arterias avenida Fortunato de la Plaza, avenida Tetamanti y calle Mac Gaul a sabiendas de que los mismos no les pertenecen y, en distintos horarios incluyendo la noche, comenzaron a delimitarlos con cables, alambres y palos, permaneciendo en el lugar a pesar de la intervención del personal policial, amenazando a vecinos de la zona, quienes pretendían denunciar el hecho, para que no llamaran a los medios de comunicación y que de lo contrario les prenderían fuego sus viviendas”.
El fiscal también aseguró que las personas que decidieron tomar los terrenos “arrancaron el cartel de grandes dimensiones de venta colocado meses atrás” por una inmobiliaria e “intimidaron a cualquiera que quisiera oponer resistencia a dicha ocupación, extremo que ni siquiera los funcionarios policiales pudieron evitar”.
Lódola planteó al juez que se dio cumplimiento al “Protocolo de Actuación Judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad “de la Suprema Corte bonaerense, y que como parte de eso la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realizó un censo de las familias previo a la apertura del proceso de mediación que fracasó este lunes.
En ese proceso, describió el fiscal, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, “solicitó primero el retiro de los ocupantes para luego escuchar los reclamos de necesidades alimentarias y de vivienda en búsqueda de soluciones”.
En el inicio de la toma, un grupo de familias -algunas de las cuales participaron de la ocupación anterior- describió que se encontraban sin trabajo o con empleo precarizado con el que no pueden llegar a solventar los costos de los alquileres.
Entre fines de octubre y principios de noviembre se había mantenido una toma en otro terreno de Las Heras, en este caso de dominio municipal. Se cumplieron doce días de ocupación en los que llegó a haber 55 grupos familias reclamando en simultáneo, pero en el medio hubo una denuncia penal del gobierno municipal, una orden de desalojo habilitada por la Justicia y una desocupación “voluntaria” frente a un impresionante despliegue policial.
Después, llegó una asistencia temporal alimentaria y un puñado de las familias permaneció algunos días en paradores o instituciones municipales hasta poder acceder a un “subsidio habitacional” que, de todas maneras, les fue insuficiente para hacer frente a los valores del mercado. Hoy algunas de esas familias vuelven a formar parte de la nueva toma.
