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30/11/2019

Ocho procesados por el “lavadero” del Penal de Batán: así operaba la banda

Se trata de siete hombres y la madre del líder de la organización. La causa se inició por venta de droga y detectó complejas maniobras de intermediación financiera, evasión, corrupción y lavado de dinero.

Ocho procesados por el “lavadero” del Penal de Batán: así operaba la banda
(Fotos: archivo / Qué digital)

Lo que empezó en 2017 como una investigación a partir de una denuncia por ingreso de droga a la Unidad Penal 15 de Batán y también en la Unidad 10 de Melchor Romero a través de una empresa que tenía a cargo la explotación de los lavaderos en ambos penales derivó en la caída de una banda que durante casi diez años implementó adentro de las cárceles complejas maniobras de intermediación financiera, evasión, corrupción y lavado de dinero.

Tras las primeras actuaciones desarrolladas el año pasado y otras realizadas en octubre de este año la Justicia Federal de Mar del Plata procesó en los últimos días a ocho personas acusadas de formar parte de la asociación ilícita que se valió de un presunto programa para incentivar la reinserción laboral de los internos para enriquecerse.

El titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, procesó en los últimos días con prisión preventiva a quien considera el jefe de la asociación ilícita, Matías Sebastián Ávila -exintegrante del Servicio Penitenciario Bonaerense desde 1990 hasta 2006-, y sin prisión preventiva a otros siete imputados, acusados de formar parte de la organización: su madre, Ana Mercedes Bozzarlli y a Carlos Guillermo Fuentes, Mariano Ariel Dohnal,  Mariano López Wortzman, Martín Aníbal Torres, José Luis Rodríguez y Marcelo Claudio Villagra, estos dos últimos ex jefes penitenciarios.

A la mayoría de ellos los acusó, además, del delito de lavado de activos y les dictó la falta de mérito -por no contar con las pruebas suficientes para procesarlos pero tampoco estar en condiciones de dictar su sobreseimiento definitivo- por intermediación financiera y comercio de estupefacientes.

Según se desprende de la causa, la misma se inició a partir de una denuncia de la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, realizada en agosto de 2017. En ella se aseguraba que la empresa “Lavandería Asepsia Industrial”, que tenía en su haber la explotación de lavaderos en ambos penales, ingresaba estupefacientes entre las prendas a lavar por los internos, a quienes contrataba la firma a través del programa de reinserción laboral.

UNA CAUSA PREVIA

La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, a la hora de iniciar las actuaciones halló la existencia de una causa previa que también investigaba a una organización destinada a la comercialización de estupefacientes en la Unidad Penal N° 15 de Batán. En el marco de esa investigación, la fiscal dio cuenta que ya desde 2014 se sospechaba del ingreso de estupefacientes a través de “emprendimientos que allí funcionan y que mantendrían comunicaciones con el exterior”, aunque descartaba al menos en primera instancia la participación de personal penitenciario de jerarquías intermedias o bajas.

De las actuaciones posteriores que se realizaron con la intervención de teléfonos celulares que estaban en dicha causa, se logró dar con el primer apuntado, Mariano Dohnal, quien sería el encargado de la lavandería de Batán.  Una vez obtenidos estos datos, intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por tratarse de un establecimiento penal.

Tras determinar a través de su informe a los principales actores, se avanzó hacia otro tipo de medidas de recolección de documentación y pruebas que luego permitieron ordenar allanamientos y detenciones para ampliar las acusaciones y desbaratar la organización. Los procedimientos tuvieron lugar en abril de 2018, septiembre de 2018 y recientemente, el 29 de octubre de 2019.

EL LAVADERO COMO PANTALLA

En el procesamiento firmado recientemente por el juez Inchausti se dejó establecido que la organización delictiva se conformó al menos desde julio de 2008 y que siempre estuvo encabezada por  Matías Sebastián Ávila e integrada por el resto de los procesados con la finalidad de “la producción de diversos ilícitos como ser el comercio de estupefacientes, la intermediación financiera sin autorización, la evasión fiscal y actos de corrupción de funcionarios públicos” y que, posteriormente, con las ganancias obtenidas, “lograron obtener diversos bienes y demás valores dando lugar a maniobras vinculadas al lavado de activos“.

La metodología empleada por la banda, según lo determinado por la Justicia hasta el momento, consistió en utilizar instalaciones y equipamiento con los que ya contaba el Servicio Penitenciario Bonaerense -en el que funcionaba un área de lavadero en la que los internos lavaban sus prendas- para llevar adelante un emprendimiento privado propio -explotado por Ávila, Bozzarelli, Dohnal y Fuentes- basado en el servicio de lavandería industrial para grandes clínicas y hospitales de la zona de Mar del Plata y La Plata bajo la pantalla de colaborar en la reinserción social de los detenidos.

Para esa actividad, los acusados no debieron pasar por un lógico trámite de licitación para un negocio de esas características gracias a la vinculación preexistente entre Ávila y el Servicio Penitenciario Bonaerense, del que formó parte desde 1990 hasta 2006, cuando fue declarado prescindible, pese a haber percibido ingresos hasta 2015.

En este contexto, los acusados llevaban adelante el negocio con mano de obra prestada por los internos a los que se asignaban las tareas de lavandería como actividad de taller dentro de las unidades penales, y así insólitamente se beneficiaban con la omisión del pago de cargas sociales y la falta de declaración de la actividad a los organismos de control pertinentes.

“Dichas actividades conllevaron a que varios de los sujetos aquí implicados adquirieran rodados, embarcaciones e inmuebles y desarrollaran un nivel de vida sin tener actividad comercial o ingreso lícito suficiente que pudiera, de momento, justificar tales patrimonios”, afirmó el juez en el procesamiento.

EL ORIGEN DE LA BANDA Y LOS ROLES

Según se desprende de la causa, la organización siempre estuvo integrada por personas con algún parentesco  entre sí o de afinidad con mayor o menor grado de extensión a lo largo del tiempo. El origen de la banda los investigadores lo ubican en junio de 2008 cuando Ana Mercedes Bozzarelli -madre de Ávila, acusado de liderar la organización- celebró un convenio con el Servicio Penitenciario para explotar un lavadero industrial instalado con equipamiento que ya poseía la cárcel, bajo lo que se denominó “Programa Incluirte”, cuya finalidad radicaba en incentivar la reinserción laboral de los internos de las unidades penales, quienes aportarían a cambio de una suma de dinero -previamente pactada- la mano de obra para la explotación del emprendimiento.

Una vez en funcionamiento, la ejecución quedó bajo el mando de Matías Ávila a través de la firma “Asepsia Industrial”. Él, a través de sus amigos Mariano Dohnal -en Mar del Plata- y Carlos Fuentes -en La Plata- impartía las órdenes necesarias para que el lavadero permaneciera funcionado dentro de las dos unidades penales.

Para ello, se valió también de otras personas, tanto civiles como funcionarios penitenciarios.

Por el lado de los civiles, según detectaron los investigadores, se vinculó con Mariano López Wortzman (con quien tenía una amistad y que a su vez estaba relacionado con Dohnal), dedicado a la explotación de entidades financieras que funcionaban sin autorización del Banco Central e integrante de diferentes mutuales carentes de actividad. También inició vínculos con Martín Aníbal Torres (amigo de Dohnal) quien constituyó la “Cooperativa de Trabajo Tryco” y la sociedad “Tryco todo para la construcción SRL”.

De esta manera, esas entidades se transformaron en los canales a través de los cuales Ávila llevó adelante un sistema de facturación que le permitía comprar facturas de otra empresa –en este caso de su madre, Ana Mercedes Bozzarelli– para ahorrar la mitad del IVA y cobrar los cheques que eran entregados por los clientes de “Asepsia  Industrial” quedando eximido del porcentual legal para tales operatorias.

A partir de intervenciones telefónicas realizadas en torno a la causa, el juez Inchausti estableció que los imputados con el fin de disminuir de “modo fraudulento las cargas tributarias” de la firma “Asepsia Lavadero Industrial SRL” llevaron adelante un sistema paralelo de facturación bajo las denominaciones “Ana Mercedes Bozzarelli” y “Asepsia Industrial”. “Esta maniobra les permitió sortear los controles de la AFIP, a partir de la emisión y uso de facturas apócrifas y obtener crédito fiscal, además de ocultar las verdaderas identidades de los operadores”, explicó el magistrado.

Por su parte, en torno a las vinculaciones con funcionarios penitenciarios, dado que Ávila perteneció al Servicio Penitenciario Bonaerense, obtuvo una serie de contactos como el que mantuvo con Marcelo Villagra, quien fue director de la Unidad 10 de Melchor Romero y quien los tenía al tanto de investigaciones que se llevaron a cabo sobre la firma “Asepsia Industrial”. Y así también surgió la vinculación con José Luis Rodríguez, ex director de la Unidad 15 de Batán.

En resumen, para los investigadores -por fuera del líder Ávila- Bozzarelli, Dohnal, Fuentes, Villagra y Rodríguez son quienes “estuvieron relacionados con las maniobras efectuadas por la organización dentro del Servicio Penitenciario, firmando el convenio para instalar los lavaderos, coordinando el ingreso y egreso de las camionetas con la ropa sucia y limpia, y acomodando y asignando a los guardias que les fueran convenientes para evitar requisas de las camionetas; mientras que López Wortzman y Torres se relacionaban con la parte financiera del producido de la actividad ilícita, incrementando las ganancias de la organización”.

CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y LAVADO

“El perfil patrimonial visible de Ávila, Fuentes, Bozzarelli y Dohnal no se condice con aquellos datos registrados ante organismos oficiales”, planteó el juez en un tramo de la extensa resolución por la cual dictó el procesamiento de la banda. Y remarcó que ello los coloca muy lejos de la posibilidad de adquirir autos y camionetas de alta gama, propiedades, dinero colocado en fideicomiso e incluso una embarcación valuada en más de medio millón de dólares, tal como se comprobó en la investigación.

Así, el juez Inchausti estableció que la metodología para disimular el origen ilícito del patrimonio “fue introducir al mercado tales ganancias adquiriendo este tipo de rodados de alta gama y realizando con ellos operaciones de compra y venta pero efectuada de manera informal y clandestina al adquirirlos a nombre de terceros o de la empresa Asepsia, expidiéndose luego cédulas de autorización para ser conducido por los imputados Ávila, Dohnal y Fuentes, principalmente, quienes en definitiva eran los reales dueños“.

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