Pampillón, otra vez procesado: ahora por incitar el acuartelamiento policial de 2013
El dirigente de ultraderecha enfrenta un nuevo proceso judicial bajo el delito de sedición, junto con la policía exonerada Virginia Sosa y seis efectivos de la Bonaerense.
Tras haber cumplido una probation que lo hizo esquivar un juicio oral por ataques de odio y discriminatorios contra el monumento Memoria, Verdad y Justicia y el Centro de Residentes Bolivianos, el dirigente de ultraderecha vinculado a grupos neofascistas Carlos Pampillón se encuentra nuevamente procesado en una causa penal ante la Justicia Federal en la que se lo acusa de haber incitado y motivado el acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013 en Mar del Plata. Junto a él fueron procesados seis policías y Virginia Sosa, policía exonerada, vocera de una protesta policial realizada el año pasado y recientemente precandidata a senadora provincial con un marginal caudal de votos.
La causa judicial que esta semana avanzó con el procesamiento de los ocho acusados, a partir de una decisión firmada por el titular del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, se inició hace ocho años, después del acuartelamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013 que dejó como saldo múltiples episodios delictivos, de violencia y saqueos. Y si bien en noviembre de 2014 el por entonces fiscal Pablo Larriera había pedido al juez llamar a indagatoria a los investigados, ese pedido había sido rechazado por falta de sustento probatorio.
Con el paso de los años la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizic, volvió a solicitar en febrero de 2018 llevar a esa instancia a los acusados y a partir de la acumulación de nueva prueba el juez accedió y las indagatorias terminaron por concretarse, algunas, a principios de este año.
Con la imputación en marcha, las declaraciones recibidas y la causa reimpulsada, el juez Santiago Inchausti quedó en condiciones de analizar las actuaciones y fue así como este martes procesó sin prisión preventiva a Pampillón, Sosa y a seis policías que formaron parte del impulso del acuartelamiento: Carlos Enrique Turno, Rubén Ferreyra, Daniel Leonardo Silva, Leandro René Bonora, Arturo Vicente Tobares y Adriana Nélida Brussolo.
Todos ellos quedaron procesados como autores de delito de sedición –alzamiento en armas- que determina que “serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea temporalmente el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o su renovación en los términos y formas establecidos en la ley”.
La comisaría primera fue uno de los epicentros de acuartelamiento (Foto: archivo / Qué digital)
Para el juez Inchausti, tras analizar la prueba recolectada en lo que va de la instrucción, los acusados asumieron “una conducta proactiva dirigida a obtener una concesión del Estado provincial y del Ministerio de Seguridad, mediante un levantamiento público de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, provistos del uso de armas de fuego y otros elementos intimidantes”.
LOS HECHOS IMPUTADOS A PAMPILLÓN Y SOSA
La causa, de acuerdo a la descripción de la fiscalía, partió desde los hechos sucedidos entre el 8 y el 9 de diciembre de 2013 cuando efectivos de la Policía Bonaerense “estimulados y apoyados por personas ajenas a dicha institución habrían incitado por distintos medios a sus pares para que dejen de prestar los servicios de patrullaje, convocándolos a un autoacuartelamiento con el claro objeto de ejercer presión sobre las autoridades de la Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Seguridad para forzarlos a conceder un incremento en la escala salarial”.
En ese marco, la fiscalía repara en que el cese de las funciones de buena parte de la Policía en la ciudad derivó, por un lado, en “numerosos ataques a la propiedad privada mediante hurtos, robos, saqueos, daños” y, por otro, en la generación “de temor de inseguridad común sobre la ciudadanía, en desmedro del orden público”.
El principal hecho motivo de acusación da cuenta que el 8 y 9 de diciembre de 2013 los seis policías junto con “instigadores civiles”, como Carlos Pampillón y Virginia “Rusita” Sosa, fomentaron el acuartelamiento de la fuerza “dejando de cumplir sus funciones específicas” en primer lugar en el escuadrón Caballería -donde se hizo presente Pampillón- y luego durante toda la madrugada y parte del 9 de diciembre frente a la comisaría primera bajo el reclamo de obtener una mejora salarial.
(Foto: archivo)
La fiscalía en su acusación sostiene que en ese marco se instó a todos los policías a “dejar de cumplir las funciones que por derecho están obligados” y que para ello se valieron “de los elementos que se le proveen por su función específica” como la portación de armas, utilización de chalecos antibalas, municiones, el uso de la radio para la convocatoria y una “constante modulación tendiente a dificultar la comunicación operativa realizada por el personal que sí se hallaba cubriendo el servicio”. También sumaron que numerosos patrulleros quedaron inutilizables a partir de que les habían desinflado las gomas.
“Esto provocó una indefensión en la ciudad que conllevó a la comisión de múltiples delitos por parte de otros individuos que aprovecharon la excepcional circunstancia, en razón de no contarse con los recursos para atender las situaciones de inseguridad que se produjeron y posibilitando por ello la comisión de esos delitos, afectando así la seguridad común en razón que esta maniobra violenta fue más allá de la protesta policial toda vez que se obstruyó que otros agentes policiales cumplieran con su deber”.
La protesta finalizó recién entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de diciembre con la firma por parte del gobierno provincial por entonces a cargo de Daniel Scioli de un aumento salarial.
(Video: diciembre 2014)
Citados a indagatoria, tanto Pampillón como Sosa negaron haber instigado la protesta policial pese a propias publicaciones suyas en redes sociales que daban cuenta de ello y de apariciones en medios de comunicación en el mismo sentido, material que forma parte de la prueba incorporada en la causa.
Las pruebas incorporadas en el expediente son diversas como numerosos testimonios de los por entonces jefes policiales de Infantería, Caballería y comisarías de la ciudad, informes realizados por la Prefectura Naval Argentina en base a lo informado por los medios de comunicación y otros llevados adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en base a publicaciones de redes sociales de los propios acusados.
“Las pruebas colectadas a lo largo de la instrucción se estructuran sobre los distintos artículos periodísticos y entrevistas a los medios, brindadas incluso por los propios imputados (en el caso de Pampillón) tanto días anteriores a los acontecimientos como durante el transcurso de los mismos, declaraciones testimoniales recibidas a los jefes policiales, publicaciones y comentarios realizados (también por los encausados Pampillón y Sosa) en las redes sociales de fuente abierta, invitando a difundir y tomar participación en el reclamo a terceras personas”, consideró el juez al valorar la prueba.
Y, en otro tramo, remarcó: “No cabe duda que en la protesta llevada adelante por el personal policial poseyeron armas, impidieron el libre acceso a las dependencias policiales donde se autoacuertelaron, bloqueando sus accesos, y que de acuerdo a los testimonios de los jefes de policía también se imposibilitó el uso de los móviles policiales y demás elementos provistos por la fuerza a los efectivos que no se sumaron al reclamo en curso (desinflaron ruedas de los patrulleros, se retuvieron llaves de contacto, dentro de los móviles quedaron las armas largas y elementos antitumulto) además de efectuarse modulaciones indebidas en la frecuencia policial ya sea alentando el reclamo o insultando y denigrando la labor de aquellos agentes que continuaban en servicio”.
En torno al rol jugado por Pampillón, el juez analizó: “Ha sido precisamente su aporte una parte esencial en la maniobra ilícita desde que efectuaba negociaciones personalmente tanto con autoridades policiales como municipales para destrabar el conflicto”.
Y sumó: “Aun cuando no tiene ningún nexo vinculante con las fuerzas de seguridad, daba indicaciones de cómo se iban a llevar adelante los reclamos, promovía en las redes sociales a que los efectivos policiales dejen de ejercer las tareas de prevención, difundía y convocaba a otras personas a que se sumen a la huelga, que ya a esta altura, el resultado que esto acarreaba era conocido por todos ellos”.
Tanto Pampilllón -ex integrante de la agrupación de ultraderecha “Foro Patriótico Nacional” (Fonapa) con el que concretó en 2011 y 2014 daños al monumento de Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y un ataque discriminatorio al Centro de Residentes Bolivianos- como Sosa -mencionada junto a Pampillón en un informe de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo en torno a los ataques neonazis y vocera en Mar del Plata de la “protesta” de 2020 que terminó con policías rodeando la quinta presidencial de Olivos- este año se sumaron al proceso electoral de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con escasa adhesión.
Pampillón no lo hizo como candidato pero sí como impulsor de distintas listas, en Mar del Plata una de precandidatos a concejales que sólo recibió un 0.4% de votos y Sosa como precandidata a senadora provincial en la que obtuvo un 0.3%.
