Petroleras: la fiscalía general, a favor de mantener suspendida la exploración sísmica
Se trata del paso previo a la definición de la Cámara de Apelaciones en torno al recurso de apelación presentado por el gobierno nacional.
En el marco del tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el gobierno nacional contra la decisión del juez Santiago Martín de hacer lugar una medida cautelar para frenar la exploración sísmica – paso previo a la instalación de petroleras en la costa bonaerense-, la Fiscalía General de Mar del Plata dictaminó a favor de mantener la suspensión de las actividades encomendadas a la empresa Equinor. Ahora solo resta que resuelva la Cámara de Apelaciones si mantiene el freno a las petroleras.
El gobierno nacional apeló semanas atrás la resolución del juez federal Santiago Martín que frenó la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que provocó que las tareas de búsqueda de hidrocarburos que iba a realizar la empresa noruega se posterguen, a partir de un fuerte rechazo de asambleístas y cuestionamientos del propio Municipio que derivaron en la presentación de cuatro amparos.
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones en torno al recurso del gobierno nacional se demoró más de lo previsto: primero, por cuestiones técnicas por parte del juez Alfredo López -a cargo provisoriamente de la causa por la recusación contra Martín interpuesta por el gobierno nacional- y luego por un pedido de los camaristas de un dictamen de fiscalía para proceder.
Ese dictamen se elevó en las últimas horas, según dio a conocer el sitio Fiscales.gob.ar, dictamen en el que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, se manifestó a favor de mantener la suspensión dispuesta por Martín “hasta tanto se asegure un debate más profundo con participación masiva de la ciudadanía”.
En su argumentación, Adler reparó en la firma de Argentina del pacto “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y afirmó que “ningún progreso económico puede, en pos de su consecución, implicar el detrimento del medio ambiente“.
Además, se centró en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Equinor, donde se detalla el potencial daño que podría provocarse para especies en el marco de la búsqueda de hidrocarburos, que implica en esta etapa en cuestión la emisión de fuertes ondas sonoras sobre el lecho marino.
“Surge claro que no existe época del año para la realización de la prospección que asegure que ninguna especie se verá afectada. En todos los escenarios alguna habrá de sufrir consecuencias”, dijo y apuntó contra una supuesta “falta de certezas científicas” en torno a determinados pasajes del estudio.
Asimismo, se refirió a uno de los argumentos presentados por el propio intendente, Guillermo Montenegro, en torno a las “falencias de comunicación” de lo actuado: “Todo ello permite evidenciar la necesidad imperiosa de un ámbito de discusión social mucho más amplio que el que se ha brindado hasta la fecha”, sostiene el fiscal.
En términos legales, hizo referencia al “principio precautorio” que rige en materia ambiental a la hora de analizar el dictado de medidas cautelares que impliquen “evitar daños colectivos”. “Distintos pasajes del Estudio de Impacto Ambiental dan cuenta de efectos desconocidos por falta de información, lo que refuerza la procedencia del principio precautorio”, argumenta.
Asimismo, centrado en la vigencia del “Acuerdo de Escazú”, vigente a través de la Ley 27.566, Adler advirtió que no se cumplió el principio de “participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”.
Por último, señaló el potencial impacto económico y pesquero de la prospección sísmica 3D que, citando al estudio de impacto ambiental, afirmó que “no se puede descartar que la tarea a desarrollar por las empresas pueda tener efectos sobre la explotación pesquera“. “El uso del verbo potencial y la afirmación de la carencia de conclusiones firmes permiten abrigar el temor de que la actividad impacte en la actividad pesquera, en particular de las especies”, sostuvo.
De esta manera, se espera que en los próximos días se expida la Cámara Federal de Apelaciones en torno a la suspensión de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que técnicamente la suspensión quedó en stand by por decisión del juez López hasta tanto resuelva el tribunal, aunque de todos modos no afecta al desarrollo de las tareas porque están programadas para el mes de octubre.
