Petroleras: un pedido de “aclaración” rechazado por la Cámara de Apelaciones
Uno de los impulsores de los amparos cuestionó la difusión pública de la resolución realizada por el gobierno nacional y sostuvo que se había generado una “gran confusión”.
La decisión tomada hace casi un mes por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata de dejar sin efecto la cautelar que había frenado la exploración sísmica para la proyectada explotación petrolera frente a la costa bonaerense y en paralelo ordenar al gobierno nacional realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental que complemente la ya dictada generó diversas lecturas y afirmaciones públicas. Así, el vecino que impulsó uno de los amparos pidió que la Cámara emitiera una “aclaratoria” que responda si la actividad está “habilitada o suspendida en la actualidad”, aunque el pedido fue rechazado en las últimas horas.
“La Cámara Federal de Mar del Plata habilitó el proyecto de prospección sísmica offshore”, difundió la Secretaría de Energía de la Nación el pasado 3 de junio a las pocas horas de conocida la resolución. “La Cámara de Apelaciones Federal ratificó la suspensión de la exploración petrolera offshore en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas de Mar del Plata, y resolvió que los proyectos no podrán desarrollarse hasta tanto se cumplan una serie de importantes requisitos ambientales”, comunicó, por su parte, la organización Greenpeace, impulsora de otra de los amparos.
Y si bien en parte esas las dos afirmaciones se correspondían con lo resuelto -aunque el gobierno nacional omitió informar un punto clave como es que para poder llevar adelante la actividad deberá complementar la Declaración de Impacto Ambiental ante deficiencias marcadas por los jueces- el impulsor de uno de los amparos, representado por la Casa del Trabajador, se presentó ante los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez para pedir que se emitieran una “aclaratoria” ante esas lecturas diversas.
Así, planteó que el gobierno nacional había difundido “que la actividad de exploración sísmica se encuentra habilitada en la actualidad, generando ello una gran confusión en la población” y reparaba en que la Cámara había dejado sin efecto la cautelar anterior aunque había ordenado también de manera cautelar completar la evaluación ambiental “sin indicar expresamente en qué situación se encuentra actualmente la actividad autorizada por el gobierno nacional”.
Básicamente, el pedido era que los jueces “aclararan en forma expresa si hasta tanto se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia la actividad de exploración sísmica en el Mar Argentino se halla habilitada o suspendida“.
Sin embargo, los jueces consideraron que no tenían nada que aclarar. “Esta Cámara no advierte ninguna omisión ni falta de claridad en la sentencia dictada toda vez que se ha ordenado cautelarmente que –a fin de dar continuidad a las actividades propias del proyecto cuestionado- el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe cumplir los recaudos allí determinados, con el control judicial dispuesto”, afirmaron en la resolución dictada el viernes pasado.
Los jueces Tazza y Jiménez (Foto: archivo / Qué digital)
Tal como informó Qué digital, el cuestionamiento por no haber llevado adelante una “Evaluación Ambiental Estratégica” que integre y analice “impactos acumulativos” del proyecto de exploración sísmica para una futura extracción petrolera del lecho marino fue uno de los principales puntos que se desprendió de la resolución dictada por la Cámara a través de la cual, si bien se dejó sin efecto la cautelar que en febrero suspendió el desarrollo de la actividad a 300 kilómetros de la costa de la ciudad, se ordenó al gobierno nacional llevar adelante una nueva Declaración de Impacto Ambiental que complemente la ya realizada y que contenga diversos elementos que no fueron tenidos en cuenta.
Puntualmente, los jueces coincidieron con diversos argumentos planteados por los impulsores de los amparos, por la fiscalía e incluso por el juez que dictó la cautelar descartada, aunque también consideraron que “no se advierte una situación de riesgo o peligro inminente que pudiese colocar al medio ambiente en situación crítica o de peligrosidad tal” como para mantener la suspensión del proyecto.
En función de esos argumentos con los que coincidieron en relación a falencias detectadas fue dispusieron que el gobierno a través de su Ministerio de Ambiente, conducido por Juan Cabandié, deberá llevar adelante una nueva Declaración de Impacto Ambiental “complementaria de la ya dictada e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos” de las actividades que se pretenden desarrollar bajo el control del titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, quien continúa con la tramitación de los cuatro amparos.
