Piden elevar a juicio la segunda parte de la megacausa Anses por millonarias estafas
Mientras el primer tramo con 33 acusados espera el desarrollo del debate, la Fiscalía dio por concluida la investigación contra otras 47 personas.
Mientras el primer tramo de la causa con 33 acusados espera el desarrollo del debate, la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata pidió elevar a juicio la segunda parte de la megacausa en la que se investiga a una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Esa segunda parte incluye a 47 imputados, entre acusados de integrar la asociación ilícita y beneficiarios de jubilaciones y retiros transitorios por invalidez irregulares.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la fiscalía le pidió en las últimas horas al juez Santiago Inchausti que eleve a juicio el segundo tramo de la megacausa a cinco años de iniciada la investigación.
En junio del año pasado el mismo juez confirmó la elevación a juicio de la primera parte de la causa, que incluye entre los acusados a 13 abogados, médicos y exfuncionarios públicos, además de 20 beneficiarios. A la espera de ese debate en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, la fiscalía ya realizó el ofrecimiento de prueba y se aguarda aún avances y la concreción de una fecha para su inicio.
En paralelo, la investigación siguió en un segundo tramo que incluye a 47 personas acusadas, entre las que aparecen otros 13 imputados de formar parte de la asociación ilícita y el resto son beneficiarios y beneficiarias de trámites realizados de manera irregular.
Esta segunda parte de la causa, en la que ahora la fiscalía dio por cerrada la instrucción y pidió elevarla a juicio, se centra en un universo de más de 370 maniobras que incluyen tanto nuevos hechos que se le atribuyen a los imputados que se vieron alcanzados en el primer tramo como a nuevos partícipes identificados.
En el primer tramo de la investigación que se destapó con cuatro detenciones concretadas en abril de 2018 y otras cuatro provocadas días después, la Justicia determinó que en el estudio jurídico situado en la avenida Paso 2882 y 2890 funcionaba una organización delictiva denominada “Organización Jurídico Previsional”, integrada, en principio, por Roberto Luís Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez, que permanecen detenidos.
Ellos cuatro, de acuerdo a la acusación, recibían la colaboración de médicos, contadores y funcionarios de la AFIP entre los que en el primer tramo de la causa se encuentran acusados Alejandro De la Torre Kriskovich y Ramón Gerardo Tula y en este segundo se suma, entre otros, Héctor Adolfo Seri, quien recientemente fue noticia por impulsar un polémico amparo que intentó suspender la ley del derecho del aborto.
LA CAUSA
En relación a la organización ilícita, según se desprende de la causa, la misma llevó adelante diversas maniobras, como la alteración de registros de la AFIP, tenencia de DNI, utilización de documentación y sellos médicos. Además, sus integrantes instalaron un consultorio médico no habilitado, ejercieron “influencia” sobre diversos funcionarios públicos a través de ofrecimientos económicos, y también se le atribuyen la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros.
A través de las maniobras que se le imputan a los acusados para lograr los beneficios previsionales ilegítimos, además de generarle un “perjuicio patrimonial” millonario al Estado, la organización procuraba quedarse con el pago del retroactivo de la Anses, motivo por el cual también impulsaban la dilatación de los trámites.
Para la Justicia, desde su sede en Juan José Paso al 2800, la asociación “se valía principalmente de dos maniobras defraudatorias”, con colaboración de una importante cantidad de personas con roles específicos para concretar, entre otros aspectos de la organización, la confección de recibos de sueldo apócrifos o los propios trámites en la Anses.
En ese sentido, se pudo establecer que las maniobras consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa a los efectos de generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que luego resultaron ser los beneficiarios, con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.
Por su parte, en cuanto a los beneficiarios, a las personas que irán a juicio se las acusa de defraudación contra la administración pública, delito que prevé penas de dos a seis años de prisión.
