Martes 23 de abril | Mar del Plata
20/10/2019

Piden enjuiciar a un miembro de la CNU por el asesinato de un diputado en 1975

Mario Durquet es uno de los civiles condenados por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata y ahora está a punto de enfrentar un nuevo proceso en San Juan.

Piden enjuiciar a un miembro de la CNU por el asesinato de un diputado en 1975
(Fotos: archivo / Qué digital)

Mario Ernesto Durquet fue uno de los tres condenados a prisión perpetua en 2016 en el primer juicio a civiles de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad. Se trata de uno de los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) -la organización de ultraderecha que actuó previo a la última dictadura cívico militar- que ahora, mientras cumple su pena, está a punto tener que enfrentar un nuevo juicio, esta vez en San Juan por el homicidio del diputado Ramón Pablo Rojas, cometido en 1975 y por el cual ya fue condenado en la década del ’80 Fernando Otero, otro de los integrantes de la CNU que también recibió una condena a perpetua en el histórico juicio realizado hace tres años en la ciudad.

En la previa a la dictadura cívico militar la CNU funcionó como una asociación ilícita comandada por Gustavo Demarchi –designado como fiscal en octubre de 1974- para perseguir y eliminar a opositores políticos vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo. Y uno de los crímenes fue cometido lejos de Mar del Plata, en San Juan, por medio del cual fue asesinado Rojas que había sido en 1973 elegido diputado nacional en representación del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli).

Días atrás, y en el marco de la continuación de esta investigación que ya tuvo como condenado a Otero en 1982, el fiscal federal de San Juan Francisco José Maldonado le solicitó al Juzgado Federal N° 2 de esa provincia la elevación a juicio de Durquet, ocurrido el 3 de noviembre de 1975. Para el representante del Ministerio Público Fiscal está debidamente acreditado que Durquet participó del homicidio del también sindicalista vitivinícola sanjuanino.

EL CASO

De acuerdo a la investigación difundida por el Ministerio Público Fiscal, el 3 de noviembre de 1975 Rojas fue abordado por varios sujetos mientras se disponía a ingresar a su Ford Falcon. Según consta en actas, en el auto ingresaron Carlos “Flipper” González y Fernando Otero, quienes provenían de Mar del Plata, lugar donde se desempeñaban activamente en la CNU, y una persona más participó del operativo desde un Peugeot 504.

Luego de ser abordado, Rojas fue llevado al barrio de Concepción, donde fue hallado muerto. De acuerdo al testimonio de un vecino de la zona, se escuchó una serie de disparos y se pudo ver cómo un 504 huía a toda velocidad. Según se reconstruyó, se habría producido un enfrentamiento en el interior del Falcon. El diputado, que se hallaba en el lugar de acompañante, fue atacado por González y Otero, ubicados en los asientos de conductor y trasero, respectivamente. Rojas estaba armado e intentó defenderse disparando a sus agresores, lo que obligó a la intervención de la persona a bordo del Peugeot 504, que se acercó al vehículo de Rojas y le disparó en varias oportunidades, ocasionando su muerte. Los disparos producidos por el diputado hirieron a Otero y produjeron la muerte de González.

El 504 se dio a la fuga y fue encontrado abandonado en la localidad de Media Agua, con manchas de sangre en su interior, un cargador con siete proyectiles y una infracción de tránsito a nombre de González. En la provincia de Mendoza se logró dar con el paradero de Otero, internado en el Hospital Militar local, donde ingresó herido de bala, y también se produjo el hallazgo del cadáver de González. Asimismo, se allanó una habitación de hotel que fuera ocupada por ambos, donde se secuestraron documentos, armas y vestimentas. En diversas indagatorias, Otero reconoció ser integrante de la CNU, y que tanto él como González se desempeñaban como agentes de seguridad en la Universidad de Mar del Plata. 

Al momento del crimen, Rojas registraba una extensa carrera política y gremial en San Juan. Su primera incursión en este ambiente fue su participación en la creación de la Sociedad de Obreros y Obreras de la Industria Vitivinícola y Afines, organización disuelta en 1948. Al año siguiente, con un fuerte influjo del entonces presidente Juan Domingo Perón, nació FOEVA, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines. Rojas asumió como diputado provincial en 1952 hasta el golpe de estado de 1955, y en 1973 volvió a incursionar en la política, cuando fue elegido como diputado nacional en representación del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli).

Desde su rol como legislador, Rojas buscó defender intereses de valor para la provincia de San Juan ligados a su desarrollo industrial y económico. Así, promovió la promulgación de la ley que establecía el envasado de vinos en origen, algo que resultaba perjudicial para los intereses centralizados del FOEVA, cuyo secretario general adjunto, Delfor Abraham Ocampo, se hallaba manifiestamente enfrentado con Rojas.

Para el fiscal Maldonado, “la decisión de asesinar a Rojas obedeció a la ley de envasado en origen que buscaba implementar en su calidad de diputado nacional, circunstancia que repercutiría negativamente en los intereses de la conducción nacional de FOEVA, sector sindical que colaboraba económicamente con la CNU”. De esta manera, en su requerimiento aseguró que existen elementos que permiten sostener la responsabilidad penal de Durquet en los hechos investigados.

LA PARTICIPACIÓN DE DURQUET

El representante del Ministerio Público Fiscal aludió al analizar la partipación de Durquet en el crimen a la testimonial de la pareja de Otero, que fue detenida luego de cobrar un cheque librado por FOEVA por órdenes de Ocampo, elemento de pago que fue a buscar por instrucciones de Durquet. La mujer también declaró que su pareja le indicó que escribiese una carta a José Luis Piatti, otro integrante de la CNU, con la expresa instrucción de que fuese entregada a Durquet. Dicha misiva aludía a la acción de “comprar” a una jueza para que Ocampo “salga libre de culpa y cargo”.

La participación del imputado también encontraría asidero en la declaración de la hermana de González, que indicó que fue aquel quien la ayudó en las diligencias necesarias para trasladar el cuerpo a Buenos Aires. De igual manera, surge en las resoluciones del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata que el acusado era un recurso humano estable de la casa de estudios y compartía tareas con otros integrantes de la CNU y, según la viuda de González, él mismo se jactaba de haber asesinado a María Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del PLata.

Para Maldonado, Durquet “integraba la CNU de forma permanente, organismo al que también adscribía ideológicamente. Además, puede concluirse que no solo integraba la organización delictiva, sino que participaba en los crímenes efectuados por los mismos, cumpliendo un doble rol: operativo e intelectual”.

El fiscal remarcó que “intervino en el entramado delictivo que culminó con el homicidio de Rojas”, resultando indiferente su presencia física en el momento ejecutivo del crimen, ya que se comprobó su actuación como nexo de la pareja de Otero, se avocó a que se materializara el pago del crimen, fue el encargado de comunicar la muerte de González a su pareja, no pudiendo descartarse que haya integrado la comitiva que viajó a San Juan para asesinar a Rojas.

Por ello, Maldonado solicitó se eleve a juicio a Durquet como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de tres o más personas y por precio, en perjuicio de Ramón Pablo Rojas.

OTERO, YA CONDENADO Y EXCARCELADO

A la derecha, Otero

Por el crimen de Rojas en 1982 fueron condenados a prisión perpetua Delfor Abraham Ocampo y Otero. Justamente el cumplimiento de esa condena fue uno de los argumentos que usó Otero este mismo año para lograr ser excarcelado, pese incluso a que en 2016 también fue condenado a perpetura en el juicio realizado en el Tribunal Federal de Mar del Plata. Es que la Cámara de Casación Penal luego de que se unificaran dos condenas anuló el límite temporal de cumplimiento de 37 años y seis meses y lo fijó en 25. En ese sentido, la defensa había solicitado su excarcelación por haber  “purgado holgadamente dicho límite punitivo” al haber permanecido 27 años detenido.

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20/10/2019