Piden indagar al hombre que trasladaba personas a Mar del Plata sin habilitación
Cobraba $10 mil para trasladar a personas desde el AMBA a Mar del Plata en medio de la cuarentena. Para el fiscal, se trata de una conducta “particularmente grave”.
El hombre que realizaba el transporte de personas hacia Mar del Plata en violación a las medidas dispuestas en el marco de la cuarentena por el coronavirus, que fue detectado el sábado pasado en Coronel Vidal, afronta por estos días la causa judicial ante la Justicia Federal, y el fiscal Daniel Adler solicitó en las últimas horas que sea llamado a declaración indagatoria por no respetar al aislamiento social, preventivo y obligatorio al tiempo que pidió la requisa y embargo del vehículo.
El sábado pasado por la noche un vehículo que transportaba a dos mayores y un menor rumbo a Mar del Plata sin habilitación fue retenido en Coronel Vidal en un control de circulación. Si bien en un primer momento tanto el conductor como las personas transportadas aseguraban ser “amigos”, luego las autoridades corroboraron que se trataba de un viaje pago de 10 mil pesos por persona, a bordo de un vehículo inhabilitado para tal fin.
En ese marco, se abrió una causa en la Justicia Federal, y en las últimas horas el fiscal Daniel Adler, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2, solicitó al juez Santiago Inchausti que el hombre sea llamado a indagatoria y que se ordene la requisa y embargo del vehículo, que por el momento se encuentra retenido por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT).
El fiscal Adler indicó que se encuentra expresamente prohibido el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, y calificó la conducta del conductor de la camioneta “particularmente grave”, dado que implica el trasporte clandestino de personas desde una zona en la que la autoridad sanitaria considera de “circulación comunitaria” del virus como es el Área Metropolitana de Buenos Aires.
“Esa actividad era realizada a cambio de una suma de dinero, lo cual implica la obtención de un lucro de parte del imputado para desarrollar una actividad ilegal en el marco de una pandemia en la que se han impuesto normas básicas de convivencia para evitar la propagación del covid-19. Ello importa un riesgo potencial epidemiológico de relevancia y denota de parte del imputado ausencia de solidaridad con la comunidad toda”, sostuvo Adler en su dictamen.
A su vez, señaló que si bien la “distribución de paquetería” es una de las actividades exceptuadas del cumplimiento del ASPO, el acusado no se encuentra inscripto ante el organismo tributario ni las autoridades administrativas para realizar esa actividad. Y, por último, reparó en que el transporte clandestino de pasajeros implica “desnaturalizar cualquier permiso de circulación que pudiera tener el acusado y una violación flagrante a las disposiciones de la autoridad sanitaria”.
