Piden seis años de prisión para dos policías acusados de integrar una banda narco
Así fue requerido por la fiscalía en el juicio que se lleva adelante desde mayo en el Tribunal Federal. Otros 16 acusados acordaron penas en juicio abreviado.
En el marco del juicio iniciado en mayo en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata la fiscalía pidió este lunes que dos policías acusados de formar parte de una banda dedicada a la venta de droga, que fue desbaratada en agosto de 2018, sean condenados a seis años de prisión, misma pena que ya acordaron la mayoría de los otros 16 acusados en juicios abreviados que deberán ser convalidado por los jueces al finalizar el debate.
El debate, encabezado por los jueces Roberto Falcone, Nicolás Toselli y Fernando Machado Pelloni, se inició en mayo pasado en el marco de una causa que llegó a la instancia de juicio con 18 acusados de los cuales 16 a lo largo del proceso firmaron un juicio abreviado en el que reconocieron su participación en la banda y acordaron recibir penas de hasta seis años de prisión. Esos acuerdos deberán ser avalados por los jueces al momento de la sentencia.
Y de cara a esa sentencia este lunes el fiscal Juan Manuel Pettigiani realizó su alegato contra los dos acusados que quedaron en el proceso: los policías Orlando Ezequiel Menghini –hermano de uno de los principales acusados- y Pedro Ismael González para quienes pidió seis años de prisión al considerarlos partícipes necesarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de más de tres personas de forma organizada, por haber formado parte de la banda funcionarios policiales y por haberse cometido en inmediaciones de establecimientos escolares.
Al momento de los hechos Menghini integraba la comisaría quinta y González, la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas. “Confabulaban para el comercio de estupefacientes, realimentando el circuito ilegal del tráfico que ambos debían prevenir en su función de policías”, sostuvo el fiscal.
Gran parte de los imputados habían caído en agosto de 2018, cuando la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevaron adelante un megaoperativo denominado “Acantilados Blancos” que incluyó una veintena de allanamientos en los que, además de cocaína y marihuana, se secuestró una importante cantidad de armas. Según se desprende de la acusación, la organización se dedicaba “al abastecimiento de estupefacientes a grupos familiares, allegados y sujetos vinculados o no”, quienes además vivían en la zona de la Villa Mateotti.
Los acusados que rubricaron un acta acuerdo de juicio abreviado son Luis David Novile, Carlos Alberto Fernández, María Eugenia Santillán, Patricia Adriana Amarilla, Evangelina Soledad Maldonado, Atilio Raúl Fragelli, Luis Alberto Martínez, Ricardo Jesús García, Juan Cruz Dueñas Antoli, Miriam Elizabeth Carballo Figueroa y Gonzalo Lionel Cardozo como coautores del delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización agravado y deberán pagar multas de 315 mil pesos.
Por su parte, Darío Guillermo Fernández, Lucas Damián Polignano y Miguel Ángel Actis fueron encontrados partícipes secundarios de los hechos y tendrán penas de tres, cuatro y tres años respectivamente, además del pago 157.500 pesos de multa. Tanto sobre Fernández como sobre Polignano pesa también la acusación de tenencia ilegítima de arma de fuego, y el último también fue acusado de cultivo de estupefacientes.
Por otro lado, Martín Manuel Wekkesser firmó una suspensión de juicio a prueba por tres años como partícipe secundario del delito de tenencia con fines de comercialización; mientras que Eneas Nahuel Fernández firmó junto a su defensa la suspensión de juicio a prueba por el término de un año por tenencia ilegítima de arma.
Desde la fiscalía destacaron que los juicios abreviados permitieron acreditar la existencia de la organización que era proveedora de la droga de forma simultánea o alternativa, separada o conjunta, que abastecía a dos grupos familiares.
De esta manera, se logró identificar a Novile como la persona que ingresaba a la villa de manera constante a bordo de una camioneta negra, quien realizaba delivery de drogas y resultó ser medio hermano del policía Menghini. Si bien dijeron en el debate que no tenían buen vínculo, desde la fiscalía plantearon que las escuchas de sus conversaciones telefónicas y las tareas de investigación revelaron lo contrario.
Según el fiscal, Menghini “en su función de policía preavisaba a Novile acerca de procedimientos a realizarse en la Villa Mateotti a los efectos de que preavisara a las familias del barrio y éstas pudieran eventualmente descartar el material estupefaciente que pudieran tener en los domicilios, utilizando en varias oportunidades, a menores de edad para retirar la droga”.
En su alegato, teniendo en cuenta que a poco más de cien metros del asentamiento ubicado sobre la manzana que encuadran Mario Bravo, Benito Lynch, Mateotti y Talcahuano se ubica el jardín municipal 919, la escuela primaria 35 y la escuela secundaria 47, el fiscal pidió al tribunal que requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación que el dispositivo del operativo de la Prefectura ubicado en Talcahuano y avenida Mario Bravo se desplace alrededor de 120 metros sobre la misma avenida hasta la puerta del Jardín 919 para alcanzar “una disuasión efectiva para evitar la reiteración, en el lugar, de los hechos en juzgamiento”.
Y por otro lado, pidió que se libre oficio a la Municipalidad para que se garantice el servicio ininterrumpido de la cámara de seguridad ubicada en la esquina de Mario Bravo y Talcahuano, “en razón de que se han observado intermitencias en su funcionamiento que generan el espacio para que el tráfico de estupefacientes se lleve a cabo”.
