Pidieron prisión perpetua para el represor Juan Miguel Wolk
Escuchó el alegato de la fiscalía en la causa “Hogar de Belén” que se tramita en La Plata desde la prisión domiciliaria que cumple en Mar del Plata.
La fiscalía pidió que el represor Juan Miguel Wolk -que desde 2016 cumple prisión domiciliaria en Mar del Plata- sea condenado a la pena de prisión perpetua en el juicio conocido como “Hogar de Belén” que se lleva a cabo en La Plata desde el año pasado y que lo tiene como uno de los expolicías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Mientras en paralelo sigue siendo juzgado en otro proceso, iniciado en 2020, por crímenes cometidos en tres centros clandestinos conocidos como “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “El Infierno”, Wolk escuchó esta semana desde su casa ubicada en la entrada del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata el alegato de los fiscales Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, quienes pidieron que sea condenado a la pena de prisión perpetua, al igual que otros seis acusados.
Todos están acusados por dos masacres perpetradas en marzo de 1977 en Almirante Brown y Lavallol, que culminaron con los homicidios de seis personas, y la apropiación de tres hermanos: Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, cuando tenían 2, 4 y 5 años.
Las víctimas de las matanzas fueron María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Meza de Ramírez (madre de Carlos, Alejandro y María Ester), Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee.
Tras el asesinato de su madre, que fue víctima de uno de los procedimientos, la niña y los niños fueron confinados en un hogar (“Pequeño Hogar de Belén”) de la localidad de Banfield hasta los últimos días de la dictadura por disposición del Poder Judicial, y sometidos a malos tratos y abusos sexuales. Así fue impedido que su padre y su tía paterna conocieran su paradero.
En la etapa final del juicio -que seguirá dentro de dos semanas con el alegato de las querellas- la fiscalía pidió que se imponga a Wolk la pena de prisión perpetua por ser autor mediato de homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía, utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas contra las seis víctimas del proceso. La calificación incluye su consideración como crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad, de manera concurrente o alternativa.
La misma acusación que la de Wolk recaía sobre el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, que falleció el año pasado.
Por su parte, la misma pena pidieron los fiscales para el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y otros cinco ex policías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús: Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez.
Entre los acusados en el juicio también está una exsecretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, para quien pidieron 21 años de prisión por los delitos de sustracción, ocultamiento de menores y haber hecho incierto su estado civil.
Como parte de los pedidos, los fiscales solicitaron que a modo de reparación el “Hogar de Belén” -al que todavía asisten niños y niñas- deje de funcionar en ese lugar para que el edificio pase a ser un espacio de memoria. También pidieron que los diarios Clarín, La Nación, Crónica y La Prensa rectifiquen información publicada al momento de ocurridos los hechos en 1977 ya que “se plegaron un relato oficial y tergiversaron la realidad de lo sucedido” en sintonía con lo planeado por los represores.
De acuerdo con la acusación fiscal, tras la masacre perpetrada en marzo 1977 la niña y los niños -uno de ellos herido de bala- fueron retenidos y ocultados de su familia biológica, con la actuación indispensable del personal del Tribunal de Menores Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo entonces de la jueza Marta Delia Pons (ya fallecida), y sometidos a malos tratos y abusos sexuales.
En el final de la dictadura, la Corte Suprema hizo lugar a la petición de su padre, Julio Ramírez, y restituyó los hermanos a la familia biológica. La niña y los dos niños se refugiaron en Suecia y viven allí desde entonces, junto a su padre, quien para la época de los hechos estaba en la cárcel detenido por razones políticas.
