Presentan otro amparo contra la regulación de la prostitución en Mar del Plata
La Fundación Alameda interpuso la acción ante la Justicia Federal y solicitó una medida de no innovar contra la ordenanza que entrará en vigencia en algunos días.
A días de que entre en vigencia la ordenanza que regula la prostitución en Mar del Plata, con la delimitación de una zona para el desarrollo de la actividad que en caso de no ser respetada podría derivar en multas y arrestos, la Fundación Alameda presentó un amparo colectivo -el segundo que se interpone, tras el rechazo al primero– contra la norma y además solicitó una medida de no innovar.
Luego de que se conociera la zona elegida por el gobierno municipal para el desarrollo de la actividad – un tramo de la avenida 10 de Febrero en la zona de los cementerios – y en medio de las críticas por lo que representa la acción estatal en lo que hace a la persecución de quienes se encuentran en situación de prostitución, la fundación interpuso la acción de amparo colectivo en el fuero federal.
El amparo presentado por La Alameda es el segundo interpuesto con el objetivo de frenar la ordenanza: el primero había sido presentado por el Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, pero fue rechazado por el titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López, pese a que la Fiscalía Federal N°1 había dictaminado previamente a favor del trámite del amparo e incluso de la cautelar que buscaba frenar la vigencia de la norma municipal.
En concreto, esta nueva presentación fue efectuada por Néstor Escudero, en representación de la Fundación Alameda, al entender que la ordenanza “choca con la legislación vigente, las convenciones internacionales que la Argentina suscribió, y además genera un ámbito de explotación sexual en la que la policía local, como ya ocurrió en otras épocas en Mar del Plata, se convierte en una suerte de proxeneta que «regula» y castiga a personas en estado de vulnerabilidad social”.
Según informaron desde La Alameda, el objetivo de la presentación es que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que la misma “afecta derechos humanos contemplados en lo pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional, así como también las leyes 12.331, 26.362 y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal”.
Por ese motivo, se solicita que la Justicia dicte una medida de no innovar “hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”, ya que “la aplicación de la norma causa gravámenes irreparables en el tejido social”. Y en ese marco, desde la fundación entienden que la ordenanza resulta inconstitucional “por ser un acto público que lesiona, restringe, altera y amenaza, con ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional, los diversos tratados internacionales incorporados a la misma y la normativa legal vigente citada”.
En la presentación, desde La Alameda advierten que la norma “reconoce que las personas que ejercen la prostitución son criminalizadas, discriminadas y vulnerables” y además repara en que “se trata de víctimas a las que se pretende invisibilizar mediante la excusa de garantizar la convivencia entre oferentes, consumidores y vecinos”.
Además, quienes presentaron el amparo consideraron que la regulación de la actividad “atenta contra la posición abolicionista que asumió el Estado Argentino, al sancionar la Ley 12.331, que prohíbe en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ellas”.
Y finalmente, desde La Alameda evidenciaron que “el Municipio no se halla en condiciones de garantizar que no exista explotación sexual, ni que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona”. “El hecho de crear ‘zonas seguras’ -sostiene la presentación- no hace más que agravar la situación que de por sí ya es grave, con el agravante de que si no ejercen la prostitución dentro del marco propuesto por el municipio, esas víctimas se vean en riesgo de ser multadas o arrestadas”.
Por último, desde la fundación aseguraron que la ordenanza cuestionada “promueve desde el Estado una actividad que afecta la dignidad de las personas” al tiempo que “pone en peligro sus vidas”, ya que “resulta aún más grave que quienes lleven esta actividad de oferta sexual fuera de la zona fijada pueden ser privadas de su libertad revictimizando y estigmatizando a los más vulnerables”.
¿QUÉ ESTABLECE LA ORDENANZA?
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante el 24 de junio y promulgada por el gobierno el 12 de julio, con publicación en el Boletín Oficial el 25 de julio, le dio al intendente un plazo de hasta 45 días para recibir “propuestas” y fijar los lugares que quedarían habilitados para el desarrollo de la prostitución. Pasado ese plazo, el Municipio informó que el lugar elegido es un tramo de la avenida 10 de Febrero, pese a las críticas de quienes desarrollan la actividad y de las y los vecinos del sector.
Por otro lado, la norma establece que las personas que no cumplan con esa delimitación de espacios podrán ser multadas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actualizado de entre $172 mil y $861 mil)- y hasta arrestadas (de 5 hasta 30 días), aunque no delimita en ningún momento qué elementos se tomarán en cuenta para aplicar cada una de esas medidas.
