Presentan un amparo contra la regulación de la prostitución en Mar del Plata
Fue iniciado ante la Justicia Federal por el Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Su tramitación quedó a cargo del juez Alfredo López.
Al afirmar que la ordenanza es “inconstitucional” y que implica “echar por tierra tratados internacionales y leyes nacionales” en la materia, el titular del Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo que se frene la ejecución de la norma que fijó una regulación de la prostitución en Mar del Plata con la delimitación de espacios habilitados para la actividad y la imposición de multas y hasta arrestos para quienes no la cumplan.
La presentación fue realizada en los últimos días por el director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y -según informaron- su tramitación quedó a cargo del titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo López.
De manera inicial, el amparo requiere que se dicte una medida “de no innovar” que suspenda la puesta en vigencia de la ordenanza y su reglamentación. Es que además de su aprobación, será el gobierno de Guillermo Montenegro el que tendrá un plazo de 45 días para fijar los lugares de Mar del Plata en los que se habilitará el desarrollo de la prostitución, a partir de la recepción de propuestas y con la particularidad de que deben ser zonas sin “vecinos frentistas”, según la norma aprobada el 24 de junio en el Concejo Deliberante por impulso del oficialismo (Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica).
En el escrito se sostiene que existe un “alto riesgo” de que al ejecutarse la ordenanza “se vean afectados tanto los derechos humanos de las personas en situación de prostitución dentro como fuera de la ‘zona roja’, siendo multadas o detenidas por las fuerzas de seguridad”.
En ese sentido, el funcionario consideró que “es harto conocido que las mujeres que ejercen la prostitución rara vez lo hacen por cuenta propia y siempre es a partir de la vulnerabilidad que deciden llevarla a cabo”. Y planteó que se trata de “víctimas de explotación sexual, y ante la falta de mejores oportunidades suelen ser revictimizadas incluso con ordenanzas como la que discute”.
La presentación de Vera contra la normativa impulsada por el intendente Montenegro afirma en otro tramo que con una ordenanza de este tipo “se promueve desde el Estado una actividad que afecta la dignidad de las personas, se promueve el crimen organizado y se pone en peligro sus vidas, y de la lectura de la misma queda acreditado a toda luces que el Municipio no garantiza que ello no ocurra” . También remarca que “es aún más grave que quienes lleven esta actividad de oferta sexual fuera de la zona fijada puedan ser privadas de su libertad, revictimizando y estigmatizando a las más vulnerables, con un final incierto”.
El titular del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera (Foto: archivo / Qué digital)
“La cuestionada ordenanza es contraria a la normativa vigente, particularmente las leyes 12.331, 26.364, y su modificatoria, la ley 26.842, y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal, afectando derechos humanos fundamentales, amparados por convenciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino y ratificadas por el Congreso Nacional, muchas de las cuales han sido incorporadas en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional”, fundamentó Vera en su presentación.
Puntualmente, menciona que la ley 12.331 prohíbe “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella” y cuestiona: “¿Existe diferencia entre que se ejerza la prostitución en una ‘casa de tolerancia’ o en la vía pública? El Estado municipal, ¿se halla en condiciones de garantizar que no exista explotación sexual, que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona en los horarios específicamente indicados por el Ejecutivo municipal? ¿No está el Estado municipal promoviendo o facilitando la prostitución de personas?”.
Y entre sus puntos finales, apunta que se trata de una “ordenanza inconstitucional” y advierte: “Un Municipio puede echar por tierra todos los tratados internacionales, leyes nacionales y el compromiso que el Estado Nacional viene llevando adelante para combatir la trata de personas y asistir a sus víctimas para recomponer sus derechos“.
