Prostitución: la Cámara de Apelaciones revisará el rechazo del amparo
Se trata de la causa iniciada por el gobierno nacional a través del Comité de Lucha contra la Trata que apunta a declarar inconstitucional la ordenanza.
A un mes de entrada en vigencia la ordenanza que regula la prostitución en Mar del Plata y que delimita su desarrollo a un sector de la zona sur de la ciudad, la Justicia Federal continúa con el tratamiento de un amparo impulsado por el gobierno nacional para que se declare inconstitucional la ordenanza y ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad la que deberá analizar la presentación que fue rechazada en primer instancia por el titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López.
Después de que el 22 de agosto el titular del Juzgado Federal N°4 rechazara el amparo presentado por Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación y encabezado por el dirigente Gustavo Vera, el organismo presentó su recurso de apelación contra esa decisión con el objetivo de que sea analizada -y revertida- por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Sin embargo, el juez López rechazó esa posibilidad al argumentar que la designación de Vera al frente del organismo a través del cual interpuso el amparo estaba vencida tras una última prórroga en 2021 de 180 días hábiles.
La falta de formalización administrativa en la designación de Vera al frente del organismo también había provocado una demora en la tramitación del expediente en el inicio: al momento de presentar el amparo se encontraba vencida y por ello debió hacerse el trámite que prorrogó su designación por 180 días hábiles desde el 27 de noviembre de 2021.
En la continuidad de la tramitación de la causa, el Comité nacional de Lucha contra la Trata presentó un recurso de queja contra esa decisión de López que la semana pasada fue resuelto de manera favorable por la Cámara de Apelaciones al volver a analizar las fechas de designación y de vigencia del cargo de Vera al frente del organismo nacional. Esto representa que los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez le ordenaron el juez López que formalmente conceda el recurso de apelación, un mero formalismo para que entonces sí pueda ser analizado el expediente en esa instancia.
Y fue así que este jueves López concedió el recurso de apelación y lo mandó a la Cámara para que ahora sí Tazza y Jiménez finalmente analicen y resuelvan si el rechazo del amparo estuvo correctamente fundado o, caso contrario, corresponde hacer lugar a lo allí planteado.
El juez López (Foto: archivo / Qué digital)
Al momento de rechazar el amparo, el juez López había entendido que Vera en su rol del titular del Comité contra la Trata “carece de legitimidad” para impulsar una acción penal de este tipo, es decir que las funciones que tiene a cargo el organismo -dependiente de la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo- no incluyen representar al Estado nacional en un proceso judicial de estas características.
La apelación impulsada por Vera sostuvo que el juez “omitió realizar el análisis de la normativa citada por esta parte y por la fiscalía en la que se funda la legitimación para solicitar la acción de amparo colectivo como así también de los antecedentes jurisprudenciales”. Asimismo, planteó que la titular de la Fiscalía N°1, Laura Mazzaferri, había dictaminado que tenía la legitimidad necesaria para impulsar el amparo y cuestionó que López “hizo caso omiso a todas las fundamentaciones y realizó un escueto y arbitrario análisis de la Ley de Ministerios 22.520 y su decreto reglamentario y de cierta doctrina para fundar su posición”.
El amparo busca, como primera medida, el dictado de una medida cautelar que frene la ejecución de la ordenanza y que, de manera definitiva, la declare inconstitucional.
Por otro lado, un segundo amparo bajo pedidos similares fue presentado a mediados de septiembre por la Fundación Alameda y también quedó a cargo del juez López aunque por el momento desde la organización no informaron en qué estado se encuentra.
Hasta el domingo pasado el gobierno municipal había labrado 56 infracciones a lo largo de 22 días a personas que desarrollaban la prostitución fuera del área delimitada, la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay, entre las 22 y las 6 de la mañana. La ordenanza en vigencia establece que aquellas personas que incumplan con la delimitación podrán ser multadas con valores que oscilan entre los $172 mil y $861 mil o arrestadas de 5 hasta 30 días.
