Quinta La Coca: piden un segundo juicio para su dueño por trata laboral
Ya había sido condenado y en diciembre de 2018 fue nuevamente procesado acusado de explotar laboralmente a siete personas.
La Fiscalía Federal N°2 pidió la elevación a juicio del dueño de la quinta La Coca, ubicada en Sierra de los Padres, en el marco de una causa en la que se lo acusa de explotar laboralmente a siete personas. El hombre ya había sido condenado en 2013 por el mismo delito de trata de personas y el nuevo procesamiento fue en diciembre de 2018 tras un allanamiento realizado semana antes mientras se encontraba con libertad condicional.
En la continuidad de la investigación, el fiscal general Daniel Adler -a cargo temporalmente de la Fiscalía Federal N°2- solicitó la elevación a juicio de esta nueva causa que se le sigue a Wilson Adalí Garzón López. Según informaron desde la fiscalía, la imputación aborda una modalidad de explotación de la tierra propia de la “servidumbre de la gleba“: familias migrantes acogidas en concentraciones territoriales y que desarrollan su vida en forma prácticamente total y subordinadas a una persona que les da comida, casa y trabajo.
En esta línea, el fiscal señaló que la ley de trabajo agrario que rige la actividad viene a exigir el cumplimiento de determinadas normas, para evitar justamente situaciones abusivas o delictivas respecto de personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos y que dependen prácticamente en forma exclusiva del empleador. “La violación a esta ley no implica de por sí la configuración del delito de trata, pero cuando son varios los elementos que se constituyen en un caso, como aquí ocurre, la vulneración normativa constituye un indicio del comportamiento delictivo”, reparó.
“Pese a la advertencia que implicó una condena penal anterior, Wilson no registró a las personas que vivían en el predio a su cargo, las hacía trabajar más horas de las debidas, no les daba recibo, vivían en condiciones de salubridad precarias, hacinadas, sin calefacción, sin baño privado, sin agua caliente y sin cuidado debido de los niños y niñas. No se trata de una sola infracción a las normas laborales, sino de múltiples vulneraciones normativas que, en su conjunto, afectan gravemente la dignidad de las personas”, subraya el requerimiento de elevación a juicio.
En concreto, Garzón López está acusado del acogimiento para sometimiento a la servidumbre con fines de explotación laboral en la quinta La Coca, de dos grupos familiares que vivían, dormían y trabajaban allí desde hacía al menos dos años, hasta el allanamiento realizado el 27 de noviembre de 2018.
El acusado, de 46 años, cumplía libertad condicional desde marzo de 2017 en el marco de una condena que se le había impuesto en 2013 de seis años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Esta nueva investigación se inició por una denuncia presentada por el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que dio cuenta de la situación de los trabajadores en el predio “La Coca”, ubicado en el kilómetro 15,5 de la Ruta 226, y lindero al campo donde explotaba a sus víctimas anteriores, en Sierra de los Padres.
De acuerdo a la acusación, la mecánica de captación, acogimiento y ofrecimiento de tareas de cultivo en condiciones precarias y sin registración se realizaba a través de la existencia de grupos familiares de alojamiento temporal o residencia estable en el predio investigado, cuyas cabezas o padres de familia trabajaban en condiciones de explotación laboral.
Por otra parte, la acusación sostiene que el imputado facilitó la permanencia ilegal de una de las víctimas de nacionalidad boliviana, quien fue alojado por Wilson en la quinta allanada, alojamiento que fuera ofrecido con la finalidad de que la víctima trabajara la tierra para su beneficio económico, constando en los registros migratorios su permanencia en el país como “turista”.
Según se describió desde la fiscalía, la víctimas contaron en el marco de la causa que, ante las ínfimas remuneraciones que le fueron fijadas, se vieron obligados a recurrir a la mano de obra de algunos de sus propios hijos o sobrinos, para poder aumentar el producido y así también sus salarios. Para el fiscal esto evidencia que “los jóvenes sufrían la misma explotación a la que se encontraban sometidos sus padres y/o tíos bajo las mismas condiciones reprochables de trabajo que aquéllos”.
Y se puso de relieve el caso de un niño de 12 años que reveló que no realizaba ninguna actividad extraescolar, y que no tenía amigos ni amigas. Incluso, expresó que en ocasiones, por la mañana antes de ir a la escuela, iba al terreno donde estaban los cultivos para “ayudar” a su padre o madre.
