Ratifican el rechazo al amparo contra la regulación de la prostitución en Mar del Plata
El Comité de Lucha contra la Trata apeló la decisión del juez Alfredo López pero el recurso fue rechazado por el magistrado.
El Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Alfredo López de rechazar el amparo que buscaba frenar la aplicación de la ordenanza que regula la prostitución en Mar del Plata, pero el magistrado también lo rechazó al señalar que la designación formal del titular del organismo, Gustavo Vera, se encuentra nuevamente vencida, tal como ya había pasado en el inicio de la demanda. De esta manera, indirectamente volvió a quedar ratificada la vigencia de la norma sancionada el 24 de junio.
Después de que este lunes el titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López, rechazara el amparo presentado por Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que buscaba frenar y que se declarara inconstitucional la ordenanza que dispuso una regulación de la prostitución en Mar del Plata con la delimitación de espacios habilitados para la actividad y arresto para quienes no la cumplan, el organismo presentó este viernes su recurso de apelación contra esa decisión con el objetivo de que sea analizada -y revertida- por la Cámara Federal de Apelaciones.
Sin embargo, el juez López rechazó esa posibilidad al argumentar que la designación de Vera al frente del organismo a través del cual interpuso el amparo se encuentra vencida tras la última prórroga en 2021 de 180 días hábiles.
La falta de formalización administrativa en la designación de Vera al frente del organismo también había provocado una demora en la tramitación del expediente en el inicio: al momento de presentar el amparo se encontraba vencida y por ello debió hacerse el trámite que prorrogó su designación por 180 días hábiles desde el 27 de noviembre de 2021.
El juez López (Foto: archivo / Qué digital)
Al momento de rechazar el amparo, el juez López había entendido que Vera en su rol del titular del Comité contra la Trata “carece de legitimidad” para impulsar una acción penal de este tipo, es decir que las funciones que tiene a cargo el organismo -dependiente de la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo- no incluyen representar al Estado nacional en un proceso judicial de estas características.
Contra ese argumento se centró la apelación impulsada por Vera al sostener que el juez “omitió realizar el análisis de la normativa citada por esta parte y por la fiscalía en la que se funda nuestra legitimación para solicitar la acción de amparo colectivo como así también de los antecedentes jurisprudenciales”. Asimismo, planteó que la titular de la Fiscalía N°1, Laura Mazzaferri, había dictaminado que tenía la legitimidad necesaria para impulsar el amparo y cuestionó que López “hizo caso omiso a todas las fundamentaciones y realizó un escueto y arbitrario análisis de la Ley de Ministerios 22.520 y su decreto reglamentario y de cierta doctrina para fundar su posición”.
Previo a la resolución del juez, la fiscala Mazzaferri también se había mostrado de acuerdo con el dictado de la medida cautelar solicitada para suspender la vigencia de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante el 24 de junio y promulgada por el gobierno de Guillermo Montenegro el 12 de julio.
La vigencia de la ordenanza en cuestión da cuenta que el gobierno municipal tendrá plazo hasta fines de agosto (45 días después de la publicación de la ordenanza) para recibir “propuestas” y fijar los lugares que quedarán habilitados para el desarrollo de la prostitución de la calle, que deberán ser sin la presencia de frentistas. La norma establece que las personas que no cumplan con esa delimitación de espacios podrán ser multadas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actual entre $123 mil y $617 mil)- y hasta arrestadas (de 5 hasta 30 días).
