Rechazan la cautelar que buscaba frenar el aumento del boleto de colectivos
Así lo resolvió el juez Simón Isacch por lo que a partir del domingo entrará en vigencia la suba a $35,24. Todavía debe resolverse la cuestión de fondo del amparo.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Mar del Plata rechazó este viernes el pedido de una medida cautelar que buscaba frenar el aumento del boleto de colectivos que a partir del domingo llevará la tarifa de los actuales $25 a $35,24. El pedido se había realizado en el marco de un amparo colectivo elevado por la organización MAR y la CTA, que todavía está pendiente de resolución por parte del juez Simón Isacch.
Según informaron fuentes judiciales, este viernes el juez Isacch resolvió desestimar el pedido de medida cautelar que habían realizado las organizaciones en el marco de un amparo que cuestiona la validez del decreto dictado por el intendente Guillermo Montenegro al considerar que no se cumplió con la participación ciudadana en la decisión de aumentar el boleto y se impidió el acceso a la información pública.
En detalle, la presentación del amparo fue formalizada el miércoles bajo tres objetivos, dos de fondo y uno inmediato: los dos primeros buscan que se declare la inconstitucionalidad del aumento decretado el pasado 24 de julio, a la vez que se ordene a la Municipalidad a garantizar “los derechos de acceso a la información pública y participación de los usuarios y usuarias”. El tercero, en tanto, buscaba que a través de una cautelar, y hasta tanto se definieran esos dos puntos, se suspendiera el aumento del boleto previsto para que empiece a regir este domingo.
Ese tercer punto, el de la medida cautelar, fue el que rechazó el juez Isacch en esta instancia, por lo que aún quedó pendiente la resolución de amparo en sí.
La presentación del amparo se fundamentó en la modalidad en que fue dispuesto el aumento, con el Concejo Deliberante transfiriéndole la facultad para decretar la suba al intendente, pero fundamentalmente hizo hincapié en la nula participación de usuarios y usuarias en el tratamiento y en la falta de acceso público a los estudios de costos, tanto el presentado originalmente por los empresarios como el elaborado por la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad.
En el marco de la acción de amparo, el juez notificó tanto a la Municipalidad como a las empresas para que en plazo de cinco días respondan la demanda y se presenten como partes del proceso. Y, al analizar en primer término la medida cautelar que finalmente desestimó, expuso que -sin perjuicio de lo que se resuelva a futuro en el amparo- “las asociaciones que accionan no parecen tener entre sus representados a los usuarios y consumidores del servicio de transporte público, más allá que en el universo de personas que representan puedan existir afectados por la situación”.
Además, el magistrado destacó no encontrar en la presentación “dato alguno en función del cual los ahora actores hayan requerido alguna información respecto de la cuestión que traen originariamente a este proceso y mucho menos -aunque resulte obvio decirlo-, que les haya sido denegada“. Y también reparó en “el perjuicio que la medida pudiere originar tanto a la demandada, como a los terceros y al interés público”.
Cabe recordar que el pasado 24 de julio, tan solo una hora después de que el Concejo Deliberante le transfiriera las facultades para hacerlo, el intendente Montenegro decretó la suba del boleto de colectivo que llevará la tarifa de los $25 actuales a $35,24 en Mar del Plata, es decir un 40%, en medio de la pandemia y de la crisis social y económica. En ese marco, quedó establecido que el aumento entre en vigencia a partir de este domingo 23 de agosto.
El pedido de aumentar el boleto había sido presentado en mayo ante el Concejo por el empresario Juan Inza, que prácticamente monopoliza las empresas de colectivo de la ciudad.
El último aumento del boleto de colectivo en Mar del Plata hasta el que se ejecutará este domingo se concretó en febrero pasado y llevó la tarifa de $23 a los actuales $25 en el marco de un incremento decretado por el exintendente Carlos Arroyo y sobre el cual el gobierno de Montenegro resolvió mantener su implementación.
