Renuevan las críticas por la dilación del jury contra Fernández Garello
Tras la confirmación del procesamiento por delitos de lesa humanidad, la Comisión por la Memoria y la AJB reclaman que el fiscal general sea apartado de su cargo.
La semana pasada, por falta de quórum ante la ausencia de los legisladores que conforman el jurado de enjuiciamiento, volvió a postergarse la definición del inicio del jury contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por estar procesado por delitos de lesa humanidad,
Y ahora, desde la Comisión Provincial Por la Memoria (CPM) -quienes impulsaron las denuncias y acusaciones contra el fiscal gracias al peritaje de los archivos de actuación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) durante la última dictadura cívico eclesiástica y militar- volvieron a mostrar su malestar y la exigencia de que finalmente esa audiencia para definir el inicio del jury se lleve a cabo a partir de que este lunes la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Fernández Garello, lo cual lo coloca más cerca de tener que enfrentar en el futuro un juicio oral.
“Reclamos que, sin demoras ni dilaciones, el fiscal sea suspendido inmediatamente y apartado de su cargo“, plantearon desde la CPM.
Y recordaron que el viernes pasado, por segunda vez, el Tribunal de enjuiciamiento que debía tratar la apertura del jury no sesionó por falta de quórum. “Un vez más los legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador protegieron al fiscal procesado por crímenes de lesa humanidad, quien también es sostenido por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand”, apuntaron.
De esta manera, y al remarcar que en anteriores oportunidades también se evitó el jury contra Fernández Garello, consideraron que “con el procesamiento firme por decisión de la Cámara, y ante la gravedad de los crímenes que se le imputan, no hay más margen de maniobra ni lugar para nuevas estrategias dilatorias que sigan garantizando la impunidad del fiscal”.
“Reclamamos que, de manera inmediata, Fernández Garello sea suspendido y apartado de su cargo. Una persona procesada por delitos de lesa humanidad no puede cumplir funciones en un poder de la democracia”, señalaron.
Por su parte, previamente desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también habían manifestado el malestar ya que la ausencia de los legisladores de Cambiemos Santiago Andrés Nardelli y Juan Pablo Allan, como así también de Jorge Alberto D’Onofrio y Lisandro Emilio Bonelli del Frente Renovador, y de Avelino Carlos Zurro de Unidad Ciudadana, impidió una vez más que fuera analizada la viabilidad de la denuncia presentada contra el actual fiscal general de la ciudad.
“Ante la gravedad de los hechos imputados a Fernández Garello es vergonzoso e institucionalmente preocupante que la mayoría de legisladores y abogados integrantes del jurado hayan decidido no concurrir a la audiencia convocada a esos efectos. Estos posicionamientos generan descreimiento en los mecanismos constitucionales de control político de los integrantes del Poder Judicial, poniendo en tela de juicio su legitimidad y debilitando la democracia y el estado de derecho”, cuestionó Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.
“Desde la AJB repudiamos la conducta de estos legisladores y abogados, que con su accionar brindan protección política a quien a través de sus informes fue una pieza fundamental para perseguir y desaparecer a compatriotas, como así también a ciudadanos paraguayos y chilenos residentes en nuestro país”, apuntó.
Fernández Garello está procesado bajo la acusación de haber participado en los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista. Los hechos se produjeron cuando el fiscal general se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).
La medida fue dispuesta y confirmada este lunes por la Cámara Federal de San martín en el marco de las denuncias impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que mantiene el resguardo de los archivos de la Dippba y que lo denunció en 2016. La acusación se centra en los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos respecto a los hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de julio de 1981.
