Seguirá en la cárcel el represor que violó la domiciliaria para ir al supermercado
La Cámara de Casación declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Luis Ángel Firpo, acusado por 40 casos de privación ilegal de la libertad y 38 homicidios.
El represor Luis Ángel Firpo que en noviembre pasado violó en Mar del Plata su prisión domiciliaria para ir al supermercado seguirá detenido en la Unidad Penal de Campo de Mayo, luego de que en las últimas horas la Cámara Federal de Casación declarara inadmisible un recurso presentado por la defensa. El ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 espera que se retome en febrero el juicio “Contraofensiva montonera”, que se encuentra en su etapa final en la localidad de San Martín, donde ya la fiscalía pidió que se le imponga la pena de prisión perpetua.
Firpo fue fotografiado por un equipo de Qué digital el 22 de noviembre pasado en un supermercado de la zona de Chaco al 500, a unas cinco cuadras de su casa, mientras debía cumplir la prisión domiciliaria. Días después, cuando se retomó el juicio que se desarrolla en San Martín y del que el acusado participaba de manera virtual desde su casa, la fiscal Gabriela Sosti presentó ante el Tribunal Oral Federal Nº4 las imágenes.
Y los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Claudia Morgese Martín y Matías Mancini resolvieron revocarle el beneficio y ordenar a la Policía Federal que lo fuera a buscar a su casa, ubicada en Brandsen al 4600, lo cual ocurrió momentos después para trasladarlo a la Unidad Nº 31 de Campo de Mayo.
Desde ese momento Firpo continúa en la cárcel y este jueves los jueces de Casación Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña en medio de la feria judicial resolvieron declarar inadmisible un recurso presentado por la defensa oficial y confirmar la decisión.
“El defensor público oficial recurrente no logró conmover los argumentos brindados por el Tribunal en virtud de los cuales consideró irrelevante que el incumplimiento de las reglas del régimen al que estaba sometido fuera por escaso tiempo y para comprar comestibles en el supermercado, pues de todos modos implicaba la desobediencia de las obligaciones que asumiera oportunamente”, entendieron los camaristas.
Y plantearon que los argumentos vertidos por el defensor “sólo trasuntan una opinión diferente respecto de la
valoración de los hechos realizada por el tribunal, de modo que dicha discrepancia, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado”.
En diciembre pasado Firpo escuchó el tramo final del alegato de la fiscal Gabriel Sosti en el juicio en el que pidió que se lo condene a prisión perpetua como coautor de genocidio: concretamente, se lo acusa de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada en 40 casos, homicidio agravado en 38 y allanamiento ilegal en 6. Ahora aguarda que el juicio se retome el próximo 4 de febrero con alegatos de las querellas y luego de las defensas.
En general, la fiscal solicitó condene a prisión perpetua a los seis militares -entre ellos Firpo- que llegaron a esta instancia del juicio iniciado el año pasado acusados por los crímenes cometidos contra 94 militantes de la organización Montoneros durante la denominada “Contraofensiva”, en los años 1979 y 1980, como como coautores del delito de genocidio “en los diversos modos tipificados en el Código Penal de la Nación” para las conductas de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y allanamiento ilegal.
Los seis acusados están señalados por reunido información relativa a presuntos grupos u organizaciones “subversivas”, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos, para la ejecución del plan de represión implementado por el gobierno militar hacia las personas que formaron parte del operativo denominado “Contraofensiva montonera”, nombre que se le dio a la convocatoria que realizó, desde el exilio, la dirigencia de esa agrupación a militantes que estaban en diferentes países con el fin de volver a la Argentina para realizar acciones en contra de la dictadura militar.
La acusación da cuenta que el operativo ejecutado por el Ejército apuntó en contra de 94 víctimas, de las cuales 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas en el acto de la intervención militar, o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. La mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en la clandestinidad.
