Subzona 15: el segundo juicio arrancó con la declaración de uno de los siete acusados
En la primera audiencia, el Tribunal Federal de Mar del Plata rechazó diversos planteos de las defensas y la fiscalía adelantó que podrá ampliar tres acusaciones por casos de abuso sexual.
Con la declaración de uno de los siete represores acusados, este lunes se inició de manera principalmente virtual el juicio por el segundo tramo de la causa “Subzona 15” que ventila delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el ámbito jurisdiccional de la subzona 15 -que comprendió a General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon, Lobería, Necochea y San Cayetano- en perjuicio de 120 víctimas. Además, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata rechazó diversos planteos de las defensas y la fiscalía adelantó que podrá ampliar la acusación contra tres de los imputados por cinco casos de abuso sexual.
La audiencia comenzó pasadas las 15.30 con la presencia en la sala de audiencia del Tribunal Federal de Mar del Plata de los fiscales Laura Mazaferri, María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, la abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gloria León, y una de las defensoras oficiales. El resto de las partes, entre ellos los jueces Fernando Machado Pelloni, Héctor Sagretti y María Claudia Morgese Martín, lo hicieron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Los acusados –Carlos Alberto Suárez, con prisión domiciliaria; Emilio Guillermo Nani, con prisión domiciliaria; Rubén Enrique Miguel Fernández, con prisión domiciliaria; Carlos Víctor Milanese, también con prisión domiciliaria; Enrique Horacio Capella, que se encuentra excarcelado; Julio Efraín Irizarri, también excarcelado; y Juan Ramón Goicochea, excarcelado- también siguieron la audiencia de manera remota desde sus casas.
En el inicio de la audiencia se evitó leer la extensa requisitoria de elevación a juicio y se dio por conocida por todas las partes. De todas maneras, inicialmente desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que buscarán incorporar a lo largo del debate acusaciones por cinco casos de abuso sexual, teniendo en cuenta que hasta la elevación a juicio esos cinco hechos estaban calificados -contra Suárez, Fernández y Milanese- como privación de la libertad agravada y tormentos agravados.
A su turno, dos de los defensores, Gerardo Ibáñez y Eduardo San Hemeterio, pidieron el sobreseimiento en esta instancia del debate de algunos hechos por los que son acusados tres de los imputados al sostener cuestiones y resoluciones producidas en el juicio anterior finalizado en abril del año pasado, aunque los jueces -tras el aval mostrado por la fiscalía en ese punto- solamente hicieron lugar a retirar un hecho en particular que era motivo de acusación contra Carlos Víctor Milanese. También los magistrados rechazaron pedidos de nulidad y de prescripción de la causa.
Tras ello, dieron lugar a la posibilidad de que cada uno de los siete ex miembros del Ejército brindaran su declaración indagatoria, pero seis de ellos hicieron uso de su derecho de no hacerlo y adelantaron que llegado el caso lo harán en otro tramo del juicio.
Quien sí prestó una breve declaración -no contestó preguntas de las partes- fue Rubén Fernández, quien negó la acusación en su contra, hizo referencia a la tarea que él desempeñaba entre 1976 y 1977 dentro del Grupo de Artillería Antiaéreo Mixto 602, negó haber realizado tareas de inteligencia, consideró que sólo oficiales superiores y jefes deben ser considerados autores de una asociación ilícita como la que es motivo de acusación y buscó desacreditar los testimonios en su contra que son parte de la causa.
“Me están juzgando por fotocopias de un legajo falso”, dijo y planteó: “Soy juzgado por algo que no tiene nada que ver con mi persona”.
Tras su declaración y con la negativa de los otros seis, los jueces dieron por cerrada la primera audiencia y adelantaron que el debate continuará el próximo lunes 22 -teniendo en cuenta que el próximo es feriado- a partir de las 15.30
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, a lo largo del debate se buscará dar cuenta del funcionamiento del Centro de Operaciones e Inteligencia (COI) de la Subzona 15, donde estuvieron seis de los acusados: Irizarri en condición de suboficial dentro de la Sección Inteligencia de la Jefatura de la Agrupación ADA 601, y Suárez, Nani, Fernández, Milanese y Capella como Oficiales de Inteligencia (S2) de las respectivas planas mayores del GADA 601 y 602, en diferentes períodos desde 1975 a 1979.
Suárez, Fernández y Milanese están acusados por ser miembros de una asociación ilícita y también por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado. Capella, por ser miembro de una asociación ilícita y por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas y homicidio calificado. Y Nani, por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas y homicidio calificado.
A su vez, Irizarri y Goicochea sólo llegaron al debate acusados en calidad de miembros de la asociación ilícita.
Si bien Hugo Ernesto Pabón (ya condenado a perpetua en abril pasado) debía llegar a enfrentar también este juicio fue apartado previamente por el Tribunal por razones de salud. De todas maneras, a partir de que los informes médicos, psiquiátricos y psicológicos habían sido realizados en el marco del primer tramo del juicio en septiembre de 2020 la auxiliar fiscal Eugenia Montero realizó un planteo y manifestó que en su momento se ordenó la realización de esos informes de manera semestral por lo que oportunamente al contar con esos nuevos estudios podría pedirse su incorporación al debate.
Según difundió la fiscalía, en el requerimiento de elevación a juicio se fijó que en el plan sistemático de represión ilegal, los oficiales de inteligencia de subzona militar 15 y área tenían asignadas específicas tareas, vinculadas a nutrir de información a los estamentos en los que se tomaban las decisiones respecto de la suerte de los detenidos y detenidas y eran los encargados de “procesar” la información obtenida a través de los interrogatorios bajo tortura, con el afán de continuar la persecución.
Durante la investigación, se verificó que los oficiales que eran designados en los puestos de Inteligencia dentro de las respectivas planas mayores del GADA 601 o GADA 602, eran luego destinados “en comisión” a la Jefatura de la Agrupación, a cargo de la Subzona 15, y se integraban al Centro de Operaciones e Inteligencia (COI), cuyo accionar quedó acreditado a través de diversas constancias documentales.
