“Tacos blancos”: juzgan a policías acusados de liberar zonas para la venta de droga
Dos efectivos de la división de Drogas Ilícitas son juzgados por el Tribunal Oral Federal en el marco de una causa en la que ya fueron condenadas otras seis personas el año pasado.
En el marco de la investigación denominada “Tacos Blancos” que salió a la luz en mayo de 2017 con múltiples detenciones y allanamientos, dos policías son juzgados por estos días en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata acusados de liberar la “Zona roja” donde mujeres trans en situación de prostitución eran dispuestas para la venta de droga. Seis integrantes de la organización fueron condenados el año pasado a penas de entre 6 y 4 años de prisión en el marco de un juicio abreviado.
Según informó el Ministerio Público Fiscal a través del sitio oficial fiscales.gob.ar, del total de implicados que en su momento habían sido procesados por la Justicia Federal seis personas ya fueron condenadas en un juicio abreviado acordado entre las partes el año pasado por el delito de venta de estupefacientes -y no bajo la acusación de trata de personas, que había sido impuesta inicialmente- en tanto que dos policías no firmaron aquel acuerdo y ahora comenzaron a enfrentar el juicio oral.
El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con el único juez titular (tras dos jubilaciones) que tiene por estos meses, Roberto Falcone, en compañía y vía teleconferencia desde San Martín -por la pandemia- de los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez.
En concreto, Jonatan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti -policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas- son acusados por el fiscal Juan Manuel Pettigiani del delito de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley, cuya pena en expectativa ronda entre los 6 y 20 años de prisión.
Los dos policías -detenidos en el penal de Marcos Paz- son señalados de operar en la “Zona Roja” y liberarla para permitir el accionar de la banda que, según la causa, consistía en aprovecharse de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad, que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban, al ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores.
Ese accionar, según la causa, se produjo al menos desde febrero de 2014 y hasta el 13 de mayo de 2017, cuando se produjeron los allanamientos, detenciones y desarticulación de la banda.
Pese a aquella hipótesis que inicialmente llevó a procesarlos bajo la acusación del delito de trata de personas, seis integrantes de la banda (Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez) fueron condenados en octubre de 2019 -en un juicio abreviado acordado entre las partes a penas de entre seis y cuatro años de prisión por los delitos comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Para que la banda pudiera desplegar su accionar debieron contar, según la hipótesis de este juicio, con la participación, connivencia y protección policial, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional con jurisdicción en esa zona -comisaría cuarta- y a la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.
“La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación”, explicaron desde la fiscalía y señalaron que “los agentes policiales tenían a su cargo liberar la zona” para que las y los líderes de la banda “pudieran ubicar a sus víctimas en las ‘paradas’/esquinas previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido”.
Según publicó fiscales.gob.ar en base a la causa, conversaciones telefónicas y por WhatsApp permitieron a los investigadores visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. “Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas dan cuenta de que la fuerza ‘se lava las manos’, que los que ‘venden’ están ‘entongados con el comisario de la comisaría de la zona’ y que venden estupefaciente delante de la policía”, señalaron desde la fiscalía.
Asimismo, la acusación fiscal plantea que algunas de las víctimas relataron que debían pagarle a Cambareri la suma de $3 mil pesos para “ser autorizadas a estar en esa zona”, que nucleaba parte de la avenida Luro, la avenida Champagnat y calles transversales y paralelas.
“Parte de ese ‘canon’ exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción, como ha quedado acreditado con mayor fuerza aún, mediante la comunicación que mantuvo uno de los acusados con otra persona, en la que acordaban ‘liberar la zona’, favoreciendo entonces la realización de las conductas atribuidas a los imputados”, sostiene la fiscalía.
Además de la acusación por la “cobertura” o libertación de la zona para la venta de cocaína, los policías también están acusados de comercializar marihuana. “De la causa surgen numerosas conversaciones de WhatsApp en las que Scaltritti ofrece ‘frascos’ ‘a dos’, en cuyas imágenes se observan sustancias estupefacientes”, indicó la fiscalía.
El juicio está previsto que se retome este jueves -tras el paso semanas atrás de los testimonios aportados por la fiscalía- para escuchar la declaración de testigos de la defensa. en tanto que para el viernes fue programado el inicio de los alegatos.
