Toma en Las Heras: el juez rechazó el desalojo y pidió una solución pacífica
El magistrado Saúl Errandonea rechazó la solicitud de Montenegro y el fiscal, y exhortó al gobierno municipal a abrir un canal de diálogo.
A menos de un día de formalizado el pedido, el juez de Garantías Saúl Errandonea rechazó la solicitud realizada por el gobierno de Guillermo Montenegro y el fiscal Juan Pablo Lódola de llevar adelante un desalojo de las familias que desde el domingo a la tarde empezaron la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras como parte de una estructural crisis habitacional. En su lugar, instó a la Municipalidad a abrir un canal de diálogo, que se garantice el traslado y la asistencia de las familias como también que no ingresen nuevos ocupantes al lugar. La Municipalidad adelantó que ampliará su presentación para que concedan el desalojo.
Con la Municipalidad presentada como particular damnificado a partir de la postura mostrada por Montenegro -“El que toma un terreno es un delincuente“, afirmó- y con el acompañamiento del titular de la Fiscalía N°12 especializada en usurpaciones, Juan Pablo Lódola, que calificó la toma de las familias que reclaman poder acceder a una vivienda digna bajo el delito de “usurpación de propiedad inmueble”, este martes el juez Errandonea resolvió rechazar el pedido de desalojo, teniendo en cuenta que la solicitud apuntaba a ordenar un operativo de ese tipo con “la utilización de la fuerza pública”.
No obstante, como parte de la resolución, Errandonea dictó una medida cautelar de prohibición de ingreso de nuevas personas al predio a la vez que requirió a la Municipalidad que arbitre las medidas para procurar un canal de comunicación como también medidas para garantizar el transporte y la provisión de alimentos, agua y elementos sanitarios o médicos que requieran las familias en el terreno de avenida Fortunato de la Plaza y Rufino Inda.
A la hora de resolver, el juez citó la necesidad de aplicar el “Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, donde se establecen pautas y recaudos a seguir ante estos casos como parte de la investigación y del gobierno.
Entre esos recaudos del protocolo que, afirma, no fueron tenidos en cuenta, se encuentra la posibilidad de generar informes precisos sobre el hecho, por ejemplo, corroborar la presencia de menores de edad o la existencia de instigadores. “Si bien se ha identificado a 34 personas que habrían ingresado en el predio, se carece de toda otra información que pueda brindar un mejor panorama”, señaló el juez.
A su vez, advirtió que tampoco se constató en las actuaciones la “intervención brindada a las oficinas municipales respectivas, a la Secretaria de Derechos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires- y/o del organismo gubernamental encargado de la coordinación de dichas dependencias-y al Defensor del Pueblo de la Provincia”, apuntó, como también la necesidad de aclarar si hubo “gestiones previas de solución amistosa en ámbitos administrativos”.
También reclamó la falta de informes técnicos que confirmen el “peligro potencial” que aluden tanto la Municipalidad como el fiscal sobre la ocupación de los terrenos (por ejemplo, en torno a la utilización de la zona como un reservorio de Obras Sanitarias ante inundaciones), algo que desde el Municipio -afirman- presentarán como parte de la apelación de la medida.
Asimismo, Errandonea señaló que la ocupación de los terrenos supera al ámbito jurídico y recala en “cuestiones de neto corte social que impone al Estado la obligación de acudir a su atención, estableciendo canales de diálogo y escucha”.
Por último, resumió que ante hechos tan recientes como los denunciados, faltan “medidas investigativas” que acrediten las denuncias de la Municipalidad y de la Fiscalía N°12 y, principalmente, “procurar arribar a una solución armoniosa del conflicto suscitado a través de los mecanismos alternativos del proceso penal”.
La toma por parte de unas 30 familias se inició el domingo a la tarde en tierras linderas al polideportivo municipal del barrio Las Heras, sobre la avenida Fortunato de la Plaza y Rufino Inda, enfrente de un gran asentamiento –denominado “La Comarca”– surgido en 2018. Las familias que allí empezaron a instalarse contaron que lo hicieron a partir de un acuerdo que fue creciendo entre vecinas y vecinos de zonas aledañas que desde hace tiempo buscan poder acceder a una tierra para vivir ante precios de alquileres que, por su realidad social y económica, se tornan “inalcanzables”.
Hasta la mañana de este martes las familias que llevan adelante la toma afirmaron no haber tenido contacto con ninguna autoridad municipal, pese a que ello esperaban que se concretara el lunes a la tarde. Hasta el momento desde la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Vilma Baragiola no brindaron ninguna postura y se desconoce qué gestiones lleva adelante el Municipio desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que desde hace meses organizaciones sociales impulsan reclamos para el avance de programas de viviendas sociales.
En una conferencia de prensa brindada este lunes el intendente Montenegro reconoció la existencia de un “problema habitacional” aunque, pese a la consulta, no dio cuenta de la existencia de ningún plan habitacional vigente en la ciudad.
