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18/01/2020

Torres y Liva: tras el pedido de prisión preventiva, la espera por el informe psiquátrico

Los resultados del informe definitivo de la Asesoría Pericial sobre el acusado se conocerán a fin de mes. Tras ello, la Justicia de Garantías deberá resolver si sigue el proceso contra el detenido.

Torres y Liva: tras el pedido de prisión preventiva, la espera por el informe psiquátrico
(Fotos: archivo / Qué digital)

Esta semana se cumplió un mes del impactante incendio en la distribuidora Torres y Liva. Y en línea con el plazo legal y la prórroga que se había solicitado, el fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Lódola, elevó a la Justicia de Garantías el pedido de prisión preventiva para el único acusado de haber provocado intencionalmente el fuego: Néstor Gustavo Arrative. Sin embargo, tras el pedido, ahora el fiscal y la jueza de Garantías Rosa Frende están a la espera de un informe psiquiátrico definitivo a cargo de la Asesoría Pericial, que se encarga de evaluar el estado del acusado y si se encuentra apto para enfrentar el proceso penal.

El fiscal Lódola elevó el jueves el pedido de prisión preventiva contra Arrative a partir de toda la prueba recogida a lo largo de todo el mes de investigación, entre ella testimonios de testigos y numerosas imágenes de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo y de comercios y viviendas particulares de la zona que ubican al acusado en la zona del hecho, a la hora en la que comenzó el siniestro que destruyó buena parte de la distribuidora y las viviendas aledañas.

La presentación del pedido se realizó en el plazo legal correspondiente y ahora los investigadores están a la espera de un elemento que podría llegar a ser clave para el futuro del caso: un informe definitivo psiquiátrico de la Asesoría Pericial que evalúa el estado de Arrative y sí están en condiciones de enfrentar un proceso penal.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la Asesoría Pericial ya presentó un primer dictamen ante el fiscal aunque se encuentra a la espera de otros estudios y elementos complementarios y definitivos. Ese primer dictamen planteó la existencia en el acusado de problemas de compresión de la criminalidad del acto y dificultades para afrontar un proceso penal.

Según está previsto, será a fines de enero cuando los profesionales terminen de completar los estudios necesarios para brindar un informe definitivo.

Cuando ello ocurra, y en caso de mantenerse esas consideraciones, las partes -en este caso la fiscalía- deberán emitir su dictamen al respecto tras evaluar el informe más los elementos de prueba recolectados en la investigación, y luego la jueza de Garantías deberá ser quien determine si considera o no inimputable a Arrative.

El fiscal Lódola

¿Qué pasa si la Justicia de Garantías lo considera inimputable? Debe sobreseerlo del caso. De todos modos el fiscal Lódola ya adelantó qué puede llegar a plantear en caso de que se produzca ese escenario. “Si es peligro para sí mismo y para terceros la fiscalía pediría una medida de seguridad, con criterio de internación, una medida curativa”, sostuvo en declaraciones realizadas en las últimas horas en radio LU6.

Néstor Gustavo Arrative, de 53 años y quien vivía en situación de calle desde 2002, fue aprehendido tres días después del incendio en Torres y Liva mientras intentaba provocar un incendio con un elemento casero en una caja de energía del centro de la ciudad. Justamente, unos doce atentados previos contra medidores de energía eléctrica, dibujos, dispositivos incendiarios y encendedores fueron claves en la investigación que lleva adelante la fiscalía.

El hallazgo de dos dispositivos incendiarios en Torres y Liva -el que lo inició y otro que no llegó a prenderse- que se corresponden con varios de los elementos que le fueron secuestrados al implicado al momento de su aprehensión terminaron de incriminarlo directamente. Por ese motivo, Arrative permanece detenido bajo tres acusaciones: dos por el delito de daño y otra, la más importante, por el incendio de Torres y Liva bajo el delito de “incendio agravado por poner en peligro la vida de más de cien personas”, que presenta una escala penal de entre 3 y 15 años de prisión.

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