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11/06/2022

Torturas en Malvinas: “No caben dudas de que se realizaron de manera dolosa”

Así se desprende de un recurso presentado por la Fiscalía General N°4 ante la Corte, en el cual se solicita al máximo tribunal que se expida sobre la imprescriptibilidad de los hechos.

Torturas en Malvinas: “No caben dudas de que se realizaron de manera dolosa”
(Fotos: Comisión Provincial por la Memoria)

Las causas que investigan torturas contra conscriptos argentinos -al menos dos de ellos marplatenses– en la Guerra de Malvinas por parte de sus superiores se encuentran a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en torno a si considera los hechos denunciados como delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, en calidad de ser juzgados. Al respecto, esta semana se conoció un dictamen de la Fiscalía General N°4 ante la Corte, en el cual -en sintonía con los denunciantes- se afirma en torno a los hechos que “no caben dudas de que se realizaron de manera dolosa” y se pide que se resuelva en torno a la cuestión de fondo.

A la espera de la resolución de la Corte, la semana pasada la Sala I de la Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento de tres militares -Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini- al considerar que los delitos investigados prescribieron, tal como ya había fallado en otras ocasiones.

En paralelo, el titular de la Fiscalía N°4, Javier Augusto De Luca interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el fallo de la Cámara, centrado en que el máximo tribunal abra el recurso y analice “de una vez por todas el fondo del asunto” y expone su postura sobre la calificación de los hechos, que se debate entre delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Se trata -asegura el fiscal- de un “leading case” del derecho internacional por considerarla “una situación única y difícilmente repetible”.

En su presentación, De Luca planteó que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad generan obligaciones para el Estado argentino en materia de derecho internacional y que “obstáculos” como la institución de prescripciones de acciones penales “no son admisibles”. Con esos argumentos, el fiscal señala que se está ante un caso de “gravedad institucional”.

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“Esta fiscalía planteó un tema apto para dictar un leading case en materia de delitos cometidos por militares en medio de una guerra contra la propia tropa y, después de dos años, pese a lo cual, la mayoría del tribunal de Casación dijo que el asunto ya estaba resuelto en 2009”, indicó en referencia al fallo “Taranto” de 2009 que utilizó Casación para declarar nuevamente la prescripción de la acción penal.

“Nuestra pretensión de tratar los hechos investigados como crímenes de guerra y/o graves violaciones a los DD.HH. fue omitida, no fue tenida en cuenta por los jueces de la mayoría, lo que se traduce en causal de arbitrariedad de sentencia”, destacó, en referencia al voto de los magistrados Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes avalaron la prescripción con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa.

Por último, describió las situaciones de dolor, frío extremo, lejanía, lesiones, indefensión y humillación provocadas en el contexto bélico, las cuales “permiten descartar cualquier posibilidad de afirmar que las víctimas no experimentaron gran sufrimiento”.

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Así, sostuvo que “por la forma en que fueron realizados, no caben dudas de que (las torturas) se realizaron de manera dolosa“, señaló en torno a los castigos denunciados por los conscriptos que iniciaron acciones penales, los cuales -según su consideración- están comprendidos “dentro de las finalidades que caracterizan a la tortura como crimen de guerra” y no en explicaciones de reglamentos de disciplina militar.

“Los que generaron una lesión a la campaña militar fueron los militares que las dispusieron (NdR: las sanciones disciplinarias), al restar a un soldado del frente de batalla, durante el tiempo que duraban los castigos corporales”, resaltó.

TORTURAS EN MALVINAS

Las denuncias fueron radicadas en 2007 en la Justicia Federal de Tierra del Fuego, involucran a unos 130 militares de los cuales 95 fueron imputados y tres habían sido procesados hasta el fallo de Casación, en tanto que se esperaba la indagatoria de otros 20, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria.

Son más de 160 los soldados conscriptos que declararon como víctimas o testigos de torturas como estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas, de los cuales al menos dos son parte del Centro de Ex Soldados Combatientes de Mar del Plata, según confirmaron meses atrás a Qué digital.

Sin embargo, todavía se estima que hay muchos testigos y víctimas que aún no se animaron a denunciar a sus superiores, por eso recurrentemente se acude a campañas de concientización y de impulso a las denuncias para sumarlas al proceso de Memoria, Verdad y Justicia contra el terrorismo de Estado desplegado de manera sistemática desde inicios de los 70 y sobre todo en la dictadura militar 1976-1983, y también en la guerra de 1982.

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