Tras la elevación a juicio, la defensa del fiscal general Fernández Garello
Luego de que se elevara a juicio la causa de lesa humanidad, fiscal general apelará, dijo que espera una resolución de Casación y afirmó que “no está individualizada qué conducta” se le acusa.
Tras conocerse la reciente resolución del Juzgado Federal Nº2 de San Martín de elevar a juicio la causa por delitos de lesa humanidad en la que se encuentra procesado, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, ensayó una defensa, afirmó que “no está individualizada qué conducta se le ha enrostrado” y por eso planteó que se encuentra a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Casación respecto a un recurso de queja elevado en marzo y que aún no fue resuelto, aunque eso no impidió el avance de la causa. También dijo que apelará la elevación a juicio.
Fabián Fernández Garello está acusado en la causa de haber participado entre el 23 y el 24 de julio de 1981 de los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista. Los hechos se produjeron cuando el actual fiscal general se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).
En marzo pasado, y luego de la que Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmara los procesamientos, la fiscalía y las querellas (la Comisión Provincial por la Memoria y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia) habían pedido que la causa que se le sigue al fiscal general de Mar del Plata y a otros seis ex agentes de inteligencia fuera elevada a juicio, y esa resolución de la jueza a cargo del caso, Alicia Vence, finalmente llegó en las últimas horas.
Tras conocerse la elevación a juicio, el fiscal Fernández Garello emitió una breve comunicación en la que volvió a defenderse de la acusación y planteó que, más allá de que apelará la decisión de la jueza, aún está a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Casación, cuya sala segunda aceptó en marzo pasado un recurso de queja interpuesto por su defensa.
“Por razones técnicas no se han suspendido los plazos del procedimiento, pero la Cámara Federal de Casación Penal ha admitido un recurso de queja toda vez que no está individualizada qué conducta se le ha enrostrado“, planteó el comunicado del fiscal y expuso que ese recurso -más allá de que la causa siga avanzando- está pendiente de resolución.
En marzo pasado, al aceptar ese recurso presentado contra la confirmación del procesamiento que estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci (con disidencia de Alejandro Slokar) plantearon que les correspondía analizar el caso en esta instancia ya que por el planteo de la defensa “podría verse afectado el principio de responsabilidad personal por el hecho, derivado de la garantía constitucional de culpabilidad”.
Los camaristas, que todavía deben resolver el recurso, preliminarmente entendieron que deben analizarlo ya que en el recurso “se denunció una responsabilidad objetiva en materia penal, incompatible con la garantía constitucional que, en el caso, habría consistido en la atribución de responsabilidad penal de los imputados derivada de una situación de revista funcional al momento de los hechos, connotada en el marco histórico en el que aquellos tuvieron lugar, y de las figuras penales seleccionadas, aunque sin referenciar las conductas que habrían realizado los encausados”.
Cabe recordar que a lo largo de la causa, la defensa de Fernández Garello se centró en afirmar que en los tres hechos materia de acusación -el secuestro y tortura de los militantes comunistas- “se trató de una investigación y allanamientos legítimos, en concordancia con las leyes vigentes en esa época, actuando en cumplimiento de órdenes amparadas en las normas de fondo y forma” al tiempo que ha sostenido que Garello y los otros seis imputados estuvieron “dirigidos a la comprobación de un delito, sin violencia y con la comunicación ‘inmediata’ a la autoridad judicial competente”.
Sobre ese punto, en su momento la Cámara de Apelaciones entendió que “durante los sucesos motivo de esta pesquisa como otros que ocurrieron durante el gobierno de facto, si bien quienes actuaron en la lucha contra la subversión utilizaron y se valieron de las leyes vigentes, también, en gran medida, utilizaron un modo ilegal y, en consecuencia, secreto de reprimirla”.
