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02/06/2022

Un nuevo fallo contra la búsqueda de justicia por las torturas en Malvinas

A la espera de una resolución de la Corte, la Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento de tres militares al volver a considerar que los delitos “prescribieron”.

Un nuevo fallo contra la búsqueda de justicia por las torturas en Malvinas
(Foto: archivo / CPM)

Mientras se espera que la Corte Suprema de la Nación se expida respecto a si deben ser considerados o no como delitos de lesa humanidad las torturas aplicadas en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982 esta semana se conoció un fallo en contra de la búsqueda de justicia de exconscriptos denunciantes, entre los que se encuentran dos integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes de Mar del Plata: la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres exmilitares acusados.

Según informó la Comisión Provincial Por la Memoria, que acompaña al Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata que impulsó la apelación ante el máximo tribunal, la Sala I de Casación anuló el procesamiento de tres exmilitares acusados por la imposición de torturas a soldados conscriptos.

La causa involucra a unos 130 militares aunque, según describieron desde la CPM, son 95 los que fueron imputados -tres de ellos habían sido procesados- y se esperaba la declaración indagatoria de más de 20. Las denuncias iniciales se radicaron en 2007 en la Justicia Federal de Tierra del Fuego y más de 160 soldados conscriptos declararon como víctimas o testigos de torturas, entre los que se encuentran dos integrantes del Centro de Exsoldados Combatientes de Mar del Plata.

El fallo que anuló los procesamientos de los militares Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini contó con el voto negativo de la camarista Ana María Figueroa -en sintonía con el fiscal de Casación, Javier de Luca, quien consideró en un dictamen que se trataron de crímenes de lesa humanidad- y el voto positivo de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone en base a resoluciones y fallos previos en torno a las presentaciones de las defensas de otros militares.

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Es que, a la hora de argumentar esas posiciones a favor de la anulación, los camaristas se remitieron a su propio fallo de 2021 ante la apelación de la defensa del imputado Jorge Ferrante quien, de esa manera, logró evitar ser indagado a pesar de que la Cámara de Comodoro Rivadavia había definido la imprescriptibilidad de los hechos acusados. En ese precedente dentro de la misma causa iniciada en 2007 habían declarado que a Ferrante le correspondía el mismo trato que en la sentencia “Taranto” de 2009 en la que Casación afirmó que no se trataban de delitos de lesa humanidad y que, en consecuencia, prescribieron.

Sin embargo, ese precedente “Ferrante” al que se remitieron en esta oportunidad ya había sido recurrido por el Cecim La Plata y aún se espera que la Corte Suprema de la Nación se expida al respecto.

Según la causa iniciada en 2007 -y a partir de la cual se iniciaron campañas para que excombatientes se sumen y se animen a sumar sus denuncias y testimonios-, los militares imputados habrían cometido tormentos para “castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias” a los conscriptos.

Entre las torturas reseñadas en la causa se describen estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con armas de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada y deliberada falta de alimentación.

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Para la única jueza que votó en disconformidad, ante la posibilidad de que los investigados se traten de crímenes de lesa humanidad, el Estado argentino tiene la obligación de continuar con las investigaciones en los casos de “graves violaciones a los derechos humanos”, sobre todo ante la vigencia del derecho internacional al respecto.

“Es tiempo que la Justicia avance con celeridad, que la Corte se pronuncie sobre la cuestión de fondo y estos crímenes de lesa humanidad no queden impunes“, consideraron desde la Comisión Provincial por la Memoria ante este nuevo fallo que, aseguran, “compromete al Estado argentino”.

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