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15/10/2021

Volvieron a rechazar un pedido de prisión domiciliaria del represor Duret

Fue condenado en 2011 a 15 años de prisión en Mar del Plata y pasó cuatro años en libertad por la polémica aplicación de la ley del “2 x 1”. Está detenido desde septiembre de 2020.

Volvieron a rechazar un pedido de prisión domiciliaria del represor Duret
(Foto: archivo / Marcelo Nuñez)

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata rechazó, tal como lo hizo hace diez meses, un nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del represor Alejandro Duret, condenado en 2011 a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad de los que fue víctima en abril de 1976 Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad y de militancia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y quien estuvo cuatro años en libertad por la polémica aplicación de la ley del “2×1″, hasta septiembre de 2020. Los jueces descartaron que en el Instituto Penal Federal 34 no se le brinde una atención de la salud adecuada como argumentó la defensa.

La resolución de los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli se produjo durante esta semana a partir de un nuevo pedido formalizado por los defensores María Laura Olea y Gerardo Ibáñez. El juez Falcone recordó incluso que hace diez meses habían resuelto un planteo similar de manera negativa que luego recibió el aval de la Cámara Federal de Casación.

Concretamente, los defensores expusieron esta vez que el ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, de 69 años, “no recibió por parte del establecimiento penal que lo aloja los controles, interconsultas, estudios y seguimiento personal” necesarios y calificaron la atención de la salud como “deficiente y que agrava su situación frente a su avanzada edad”.

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Tras el pedido, los fiscales Santiago Eyherabide y Eugenia Montero habían dictamitado el rechazo del pedido ya que las constancias de los informes médicos de los peritos daban cuenta de la recepción de una atención medica acorde a sus patologías. Y en ese sentido también opinaron los jueces por lo que rechazaron el nuevo intento del represor de irse a su casa bajo la prisión domiciliaria.

“Observo que la presunta imposibilidad del Instituto Penal Federal 34 de tener a buen resguardo su salud del interno (…) no ha encontrado correlato en los informes aunados en el incidente, dando por tierra el presunto incumplimiento pregonado por la defensa”, concluyó el juez Falcone y sostuvo que si bien Duret presenta patologías de base que requieren de atención “ello no obsta que cumpla la condena impuesta en un establecimiento penitenciario en tanto las autoridades continúen asegurando un adecuado seguimiento de su evolución”. Finalmente, calificó la atención de su salud como “proporcional e idónea”.

EL CASO

Duret fue acusado por participar en la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista y estudiante en La Universidad Nacional de La Plata, quien fue secuestrado en su casa de Las Flores en abril de 1976, a pocas semanas del inicio de la última dictadura, y trasladado a la ciudad de Azul, lo que motivó que la causa y el juicio, tantos años después, se desarrollan en Mar del Plata.

Inicialmente, en agosto de 2009, el represor había sido absuelto por mayoría por el Tribunal Oral de Mar del Plata.  Pero en 2011 la Cámara de Casación revocó la absolución y lo condenó a 15 años de prisión.

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Duret había sido detenido inicialmente en diciembre de 2005 y permaneció en esa condición hasta el 3 de julio de 2009, tras la absolución. Sin embargo, tras el fallo de Casación en octubre de 2011 el Tribunal dispuso nuevamente su detención, y permaneció en el Penal de Marcos Paz hasta el 7 de abril de 2016 (en total, ocho años) cuando los jueces del Tribunal que lo juzgó dispusieron su liberación al hacer lugar a un planteo de la defensa por considerar que “debía aplicarse al supuesto la norma más benigna”, es decir, el beneficio de la ley del “2 x 1”.

Sin embargo, en septiembre de 2017 Casación resolvió dejar sin efecto esa decisión, tras lo cual los abogados defensores interpusieron diversos recursos que demoraron su detención hasta septiembre de 2020.

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