Así actuaba la banda que de forma ilegal transfería inmuebles
Entre sus miembros hay abogados, escribanos y, sospechan, miembros del Registro de la Propiedad Inmueble. Apuntaban principalmente a inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos.
La Fiscalía de Delitos Económicos desbarató una banda compuesta por más de 16 profesionales que se dedicaba a transferir ilegalmente inmuebles y de la cual sospechan que participaría un abogado que cumple funciones en la Dirección Técnica del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble con sede en La Plata.
De acuerdo a la investigación, el grupo tenía como propósito, bajo la misma mecánica, obtener del Registro de la Propiedad la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente, todo mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos.
Se sospecha de un abogado que cumple funciones en la Dirección Técnica del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble con sede en La Plata quien desde su puesto de trabajo le aportaba información a la banda sobre las condiciones de los inmuebles y sus titulares, y respecto de los movimientos que generaban los expedientes impulsados por el grupo dentro de ese organismo estatal. En este sentido, desde la Fiscalía remarcaron que las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble “colaboran con la investigación”.
Los integrantes del grupo captaban interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaban información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas para tomar posesión de los mismos de un modo que no se ha determinado aún. En este sentido, apuntaban principalmente a inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.
Para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en Folios de Seguridad utilizados por Organismos Jurisdiccionales, Testimonios y Oficios Judiciales y actuaciones notariales.
Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.
Una vez elaborados los documentos falsos eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas -o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo- obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia, según el caso.
La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente lo hacían los abogados o gestores con residencia en La Plata.
A su vez, para consumar otra de las mecánicas diseñadas, otros integrantes del grupo representados legalmente en todos los casos por los abogados del mismo, promovían juicios ejecutivos -generalmente por ante el Juzgado de Paz de Villa Gesell o bien el Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 de Dolores-contra los titulares registrales de los inmuebles que interesaban, sentando las bases informativas sobre las cuales luego se confeccionarían los instrumentos públicos falsos.
