Causa CNU: “Hay estrategias de impunidad desde 1975 a la fecha”
Así lo sostuvo el fiscal general Daniel Adler, tras la audiencia de recusación que fue postergada por pedido del abogado defensor de Gustavo Demarchi, imputado por secuestros y homicidios cometidos en el año previo al Golpe Militar.
Gustavo Modesto Demarchi deberá responder, ante la Justicia, como jefe de una asociación ilícita integrada por miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y como coautor de seis homicidios. El juicio oral y público está previsto para este 2015. Sin embargo, un nuevo pedido de recusación al fiscal federal de Distrito, Daniel Adler, busca estirar los plazos. La audiencia, celebrada en el Tribunal Oral Federal, fue suspendida hasta nuevo aviso.
Este tipo de pedidos no es nuevo. En esta causa ya hubo recusaciones a los jueces del Tribunal, a otro representante del Ministerio Público Fiscal, a jueces camaristas, y también a Adler, en varias oportunidades. “Esto es parte de estrategias de impunidad sostenidas desde el año 1975 a la fecha”, señaló Adler, quien explicó que las cuestiones que plantea ahora el imputado, ya fueron resueltas y desestimadas por la Cámara con anterioridad.
Lo cierto es que, apenas comenzada la audiencia, presidida por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas, el abogado Cristian Moix pidió la palabra. Dijo que acababa de tomar la defensa de Demarchi porque se le pidió un defensor técnico. Demarchi había asumido, de cara al debate oral, su propia defensa. Por ello reclamó la suspensión de la audiencia y recurrió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para hablar del derecho a gozar de una defensa.
Adler recordó que Moix ya había defendido a Demarchi y por lo tanto conocía las imputaciones, pero también reparó en que se estaba “dilatando el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto, de tener Justicia” porque se sigue impidiendo la realización del juicio oral. Y también se refirió al caso Bulacio, que estableció que no se debía incurrir en un abuso al respecto.
Antes de pasar a un cuarto intermedio, tomó la palabra el imputado de delitos de lesa humanidad, quien dijo que se trataba de una “audiencia sin contenido, una mera cáscara”.
Tras el receso, se resolvió otorgarle a Moix 72 horas para que se ponga al tanto de la causa. Cumplido el plazo, se establecerá nueva fecha de audiencia, aunque los magistrados repararon en que dos de ellos son de San Martín y otro de Capital Federal y también tienen que atender cuestiones cotidianas de sus lugares de trabajo.
De acuerdo a la elevación a Juicio, Demarchi “deberá responder como jefe u organizador en el delito de asociación ilícita, y como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más partícipes, hechos que concurren materialmente entre sí”. Hace referencia a los asesinatos de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos en la madrugada del 21 de marzo de 1975.
Cuando un grupo armado llegó a la vivienda de España al 800, “Pacho” Elizagaray intentó escapar por el techo de la casa de su tío y primos, y una ráfaga de balas lo alcanzó. Murió de inmediato, tras recibir 23 impactos. Los Videla fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo –de apenas 16 años- 27, y su padre Jorge, 33. Horas antes, un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras secuestró al cirujano Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.
Pero también Demarchi deberá responder por la “privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi”, quien era decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica. “Coca”, como la apodaban, fue secuestrada de su casa de Maipú al 4000, en la madrugada del 9 de mayo de 1975. Su cuerpo fue encontrado –de manera casual- en cercanías de la laguna de Mar Chiquita un día antes del Golpe Militar.
“TECNICISMOS DILATORIOS”
Representantes de organismos de Derechos Humanos también estuvieron presentes en la audiencia. Stella Bassi, encargada de prensa de HIJOS Red Nacional, cuestionó que “la intención política de sectores de la Justicia es que no se realice este juicio”.
“Hoy vinimos porque entendemos que acompañar en esta situación al fiscal Adler es muy importante, puesto que estos tecnicismos legales que estamos viendo son dilatorios en la búsqueda de Justicia”, añadió.
A su lado, Juan Finkelstein, de la Agrupación Rodolfo Walsh, reprochó: “Creemos que existe un intercambio de roles por parte del funcionamiento de la Justicia: parecería que quien está acusado hoy es el fiscal general que conduce la demanda histórica y social, y quien lo recusa –es decir el imputado- parecería ocupar el banquillo del fiscal”.
“Esto es producto –comprendió- de que todavía no se ha dilucidado socialmente lo que significa la responsabilidad de la complicidad de civiles. Es un agujero negro que todavía tenemos sin saldar”.
Si bien reparó en la importancia del avance sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado, señaló: “No se ha conseguido instalar todavía la idea de que la complicidad de distintos ámbitos y sectores sociales, en este caso puntualmente el sector menos vulnerable”.
Demarchi era fiscal al momento de los hechos. Luego ejerció como abogado en Mar del Plata y hasta fue candidato a intendente por el peronismo en 1983. En 2011 fue detenido por Interpol en Bogotá, Colombia, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.
