Causa Hooft: desestimaron las denuncias hechas por el juez
El tribunal federal de apelaciones marplatense confirmó que el audio que dio origen a la denuncia presentada por el magistrado junto a su hijo por “conspiración” afectaba el “derecho a la intimidad” del fiscal Claudio Kishimoto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó que la grabación aportadA por el juez Pedro Hooft, en la que se puede escuchar a su hijo hablar con el fiscal federal Claudio Kishimoto sobre su expediente en el que se lo investiga por delitos de lesa humanidad, es ilícita y desestimó la denuncia realizada junto a su hijo por una supuesta “conspiración”. Además, los magistrados desestimaron el resto de las denuncias efectuadas por inexistencia de delito.
Según habían denunciado tanto Hooft como su hijo, el abogado Federico Hooft, existía en su contra una “connivencia pergeñada” por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, por el juez Federal Martín Bava, por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y por organizaciones sociales. Esto se habría dado en el marco del expediente donde se investiga su actuación en detenciones ilegales de víctimas de la dictadura cívico militar.
De acuerdo a lo publicado en el sitio fiscales.gob,ar, como prueba de la supuesta conspiración habían aportado una grabación “clandestina” realizada en las inmediaciones de la casa de quién era el por entonces fiscal federal, Claudio Kishimoto. Allí, el representante del Ministerio Público era increpado por Federico Hooft por la forma en que era llevado el expediente en donde se investigaba a su padre.
El camarista Jorge Ferro indicó que, “está fuera de discusión que la grabación de audio ha sido tomada de manera encubierta, furtiva, por una persona, Pedro F. G. Hooft (h), quien ejerce, por excepción, el rol de abogado defensor de su padre en las causas seguidas contra este y además es funcionario de la Justicia Federal; asimismo, hay que decir que dicha grabación fue realizada sin autorización alguna de autoridad judicial y fuera del ejercicio de sus funciones, lo que claramente la torna violatoria del derecho a la intimidad y de carácter ilegal”.
LAS DENUNCIAS
En ese contexto, la Cámara analizó cada uno de los delitos que Hooft y su hijo habían denunciado con sustento en la grabación ilegal. En cuanto a la estafa, los magistrados explicaron que se trata de “una defraudación por fraude que ataca la completividad del patrimonio”, pero en la que “no se evidencia un perjuicio patrimonial, ni siquiera en ninguno de los elementos que conforman el concepto de propiedad”.
Tampoco, a entender de la Cámara, hubo estafa en tanto no hubo “un engaño o falsedad sustentado en pruebas falsas que no hayan podido ser controladas por el juez Hooft en el expediente que induzcan al magistrado a dictar un pronunciamiento erróneo“.
La misma suerte corrió la denuncia por asociación ilícita para perjudicar a Hooft. En este sentido, la Cámara también fue terminante: “No solo no se avizora un acuerdo previo de voluntades, sino tampoco la existencia de delito alguno, ni intención de cometerlos, ni la permanencia temporal existente entre ellos, lo que me llevan a la consecuente reflexión que no existe una asociación ilícita destinada a facilitar la perpetración de ilícitos”.
En esa misma línea, y en concordancia con lo establecido previamente, los jueces también rechazaron la acusación por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, la falsificación de documentos, así como la de prevaricato de parte de los magistrados actuantes, y mucho menos el retardo de justicia.
