Choferes fantasmas: la insólita explicación de Inza en la Justicia
El principal empresario que maneja el transporte en Mar del Plata reparó en lo “dificultoso que resulta dirigir empresas” de este tipo y sostuvo que fue él quien decidió la operatoria, aunque dijo que no fue su “intención perjudicar las arcas públicas”.
A lo largo de más de cien páginas en las que volcó toda la investigación para dictar el procesamiento a seis empresarios en el marco de la causa de los “choferes fantasmas”, el juez Santiago Inchausti hizo referencia a la versión de los hechos que dieron los acusados, ya que si bien se negaron a declarar en primera instancia, varios de ellos presentaron escritos para defenderse. Entre lo más saliente de las respuestas aparecen las de Juan Inza -quien maneja hoy casi todas las empresas de colectivos de la ciudad-; el empresario intentó que la Justicia tuviera en cuenta ciertos reparos por lo “dificultoso que resulta” dirigir empresas de este tipo y sostuvo que fue él quien decidió la operatoria, aunque dijo que no fue su “intención perjudicar las arcas públicas”.
Si bien el pasado 25 de abril luego de que fueran imputados, todos los empresarios se negaron a declarar ante el juez, con el paso de las semanas varios de ellos fueron presentando escritos para dar a conocer su versión de los hechos. Este miércoles, en la resolución en la que dictó el procesamiento, el juez Inchausti repasó las “explicaciones” que dieron los ahora procesados en torno a la defraudación al Estado cometida por los $16 millones que cobraron entre enero y febrero de 2016 al inscribir a choferes que no se desempeñaban como tales y que en muchos casos ni tenían relación laboral con las empresas.
En detalle, el juez repasó las declaraciones que dieron mediante estos escritos Diego Basílico -presidente de la empresa Peralta Ramos- y Juan María Inza Decaux –quien maneja casi todas las empresas de trasporte de la ciudad ya que es apoderado de la 25 de Mayo, 12 de octubre y Peralta Ramos y gerente de El Libertador-.
El juez repasó que ambos se sumieron como integrantes del núcleo que decide los puntos relevantes para el funcionamiento de las firmas, dado que Juan María Inza Irisarri indicó que si bien fue durante años el referente más importante de la empresa, por cuestiones personales le dejó ese espacio a su hijo Juan María Inza Decaux, otorgándole en 2014 un poder amplio de administración y, si bien concurre a la sede y colabora en lo que sea necesario, “no se involucra en la toma de decisiones”.
En esta línea, en la resolución el juez relató que Basílico e Inza Decaux sostuvieron que actualmente las empresas de transporte de Mar del Plata –con la excepción de la de Batán-funcionan bajo la órbita del grupo empresario que conforma la empresa 25 de Mayo y que ellos dos son los responsables de tomar las decisiones internas, aunque es Inza quien en definitiva dispone cómo se hacen las cosas.
Basílico, puntualmente, intentó despegar al contado Federico Pomero de la operación y dijo que “la información sobre la que realizó los trámites para gestionar el subsidio le fue suministrada por la empresa, no pudiendo él conocer si la información se correspondía con la realidad”. Y uno de los puntos más insólitos de la declaración y que después replicaría Inza tuvo que ver con poner reparos ante la “complejidad de gerenciar una empresa de transporte (que) aumenta exponencialmente si además se trata del servicio de tres partidos: General Pueyrredón, General Alvarado y Mar Chiquita”.
Por su parte, Juan Inza, en su escrito, ratificó lo señalado por su padre en lo que respecta a su función dentro de la empresa y coincidió con Basílico en cuanto a la función del contador omero y en “lo dificultoso que resulta dirigir empresas de transporte con una amplitud de servicios en tres partidos, General Pueyrredón, General Alvarado y Mar Chiquita”.
Y sobre la operatoria que se le imputa, manifestó “que fue él quien la decidió, dado que creyó que era lo mejor para las empresas y para los usuarios, no habiendo sido su intención perjudicar a las arcas públicas”. Asimismo, y tal como ya había adelantado su abogado defensor, César Sivo, Inza declaró que “es su voluntad y la de las empresas que representa ofrecer que se debiten de los próximos depósitos de subsidios las sumas correspondientes hasta compensar la totalidad del valor”.
Luego de repasar estas declaraciones, y en torno al procesamiento de los seis empresarios, el juez sostuvo que “las irregularidades existentes en el trámite eran evidentes a los ojos de Juan María Inza Decaux, Diego Hernán Basílico, Juan María Inza Irisarri, Federico José Pomero, José Alberto Ferraresi y Carlos Alberto Málaga por lo que su conducta ilícita radica en haber hecho el aporte que les correspondía cada uno en su rol, para que el cobro por Compensaciones Complementarias Provinciales se llevase delante de todos modos”.
En cuanto a estas “explicaciones” ensayadas por los dos empresarios, Inchausti consideró que “pareciera que intentan quedar amparados por la situación de complejidad que significa gobernar empresas de la magnitud que tienen las que aquí se investigan, invocando una suerte de descontrol societario”.
Y respecto al rol del contador Pomero a quien intentaron desligar los empresarios, el magistrado entendió que, desempeñándose como contador de las cuatro empresas, “no sólo estuvo presente en el momento del allanamiento lo que denota que se vinculaba con las mismas y su conocimiento acerca del personal que trabajaba dentro de las firmas, sino que resultando su firma necesaria para el trámite de solicitud del subsidio no pudo desconocer el incremento del 30% de personal, dado que era un dato fácilmente de advertir dentro de la función que como profesional llevaba a cabo”.
