Choferes fantasmas: la lupa en un empresario y los subsidios
El fiscal acreditó 71 casos de hombres registrados falsamente como conductores por los que las empresas 12 de Octubre y 25 de Mayo obtuvieron cerca de $3.200.000 en subsidios. De esta manera, piden que la Justicia Federal continúe investigando a Juan Inza.
Luego de más de 8 meses de investigación, la Fiscalía de Delitos Económicos acreditó que 71 hombres fueron registrados como “choferes fantasmas” en las empresas 12 de Octubre y 25 de Mayo y que de esta manera el empresario Juan Inza obtuvo entre enero y abril de 2016 cerca de $3.200.000 en subsidios nacionales que no le correspondían. Al tratarse de un posible caso de defraudación al Estado Nacional, el fiscal Fernando Berlingeri le pasará la causa a la Justicia Federal.
La situación se descubrió en abril del año pasado, cuando decenas de desempleados perdieron sus beneficios sociales porque figuraban como choferes en blanco de empresas de colectivos de la ciudad. La cifra fue escandalosa: de los 952 choferes que tenían en diciembre de 2015 las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo, Peralta Ramos y El Libertador pasaron a 1397 en enero de 2016. Supuestamente, las empresas habían contratado a 445 choferes para la temporada, un aumento en su nómina del 46.7%.
El incremento de choferes, quienes en la AFIP y Anses aparecían como trabajadores en blanco con sueldos cercanos a los $18.000, se puede ver en lasdeclaraciones juradas firmadas por los empresarios Juan Inza -responsable de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador- y Diego Basílico -El Libertador- y por el mismo contador, Federico Pomero.
De las cerca de 100 declaraciones testimoniales tomadas por el fiscal Berlingeri, personal de la AFIP y de la Dirección Departamental de Investigaciones a personas que figuraban como contratadas en enero de 2016 por los transportistas se desprende que la gran mayoría no trabajó nunca en esas empresas, un grupo estaba en negro y algunas personas trabajaron allí pero no como conductores, sino realizando otras tareas.
De esta manera, el fiscal corroboró que entre enero y marzo de 2016 se presentaron declaraciones juradas con información falsa, algo que incide directamente en el monto de los subsidios entregados por el Estado Nacional a las empresas, ya que el 20% del total tiene que ver con la cantidad de unidades, el 10% por los kilómetros recorridos y el 70% por la cantidad de choferes registrados.
De los 445 choferes que las empresas contrataron entre diciembre de 2015 y enero 2016, el fiscal Berlingeri le tomó declaración a más de 100: 99 corresponden a las empresas más grandes –25 de Mayo y 12 de Octubre- y fueron detectados 71 casos de personas que registradas falsamente como conductores en blanco.
En la empresa 12 de Octubre, de los 122 choferes que había en diciembre se aumentó a 229, para en abril bajar a 126. De esos 107, la Fiscalía le tomó declaración a 39, encontrando 34 casos de “choferes fantasmas”.
En la 25 de Mayo la situación es similar: de 578 empleados en diciembre de 2015 se pasó a 780 en enero de 2016, para luego en abril bajar a 586. En esta empresa se pudieron tomar 60 declaraciones testimoniales, que arrojaron que solo 23 personas trabajaron como choferes durante el verano, aunque algunos de ellos pensaron que estaban en negro. Por ende, en la 25 de Mayo hubo 37 casos de “choferes fantasmas” acreditados.
El subsidio que otorga el gobierno nacional por cada chofer registrado es, dependiendo el mes, de entre $15.000 y $16.000. Con los números acreditados por el fiscal Berlingeri, la empresa 12 de Octubre entre enero y abril obtuvo cerca de $1.500.000 y la 25 de Mayo cerca de $1.700.000. Ambas empresas son de Juan Inza, por lo que el empresario, según los números que pudo acreditar la Fiscalía, obtuvo $3.200.000 por el pago de subsidios que no le correspondían.
Si bien entre enero y abril las empresas de Mar del Plata recibieron casi $12.000.000 en subsidios por el incremento en sus nóminas de trabajadores, debido a la dificultad para tomar las declaraciones, los investigadores acreditaron un mal pago en $3.200.000.
De esta manera, y al considerar que se trata de defraudación a las arcas nacionales, el fiscal Fernando Berlingeri le pedirá a la Justicia de Garantías de la provincia que remita la causa a la esfera Federal, para que continúe con la investigación sobre Juan Inza bajo la hipótesis de que el empresario entregó declaraciones juradas con información que no se ajustaba a la realidad para obtener mayores beneficios en conceptos de subsidios nacionales.
