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29/05/2018

Choferes fantasmas: un nuevo revés judicial para los empresarios

La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Inza y los otros cinco imputados. Señaló “la clara intención de no fallar en su ardid y así inducir a error al Estado”.

Choferes fantasmas: un nuevo revés judicial para los empresarios
La Policía en la empresa 25 de Mayo durante un allanamiento (Foto: archivo / QUÉ Digital)

En sintonía con lo resuelto en julio del año pasado por el juez de primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó en las últimas horas los procesamientos de los seis empresarios implicados en la escandalosa causa “choferes fantasmas”, maniobra a través de la cual defraudaron al Estado Nacional ya que falsearon declaraciones juradas en las que figuraban empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millones en conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016.

Mientras la concesión del servicio de transporte público de pasajeros está presente en el debate político teniendo en cuenta el fin del contrato que se concretará en mayo del año que viene -aunque el gobierno pareciera apuntar a prorrogarlo por tres años más-, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del empresario Juan Inza -que monopoliza como “apoderado” o “gerente” prácticamente todas las empresas de colectivos que operan en la ciudad- y de los otros cinco acusados:  Juan Inza -padre-, Diego Basílico -Peralta Ramos-Federico José Pomero -contador-, José Alberto Ferraresi 12 de octubre- y Carlos Málaga -gerente de la 25 de mayo-.

Todos ellos están acusados de ser coautores penalmente responsables en orden a la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por doce hechos en concurso real.

En concreto, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza rechazaron los argumentos presentados por los empresarios en contra del procesamiento dictado por el juez Santiago Inchausti. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los magistrados en su resolución señalaron que “el andamiaje sobre el que se apoyaron los responsables de las firmas para llevar a cabo su plan defraudatorio, tuvo su lado formal y legal, debidamente cumplido y ello no hace más que demostrar la clara intención de no fallar en su ardid y así inducir a error al Estado”.

Teniendo en cuenta lo sostenido por las defensas de los acusados -que a lo largo de toda la causa presentaron argumentos insólitos como el que en una declaración expuso Juan Inza respecto a lo “dificultoso que resulta dirigir empresas” de este tipo-, los jueces consideraron que “no resulta ajustado al normal funcionamiento de una empresa que sus máximas autoridades gerenciales desconozcan el contenido de documentación que suscribían”.

Y remarcaron que ello debe tenerse en cuenta “máxime cuando no se trataba de un trámite simple y de menor trascendencia dentro del giro comercial sino en la suscripción -con firma escrita o digital de sus autoridades- de numerosos documentos que eran requeridos para obtener un importante subsidio estatal para su actividad”.

CANTIDAD DE CHOFERES FANTASMAS INSCRIPTOS POR MES

Por otro lado, descartaron otro insólito argumento de la defensa respecto a su presunto objetivo con la operatoria de querer beneficiar a los pasajeros con un menor costo del pasaje de colectivo al sostener que “resulta difícilmente sostenible conforme la lógica y las máximas de la experiencia, que distintos empresarios hubieran asumido el riesgo de encarar una actitud temeraria como la verificada en la instrucción, con el solo objeto de mantener un subsidio al valor del boleto de los ómnibus y caritativamente evitar que los pasajeros abonaren un incremento”.

La causa judicial, tal como informó QUÉ Digital paso a paso a lo largo de su desarrollo, se inició a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos por parte de la Casa del Trabajador, en representación de personas que habían perdido sus beneficios sociales por figurar en el sistema oficial como contratadas en relación de dependencia por las empresas de transporte. Luego de la extensa y precisa investigación del fiscal Fernando Berlingeri, se declinó la competencia hacia la Justicia Federal por el tipo de delito en cuestión y en esa instancia el Ministerio de Transporte de la Nación también formuló una denuncia por los mismos términos.

TOTALES APROXIMADOS DE LA DEFRAUDACIÓN POR EMPRESA

Cuando dictó los procesamiento en julio del año pasado el juez Santiago Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas -25 de Mayo, Peralta Ramos, El Libertador y 12 de Octubre- funcionan a partir de un holding de hecho en el que la firma 25 de Mayo ha capitalizado y absorbido tácitamente a las tres restantes, sin perjuicio de que cada una funcione de manera independiente. Es decir, todas las empresas funcionan bajo el poder de Juan Inza.

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