Choferes fantasmas: “sorpresa” ante el avance de la Justicia
La defensa consideró que el operativo de la semana pasada fue “un poco sobreactuado”. Dos empresarios y su contador están imputados por posible fraude millonario al Estado para el cobro de subsidios.
A los pocos días de que la Justicia Federal se hiciera cargo de la investigación por “choferes fantasmas” en las empresas de colectivos, ya se realizaron allanamientos y los tres principales sospechosos de haber falseado declaraciones juradas para el cobro de millonarias sumas de subsidios nacionales quedaron imputados.
El juez federal Santiago Inchausti puso en secreto sumario una causa que había estado casi 10 meses siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos. Además, ordenó un allanamiento a la empresa 25 de Mayo e imputó al titular de esa empresa de transporte, de la 12 de Octubre y Libertador Juan Inza; a Diego Basílico de la Peralta Ramos; y al contador Federico Pomero. Los tres son quienes firmaron las declaraciones juradas presentadas ante las autoridades para solicitar subsidios nacionales por un monto que no les correspondían.
El abogado que representa a los transportistas, César Sivo dijo que le pareció “una sorpresa” que se realizara el allanamiento a un año de comenzada la investigación, de un caso que se había vuelto tan público en la ciudad.
El abogado remarcó que “las empresas siempre estuvieron a disposición y con comunicación permanente con la Fiscalía de Delitos Económicos” y que, además, “toda la información” que pueda haber surge de organismo oficiales. “Hacer un allanamiento no tiene sentido”, consideró.
“Me suena a poco sobreactuado e innecesario”, dijo finalmente sobre los operativos ordenados por la Justicia Federal.
Sobre la situación de los imputados, el abogado defensor consideró que “el hecho de firmar un pedido de subsidio no los hace responsables desde el punto de vista penal”.
La investigación por “choferes fantasmas” en las empresas de colectivo se centra en la hipótesis de que entre diciembre de 2015 y enero de 2016 los empresarios “inflaron” las nóminas de choferes en blanco para pedirle al Estado Nacional una suma superior de subsidios a la que realmente les correspondía. Esa diferencia, entre los choferes reales y los “fantasmas”, da un excedente de cerca de 11 millones de pesos.
