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09/06/2016

Consejo de la Niñez: la Justicia aceptó el amparo contra Arroyo

Se trata de la acción judicial iniciada por el recorte de los programas educativos y culturales. El Juzgado Civil y Comercial Nº 9 fijó una audiencia conciliatoria para el 23 de junio. Citó al intendente, Crovetto y Rojas.

Consejo de la Niñez: la Justicia aceptó el amparo contra Arroyo
(Foto: archivo / QUÉ Digital)

La Justicia admitió el recurso de amparo colectivo que presentó el Consejo de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Defensoría del Pueblo contra el gobierno municipal con el objetivo que se restituyan los programas y talleres educativos y culturales suspendidos en los últimos meses. En ese sentido, la jueza Patricia Ginsberg, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9. fijó una audiencia conciliatoria entre las partes para el próximo 23 de junio.

En el marco de los reclamos de distintos actores relativos a la suspensión o reducción de talleres y programas educativos y culturales, el viernes pasado integrantes del Consejo Local de la Niñez y el defensor del Pueblo Fernando Cuesta habían presentado un recurso de amparo que apuntó contra el intendente Carlos Arroyo y las secretarias de Cultura, Silvana Rojas, y Educación, Ana María Crovetto.

Este jueves, la jueza decidió admitir el amparo y dio traslado a la demanda en la que obliga a Arroyo, Crovetto y Rojas a responder sobre la suspensión de los programas culturales y educativos en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía.

Asimismo, y tal como lo habían pedido en el amparo como medida cautelar, la jueza programó una audiencia conciliatoria entre las partes para el próximo 23 de junio.

“Celebramos la decisión de la Justicia y creemos que de esta forma se abre una instancia de diálogo con el Ejecutivo municipal que hasta este momento se nos había negado”, expresaron desde el Consejo de Niñez y agregaron: “Esperamos en la audiencia conciliatoria conocer el plan de acción relativo a las políticas socioculturales y educativas”.

La acción judicial interpuesta pretende que el gobierno reponga los programas culturales Almacenes Culturales, Usinas Artísticas, LiberArte, las actividades extensionistas que se garantizaban desde el Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA).

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